Sobre la controversia en torno a la consulta, lo primero es reconocer lo legítimo de proponer que se mejoren las condiciones laborales de acuerdo con las realidades sociales y económicas del país. El debate se centra entonces en cómo hacerlo. Y Gustavo Petro, con la astucia politiquera de anticipar la campaña para las elecciones de 2026, le propuso al Senado una consulta popular al respecto, consulta que fue rechazada en votación de 49 a 47 votos siguiendo el trámite de ley.
Ante lo cual Petro, en vez de acatar las Constitución que juró cumplir, arbitrariamente, decidió desconocer su derrota en el Senado y se arrogó ejercer un derecho que no tiene: convocar él a otra Consulta, en una segunda violación flagrante de la Constitución que tiene la obligación de respetar, confirmando su visión no democrática sino autoritaria del ejercicio del gobierno.
Porque la Constitución no ofrece dudas sobre que esa consulta la tiene que aprobar o no Senado. Y está establecido que es el secretario de esa corporación quien certifica el resultado de las votaciones, como lo hizo con el conocido 49-47 votos que derrotó a Petro.
Estipulan también las normas que la legalidad de esa decisión solo puede ser impugnada ante el Consejo de Estado, de acuerdo con el sistema de separación de poderes de Colombia, que no le autoriza al jefe del Poder Ejecutivo –al presidente Gustavo Petro– imponerse a la brava sobre el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Quienes crean que porque Petro ganó la Presidencia y dice ser el representante del “pueblo” puede violar la Constitución se equivocan de cabo a rabo, porque eso es pensar con un sueño de golpe de Estado, el peor e ilegal paso imaginable.
Pues, a diferencia de los engaños que Petro-Benedetti promueven en especial entre sus adeptos menos ilustrados, en Colombia no hay democracia porque se elija al Presidente –el jefe del Poder Ejecutivo–, sino porque, además, hay otros dos poderes, los tres independientes entre sí.
Y a los petristas más ilustrados, Petro-Benedetti, con conocidos escarmientos, los han notificado de que ¡ay de aquel! que se atreva a opinar en contravía del astuto que llegó a la Presidencia, quien tiene entre sus objetivos lograr que los medios y la opinión pública solo hablen de lo que a él se le antoje y, en especial, que se mencione poco la enorme corrupción que ha rodeado a su gobierno desde antes de las elecciones de 2022, en muy buena medida porque para ganar y gobernar le vendió el alma al diablo, según confesó Gustavo Bolívar, compraventa que incluye todo un cúmulo de desvergüenzas y mediocridades politiqueras.
Es otro fraude, hasta ridículo, que Petro se presente como la encarnación del “pueblo” porque ganó unas elecciones, además marcadas por incontables formas de fraudes y engaños. Pues, aunque no le guste, y a pesar de sus pataletas calculadas para engañar, tendrá que entregar la Presidencia el 7 de agosto del año entrante.
Ante la bravuconería autoritaria de Gustavo Petro, impregnada con una actitud fascistoide, que cada funcionario público asuma con valor civil la defensa de la Constitución que juró cumplir, la cual no ofrece ninguna duda acerca de que este inquilino de la Casa de Nariño carece de los poderes que quiere ejercer.
Jorge Robledo