El desespero siempre traerá decisiones temerarias, la política en municipios como Barrancas últimamente están enfocados en el debate por temas personales y más cuando el dinero del erario no es suficiente para posesionar al candidato oficialista. Es de conocimiento público las grandes sumas de dinero que el clan Soto está entregando a las familias Barranqueras para que se sumen al proyecto político de Vicente Berardinelli pero aun así esto no se refleja en las encuestas que miden la intención del voto para las próximas elecciones a la alcaldía.
Obras en ejecución desfinanciadas con más de 6 meses paradas, otras suspendidas por medidas cautelares de carácter disciplinarios y jurídicos, empréstitos por 29 mil millones para más concreto y demoliciones innecesarias que no cierran brechas sociales que es lo que tanto necesita el municipio, brechas como el acceso continuo al agua potable, a una educación de calidad o un servicio hospitalario digno. A todos estos despropósitos contractuales para el manejo descarado del presupuesto municipal como peculio propio se le suman escándalos por la evidente conformación de una estructura paramilitar liderada por el alcalde, contratistas municipales detenidos con prisión domiciliara por porte ilegal de municiones de fusiles en un carro de la unidad nacional de protección asignado al representante Gómez Soto, (ver informe especial de La W Radio de RCN sobre esta captura: https://www.wradio.com.co/2023/03/10/el-millonario-contrato-que-firmo-capturado-con-municiones-en-carro-de-congresista/) , ciudadanos amenazados de muerte para la devolución de dineros públicos utilizados en las prácticas de corrupción electoral (ver informe especial del Diario EL Heraldo sobre estas amenazas: https://www.elheraldo.co/la-guajira/la-guajira-denuncia-al-alcalde-de-barrancas-ivan-soto-balan-por-presuntas-amenazas) y constreñimiento al elector primario en diferentes zonas municipales con hombres armados hasta los dientes.
Todo lo anteriormente mencionado lo han normalizado los Barranqueros por miedo a retaliaciones, pero se lo castigan en la intención del voto al nefasto bloque oficialista, la gente quiere a como dé lugar que termine la horrible noche, sobretodo que son conscientes de sus prácticas electorales corrompidas.
Las elecciones que han ganado el clan Soto están salpicadas por procesos jurídicos de corrupción electoral tanto en la fiscalía general de la nación como en la corte suprema de justicia. La tierra amable vivió en carne propia como Iván Soto Balan se hizo electo con 2 mil cedulas clonadas, hubo detenidos, denuncias ante las autoridades competentes, pero el presupuesto del palacio municipal fue suficiente para el archivo del proceso ante la fiscalía.
(ver informe de Caracol Radio sobre estas denuncias: https://caracol.com.co/emisora/2019/11/15/barranquilla/1573838224_441664.html)
Luego unos años más tarde La Guajira conoció como se hizo electa representante a la cámara María Cristina Soto, la corte suprema de justicia le abrió una investigación por corrupción electoral, los magistrados tienen en su poder grabaciones donde están comprometidos diferentes personajes siniestros de la política guajira manifestando como se tenían que distribuir los dineros calientes para las elecciones al congreso del 2018. (Ver informe especial del Diario El Espectador sobre este proceso en la corte suprema: https://www.elespectador.com/judicial/a-indagatoria-congresista-maria-cristina-soto-por-supuesta-compra-de-votos/)
En las elecciones al congreso del 2022, luego de hacer electo a su hijo Juan Loreto Gómez como su sucesor en la cámara de representes, Tina renuncia antes de terminar su periodo para que el proceso lo tome la fiscalía. Audios en poder los magistrados de la corte suprema de justicia y publicados por la unidad investigativa de Noticias Caracol, revelan como el clan Soto tenía en su nómina a la fiscalía 37, el cual estaba trabajaría para archivar del proceso. (Ver informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol: https://noticias.caracoltv.com/informes-especiales/los-pecados-del-representante-a-la-camara-juan-loreto-gomez-ex40)
Pero el tiempo no perdona y el egocentrismo muchísimo menos, no conformes con el chicharrón del 2018 estallo un nuevo escándalo, durante su campaña al congreso en el 2022, medios nacionales dieron a conocer la macabra alianza del clan Soto con el senador Carlos Trujillo, señalado por tener aparentes vínculos con la oficina de envigado y además algunos alcaldes del norte del departamento, estos tenían como modus operandis ofrecer escrituras de predios a las diferentes familias invasoras de terrenos ilegales a cambio de votos al congreso, aprovechándose de la vulnerabilidad de estas comunidades rezagadas por la pobreza. (Ver informe especial de la Fundación Paz y reconciliación: https://www.pares.com.co/post/la-tierra-prometida-la-legalizaci%C3%B3n-de-predios-a-cambio-de-votos-en-la-guajira)
Tantos escándalos y parafernalias faranduleras despertaron el interés nacional en las prácticas corruptas de este clan, los procesos siguen su normal curso en las altas cortes, hace algunas semanas la corte suprema de justicia revelo que no solo están involucrados la ex representante y su hijo representante en la corrupción electoral del 2018, sino que también está un condenado congresista del atlántico. (ver informe especial del Diario El tiempo: https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/eduardo-pulgar-corte-suprema-lo-acuso-por-corrupcion-electoral-787850)
Ante este callejón sin salida por las autoridades competentes, el rechazo político generalizado en el departamento de La Guajira y la evidente debacle electoral que se les avecina, solo les queda jugársela con todas las bajezas posibles por la alcaldía de Barrancas.
Conocimos desde el interior de la alcaldía municipal que el último movimiento administrativo apunta al financiamiento de un matoneo sistemático a la familia de sus contendores políticos. Hace algunas semanas al límite de la ley de garantías se firmaron los contratos interadministrativos 200 y 207 del 2023 entre la Alcaldía Municipal de Barrancas y la E.S.E. Hospital Nuestra del Pilar, por un monto total entre ambos de 2500 millones de pesos. Dichos contratos tienen como objeto charlas de promoción y prevención, el de 999 millones sobre los derechos sexuales y reproductivos, y el de 1500 millones sobre el riesgo psicosocial con enfoque diferencial y étnico para niños, niñas y adolescentes. Llama altamente la atención que estas actividades ya son desarrolladas por el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), contratación ordenada a todos los municipios del país por el ministerio de salud en la última década. Para los conocedores de la cosa pública, es evidente que estos contratos interadministrativos donde casualmente la supervisión es de la misma secretaria de salud municipal es de una total fragilidad ante la corrupción de decir que se va hacer lo que ya se hizo.
Fuentes Barranqueras pero muy conservadoras nos aseguran que los recursos de estas contrataciones han sido desviados de manera inescrupulosa para financiar un matoneo mediático a nivel nacional, y no es descabellado llegar a esa misma conclusión, ya que la supervisora de los 2500 millones de pesos es hermana de la principal protagonista en redes sociales, esa misma que se auto declara víctima y que la justicia colombiana en sus diferentes instancias se ha abstenido de determinar si tiene ese estatus jurídico, por algo será.
En Barrancas no hay artimaña oculta, todo se termina sabiendo, es una realidad que el clan Soto debería tener en cuenta. El MATONEO SUBSIDIADO, las presiones económicas para traslados y las exposiciones publicas terminaron de animar a las veedurías ciudadanas que ya se encargaron de presentar dichos hallazgos ante los organismos de control.
Ya no solo van a tener que girarles a los periodistas prepagos sino también las IAS. ¡Aprieten la uña!
José Ramiro Celedon Ucrós