Sin ninguna duda, el de Petro va en camino a convertirse en el peor de los gobiernos que hayamos tenido, dada la tóxica combinación de autoritarismo, improvisación e ignorancia del modo en que ha de conducirse el Estado.
Lejos de ser el estadista que vendían las bodegas de twitteros, al parecer financiadas con dinero ruso y ahora con dinero público, Petro ha demostrado en muy poco tiempo las carencias propias de quien no sabe gobernar. A estas alturas, es evidente que la economía, el ahorro pensional, el sistema de seguridad social, la seguridad ciudadana y energética del país, están en serio riesgo; además, nuestro modelo constitucional y el Estado de Derecho, atraviesan una grave crisis por cuenta del despotismo del Gobierno, que amenaza la independencia de los poderes públicos.
Es preocupante la constante descalificación de Petro a las decisiones adoptadas por los jueces de la República y la Fiscalía General de la Nación en respuesta a sus solicitudes de libertad para los integrantes de la autodenominada “primera línea”, procesados por actos típicos de terrorismo de baja intensidad durante las protestas de 2021, y la suspensión de las órdenes de captura en contra de narcotraficantes que integran estructuras organizadas con las que pretende negociar. En uno y otro caso, los jueces y la Fiscalía le han advertido al Gobierno que carece de autorización constitucional y legal para promover tratamientos judiciales preferenciales a este tipo de delincuentes, poniendo de manifiesto los despropósitos de su denominada “paz total”.
Así, el pasado 13 de enero, la Vicefiscal encargada, Martha Janeth Mancera, remitió un oficio al Alto Comisionado para la Paz, atendiendo su solicitud de suspender las órdenes de captura contra miembros representantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada- ACSN (Pachenca) y Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC (Clan del Golfo). En la misiva, la funcionaria expuso las razones de hecho y de derecho que hacen inviable acceder a dicho pedido:
1- La Ley 2272 de 2022 limita el margen del Gobierno Nacional para reconocer el estatus político a organizaciones criminales, comoquiera que no lo habilita para adelantar negociaciones o diálogos para lograr Acuerdos de Paz con grupos armados organizados sin carácter político ni con estructuras criminales de alto impacto, por lo que no resulta viable aplicar el Decreto 1081 de 2015 (que consagra la suspensión de órdenes de captura), conforme lo precisado por la Corte Constitucional en sentencia C-048/2001.
2- Desde el punto de vista jurídico-penal, las AGC y ACSN no tienen carácter político, como lo explicó la Corte en Sentencia C-080/2018, la Corte Suprema en sentencia del 16DIC2015, radicado 45143 y la JEP en sentencia TP-SA-057.
3- No existe marco normativo que precise los términos del sometimiento de grupos armados organizados sin carácter político ni estructuras del crimen de alto impacto. Sin dicho marco, la Fiscalía no puede proferir resolución en desmedro de los derechos de las víctimas.
De ahí que sea entendible y necesario el reciente pronunciamiento de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, integrada por los presidentes de las altas Cortes y el Fiscal General de la Nación, exigiendo de Petro y su Gobierno ponderación y respeto hacia el ejercicio independiente de sus competencias: «La independencia judicial, en particular, es esencial para que los jueces y fiscales ejerzan a cabalidad las funciones públicas de administrar justicia, investigar y sancionar los delitos; misión dirigida a garantizar que los ciudadanos, agentes oficiales e instituciones respeten y obedezcan la Constitución Política y la Ley».
Lo advertido por la Comisión, y lo expuesto por la Fiscalía General de la Nación, no solo es un llamado de atención al Gobierno Petro para que respete la Constitución y la Ley, es un aviso claro para los colombianos de que con Petro hay mucho más en riesgo.
Paola Holguín