Una Respuesta a la Crisis Fiscal y Social El gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia ha implementado una serie de medidas fiscales en 2025, incluyendo nuevos impuestos, con el objetivo de enfrentar un déficit presupuestal de 12 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) y atender crisis humanitarias, como la registrada en la región del Catatumbo. Estas medidas, enmarcadas en un contexto de conmoción interior y una reforma tributaria fallida en 2024, han generado controversia y críticas, especialmente por su impacto en diversos sectores económicos y sociales.
Un Escenario Fiscal Complejo El gobierno de Petro enfrenta un desafío significativo en 2025: financiar un PGN de 523 billones de pesos, el más alto en la historia de Colombia, en medio de una desaceleración económica y un déficit fiscal estimado en un 5.6% del PIB. La caída de una reforma tributaria en diciembre de 2024, que buscaba recaudar entre 9.8 y 12 billones de pesos, obligó al Ejecutivo a recortar 12 billones del presupuesto y a buscar nuevas fuentes de ingresos. Además, la crisis humanitaria en el Catatumbo, desencadenada por enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC, llevó al gobierno a decretar un estado de conmoción interior, habilitando la creación de impuestos temporales para recaudar más de un billón de pesos en 90 días.
Los Nuevos Impuestos de 2025 Bajo el Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025, el gobierno introdujo tres impuestos temporales para financiar la atención a la crisis en el Catatumbo, con la posibilidad de que se conviertan en permanentes a través de una nueva reforma tributaria. Estos son: Impuesto de Timbre (1%): Este tributo, que había sido reducido a 0%, fue restablecido con una tarifa del 1% sobre documentos públicos y privados que formalicen obligaciones, como escrituras notariales, siempre que superen las 6,000 UVT (aproximadamente 298.794.000 pesos). Afecta trámites relacionados con patrimonios familiares, compraventa de bienes inmuebles (superiores a 995.980.000 pesos), y documentos firmados en el extranjero con obligaciones en Colombia. Se espera recaudar 330 mil millones de pesos con esta medida. Sin embargo, expertos como Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, han señalado un error en el decreto al no incluir a los contribuyentes del Régimen Simple de Tributación, lo que podría limitar su alcance.
IVA del 19% a Juegos de Suerte y Azar en Línea: Este impuesto grava las apuestas deportivas y juegos de azar operados por internet, tanto en Colombia como desde el exterior. Busca generar ingresos adicionales, con un estimado de recaudo de 214 mil millones de pesos. La medida ha sido criticada por gremios como Fecoljuegos, que cuestionan su viabilidad y advierten sobre un posible impacto en la competitividad del sector.
Contribución Especial al Sector de Petróleo y Carbón (1%): Este gravamen se aplica a la extracción de hidrocarburos y carbón, sectores clave de la economía colombiana. Se proyecta recaudar 214 mil millones de pesos, aunque ha generado preocupación por su impacto en el sector energético, que ya enfrenta críticas por la transición energética impulsada por Petro. El senador Miguel Uribe ha advertido que este impuesto podría “asfixiar” la economía nacional al afectar un sector estratégico.
Reajuste del Avalúo Catastral (3%): A través del Decreto 1609 de 2024, firmado el 27 de diciembre, el gobierno aumentó el avalúo catastral de predios urbanos y rurales en un 3%, en línea con la meta inflacionaria del Banco de la República para 2025. Este ajuste, que no aplica a predios en Bogotá ni a catastros descentralizados, incrementará el impuesto predial para propietarios de casas y apartamentos, afectando directamente a millones de colombianos. Intento de Reforma Tributaria y Propuestas Futuras Tras el fracaso de la reforma tributaria de 2024, el gobierno, liderado por el ministro de Hacienda Germán Ávila, anunció en abril de 2025 una nueva iniciativa para recaudar entre 6 y 6.5 billones de pesos, enfocada en sectores específicos.
Entre las propuestas se incluye: Anticipo del Impuesto de Renta: Esta medida busca generar ingresos inmediatos, aunque ha sido criticada por aumentar la presión fiscal sobre las empresas. Gravamen a las Iglesias: Por primera vez, el gobierno contempla incluir a las iglesias en el sistema tributario, un tema controvertido que podría enfrentar resistencia política y social. Reducción de Impuestos Corporativos: Para contrarrestar críticas, se propone reducir la tarifa de renta para pequeñas y medianas empresas del 35% al 30%, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico. El ministro Ávila ha enfatizado que estas medidas forman parte de un paquete más amplio para abordar el déficit fiscal, mejorar el gasto público y garantizar la sostenibilidad financiera, aunque reconoce la dificultad de obtener apoyo en un Congreso donde el gobierno carece de mayorías.
La implementación de estos impuestos ha generado un fuerte debate. Por un lado, el gobierno defiende las medidas como necesarias para financiar la justicia social y atender crisis humanitarias, argumentando que los recursos del PGN son insuficientes. Petro ha criticado a la élite económica, como David Vélez y Luis Carlos Sarmiento, por oponerse a las reformas, acusándolos de sabotear el progreso hacia una sociedad más equitativa. Por otro lado, sectores políticos y económicos han expresado su rechazo. Partidos como el Liberal, Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical han calificado los impuestos como “nocivos” para la economía, argumentando que afectan el bolsillo de los colombianos y desincentivan la inversión.
Las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal han advertido sobre el impacto del impuesto al carbono y el aumento del avalúo catastral en los costos de vida, especialmente en combustibles y vivienda. Gremios como Fedesarrollo y Asomicrofinanzas han señalado que los nuevos impuestos podrían revertir avances en formalización empresarial y aumentar la pobreza al limitar el acceso a la seguridad social. Además, la percepción pública, reflejada en plataformas como X, muestra descontento con el aumento de la presión fiscal.
Usuarios han denunciado que los impuestos afectan a toda la población, no solo a los más ricos, y han cuestionado la gestión fiscal del gobierno. Implicaciones y Desafíos Los nuevos impuestos reflejan el intento del gobierno Petro de equilibrar las finanzas públicas en un contexto de restricciones económicas y políticas. Sin embargo, enfrenta varios desafíos.
La falta de mayorías legislativas, evidenciada por el hundimiento de la reforma de 2024, dificulta la aprobación de nuevas iniciativas tributarias. Impacto Económico: Los gravámenes al sector energético y al mercado inmobiliario podrían desincentivar la inversión y aumentar los costos de vida, en un momento de crecimiento económico frágil. Sostenibilidad Fiscal: Aunque el gobierno asegura cumplir con la regla fiscal, el Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf) ha advertido que se necesitan recortes adicionales de hasta 40 billones de pesos para garantizar la estabilidad financiera en 2025.
Los nuevos impuestos del gobierno de Gustavo Petro en 2025 buscan abordar un déficit fiscal crítico y financiar necesidades urgentes, como la crisis en el Catatumbo, pero han generado división en un país ya polarizado. Mientras el Ejecutivo defiende estas medidas como un paso hacia la justicia social, las críticas de opositores y gremios destacan los riesgos para la economía y el bienestar de los ciudadanos. Con una nueva reforma tributaria en el horizonte, el éxito de estas políticas dependerá de la capacidad del gobierno para negociar con el Congreso y mitigar los impactos en la población. En un año preelectoral clave, el debate fiscal promete mantenerse en el centro de la agenda nacional.
Antonio Pinzón