“Yo voté por Petro, pero me está preocupando el personaje”, fue la lapidaria confesión que hizo un par días atrás el connotado economista y exministro de Hacienda Rudolf Hommes, evidencia de su inocultable arrepentimiento y pavor por lo desastrosos que han sido estos primeros nueve meses del gobierno, que ya perecen dolores de un parto.
Pero lo que más preocupa de la gestión de Petro es la seguridad y la defensa del país. Su política bandera, la de la Paz Total, se ha traducido en crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, fortalecimiento y control del territorial por parte de las organizaciones criminales, nuestra Fuerza Pública sin brújula, entre la espada y la pared, sabiéndose impotente para impedir el fortalecimiento del terrorismo. Desafortunadamente, el mal está hecho; en cuestión de meses el país ha retrocedido por lo menos dos décadas en lo que a seguridad ciudadana y defensa respecta.
Nada más vergonzoso, pero trágicamente real, que el diagnóstico que presentó la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA –MAPP— en su más reciente informe. Para dicho organismo, el deterioro acelerado de la seguridad del país ha conllevado a lo que denomina “control social y la imposición de la justicia de facto” en poblaciones en las que delinquen organizaciones narcotraficantes y terroristas como el ELN, las FARC y el Clan del Golfo, lo que ha implicado una sustitución de las funciones del Estado, y la pérdida de libertades y afectaciones directas a la vida e integridad física de los ciudadanos. Entre las más graves afectaciones a las comunidades la MAPP destacó las siguientes:
- Imposición de multas, trabajos forzados, asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado por el incumplimiento de normas de conducta y el pago de extorsiones impuestas.
- En departamentos como Antioquia, Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, limitan la movilidad terrestre y fluvial en determinadas franjas horarias, al tiempo que imponen normas de tránsito, como el control de velocidad, restricción de uso de cascos y de vidrios polarizados.
- Persiste el empadronamiento obligatorio y la carnetización de poblaciones enteras para controlar su ingreso y salida, así como de personas ajenas; para colmo, según el MAPP “es frecuente que, a personas foráneas, instituciones del Estado, organizaciones internacionales y no gubernamentales que pretenden ingresar a algunos territorios se les requiera tramitar una autorización o permiso del GAI (grupo armado ilegal), indicando en ocasiones el nombre, placa del medio de transporte y número de ocupantes”.
Para vergüenza de Petro y su Ministro de Defensa, tras el reciente ataque terrorista del ELN en Tibú, en el que fueron asesinados dos policías y un civil, no les fue posible adelantar el consejo de seguridad, y tuvieron que realizarlo en Cúcuta; quedando en evidencia la incapacidad para el control del territorio por parte del Estado.
- Aumento del reclutamiento de niños y adolescentes en varias zonas del país, fenómeno asociado a la violencia sexual sistemática en contra de menores entre 12 y 16 años de edad.
- El ELN y las FARC, Segunda Marquetalia y Estado Mayor, han recurrido al sembrado de minas antipersonales para asegurar el control de territorios, exponiendo a los connaturales peligros a las poblaciones.
- Instrumentalización de líderes sociales y comunidades para forzar el retiro de la Fuerza Pública en zonas de influencia, especialmente de cultivos ilícitos: “En Bojayá en Chocó, las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) exigen a líderes y lideresas que generen presión para el retiro de la fuerza pública de los centros poblados e incentiven la siembra de cultivos ilícitos. En Ciénaga en Magdalena este GAI (grupo armado ilegal) amenaza a liderazgos sociales por negarse a compartir información sobre otros líderes y lideresas y a prestar labores de vigilancia frente al ingreso de instituciones al área rural. En el río San Juan en Chocó y en el sur de Bolívar, obligan a los liderazgos sociales a cocinar, servir y dar albergue a sus integrantes en los bienes de uso comunitario como instituciones educativas o casetas comunales”.
En fin, el reporte de la MAPP, que resulta cuanto menos desolador, notifica a la OEA y al mundo que la Paz Total de Petro no es tal; deliberadamente, este gobierno ha propiciado las condiciones para que el terrorismo resurja, echando por la borda el esfuerzo y el sacrificio de miles de colombianos que se sobrepusieron al terror de la violencia subversiva, terrorista y narcotraficante que hoy parece más beligerante que en aquellos aciagos primeros años del nuevo siglo.
Paola Holguín