Durante muchos años, en cada periodo legislativo, algún congresista es ponente de un Proyecto de Ley para supuestamente reducir el salario de los congresistas de este país. En esta ocasión, el congresista de turno es el polémico senador Iván Cepeda Castro, quien, por su posición dentro del Estado Mayor Central, posiblemente no necesita el salario de congresista debido a los beneficios que recibe, tanto económicos como políticos, en un país que algunos consideran capturado por el narco-terrorismo. Estas propuestas suelen ser estrategias populistas que llenan titulares en los medios y las redes sociales, pero rara vez tienen un impacto real. La reducción del salario de los congresistas no es más que una moda que se recicla en cada legislatura sin resultados concretos.
Este año, el gobierno del «cambio» ha vuelto a reajustar el salario de los senadores, quienes ahora ganarán más de $50 millones al mes. Este aumento del 10%, equivalente a $4,8 millones adicionales, también beneficia a los representantes de la Cámara y los secretarios de Senado y Cámara, cuyos ingresos superan los $31,2 millones. A todo esto, se suman pasajes aéreos semanales que superan los $8,1 millones, UTL (unidades de trabajo legislativo), seguridad personal y otros privilegios. En total, un solo congresista le cuesta al país más de $100 millones al mes. Lo más alarmante no es solo el costo, sino la ineficiencia, corrupción, clientelismo y falta de preparación de muchos legisladores. Por eso, el debate debería centrarse no solo en los salarios, sino en la reducción del número de congresistas.
En Colombia, el Congreso está compuesto por 108 senadores y 188 representantes a la Cámara. Una reforma política podría reducir este número a menos del 50%, asignando un senador por cada uno de los 33 departamentos y otorgando curules adicionales a las capitales más pobladas. Así, el Congreso no superaría los 50 escaños, con una representación más proporcional: un senador por cada millón de habitantes y dos representantes por departamento. Este enfoque permitiría que el tamaño del Congreso crezca únicamente en proporción al aumento poblacional del país.
Esta propuesta no solo tiene implicaciones económicas, sino también estructurales y funcionales. Estados Unidos, por ejemplo, con más de 250 millones de habitantes, tiene una Cámara de Representantes conformada por 435 miembros, divididos entre los 50 estados de manera proporcional a sus poblaciones. Este modelo demuestra que es posible tener un Congreso eficiente y representativo sin los costos exorbitantes que enfrenta Colombia. El gasto público del Estado colombiano ha crecido de $26 billones a $280 billones en los últimos 20 años, un incremento superior al 1000%. Este desmesurado crecimiento no se traduce en una mejor calidad de vida para los ciudadanos, pues los recursos se destinan a mantener una burocracia ineficaz y sobredimensionada.
Reducir el número de congresistas también podría fomentar la eficiencia en la toma de decisiones. Un cuerpo legislativo más pequeño podría debatir y aprobar leyes con mayor agilidad, respondiendo con rapidez a las necesidades del país. Además, al tener menos curules, se incentivaría la elección de candidatos más capacitados y comprometidos, lo que elevaría la calidad de las propuestas y decisiones legislativas. Un Congreso más pequeño y eficiente también limitaría las oportunidades de corrupción y clientelismo, aumentando la transparencia y facilitando la fiscalización ciudadana.
Otra dimensión clave de este debate es la necesidad de un cambio en la gestión financiera del país. Colombia debe abandonar la práctica de gastar más de lo que produce. Es fundamental superar el déficit fiscal y trabajar hacia un superávit que permita mejorar las finanzas públicas, garantizar una mejor calidad de vida para los ciudadanos y reducir la inflación, que muchas veces se dispara debido a la emisión descontrolada de billetes por parte del Banco de la República. Este enfoque no sólo aseguraría estabilidad económica, sino que también sentaría las bases para un crecimiento sostenible.
Además, el Estado debe aprovechar las herramientas tecnológicas para modernizar su funcionamiento. La implementación del Internet de las cosas (IoT), junto con Big Data, inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático, podría revolucionar la gestión pública. Por ejemplo, estas tecnologías podrían agilizar procesos judiciales, optimizar recursos y combatir la corrupción mediante motores de búsqueda autónomos y sin sesgos. Un sistema basado en datos permitiría identificar patrones de irregularidades y promover una gestión más transparente y eficiente.
Es importante mencionar que esta transformación no debe limitarse al Congreso. También es necesario reducir la cantidad de concejales municipales, eliminar cargos redundantes en las alcaldías y suprimir entidades como las contralorías regionales que, en muchos casos, no cumplen una función efectiva. Estas medidas, combinadas con el uso de tecnología avanzada, podrían garantizar un Estado más ágil, menos costoso y verdaderamente orientado al bienestar de sus ciudadanos.
En conclusión, la reducción del número de congresistas en Colombia no debe entenderse únicamente como una medida de austeridad, sino como una oportunidad para reestructurar y fortalecer nuestro sistema democrático. Al optimizar los recursos, combatir la corrupción y enfocar la representación en candidatos de calidad, podemos avanzar hacia un Congreso más eficiente, transparente y comprometido con el bienestar de los colombianos. Asimismo, la integración de tecnologías modernas puede transformar la gestión pública, haciéndola más ágil y efectiva. Es hora de poner sobre la mesa esta discusión con seriedad y compromiso, priorizando el interés colectivo por encima de los intereses particulares.
Luis Alejandro Tovar