Revisemos el Plan Energético Nacional (PEN) ahora
Este crucial documento define los objetivos de política pública y del sector energético para los treinta años entre 2020 y 2050.
El PEN aprobado y publicado en diciembre de 2019 planteó un giro radical e inusitado hacia la dominancia de las llamadas energías renovables no convencionales (ERNC), esencialmente energía solar y eólica. Una determinación de política pública que se alejó de las prioridades estratégicas del país en cuanto a su matriz energética y eléctrica, para entregarse de cuerpo entero a las presiones de radicales ambientales, modas, pánicos y, en particular, a los agresivos intereses y agendas de los fabricantes de los dispositivos de generación no convencional (paneles solares y molinos de viento).
En el contexto de una creciente histeria global respecto del cambio climático, transformada hábilmente en una bandera electoral y una catapulta de activismo radical, se incluyeron en el PEN mencionado objetivos no solo irrealizables respecto de nuestra matriz de generación eléctrica, sino francamente contrarios a la disponibilidad de recursos de generación del país, contrarios al interés macro económico y al bienestar de la enorme mayoría de los colombianos.
Se adoptó además, en contravía de la realidad, el objetivo de disminuir el aporte de la sociedad colombiana a los gases de efecto invernadero, desconociendo la premisa esencial de que Colombia es un aportante marginal a este problema y se impuso, además, que el camino o la herramienta para “reducir” el aporte marginal del país era la transformación de la “matriz de generación objetivo del sector eléctrico” del país, es decir la participación en la producción de energía eléctrica según los tres grandes grupos o tipos de generación utilizados en el país (hidráulico, térmico y solar/eólico).
El objetivo en sí no es relevante en forma alguna. Colombia nada representa en el problema climático global. Y si se quisiera, desde una perspectiva ética o ecológica, generar una contribución, la transformación de nuestra matriz eléctrica no es un aporte significativo, como si lo sería la inversión, a mucho menor costo, en el reemplazo de la generación de calor domiciliario mediante la tala y quema de madera o el desestimulo de la deforestación por diversas causas.
Pero aparentemente en estas verdaderas alternativas relevantes, con impacto directo en la calidad de vida y salud de los menos favorecidos y en los ecosistemas, no había “fierros” o paneles para vender e instalar. No había mucho “business”.
Y así se señaló que, hágame el favor, las ERNC deberían pasar de representar el 0,65% de la generación en 2022 al 43,3% de la generación en 2050. El negociazo del siglo, pero para los vendedores de equipos y proyectos. La capacidad de generación en estas tecnologías aumentaría 60 veces en 30 años.
Se definieron en contexto beneficios tributarios y estímulos, se firmaron contratos a diestra y siniestra y se dijo pomposamente que para 2022 el país recibiría los primeros 2400 MV de esta redención. Pues nada recibimos. De esos 2.400 MV solo se terminó el 10% de la capacidad y se especula que solo el 1% está efectivamente conectado y despachando por cuenta de una panoplia de excusas, obstrucciones y fracasos, dentro de los cuales juega un rol preponderante la interferencia en licenciamiento ambiental del mismo estado, el chantaje e interferencia de cientos de colectivos ambientales y sociales que quieren su tajada del “business” de las renovables y el saboteo sistemático por parte de comunidades, estado, guerrillas y propietarios prediales a la expansión de nuestras redes de transmisión. Aquí se sabotea incluso a los “salvadores” del mundo con sus paneles y molinos de viento vendidos a sobre precio.
Coherentes con la locura, el país se abstuvo de una nueva subasta de generación térmica, centrada en gas, modalidad de generación que sin ser la panacea en términos de eficiencia energética, y que sin duda requiere de un nivel alto de reservas probadas y en producción en el país, era indispensable por la capacidad de despliegue rápido que estas plantas tienen.
Y el despliegue rápido de generación a gas era prioritaria por la perspectiva bastante clara de que enfrentábamos un fenómeno del Niño que, de acuerdo a las largas series históricas, tenía altas probabilidades de ser severo.
Pero en el anterior gobierno no se hizo lo correcto porque no era políticamente correcto. Y en el actual no se diga. En lugar de corregir el rumbo, la actual administración ha empeorado las cosas.
Confrontada con el fracaso en el despliegue de las no convencionales y el retiro masivo de los promotores e inversionistas, la exministra Vélez y el representante de las FARC, el ministro Camacho, aumentaron la apuesta inviable.
Generaron regulaciones para bajar la meta a solo 1.140 MV para 2023 y 2024 imponiendo a los generadores la “obligación” de generar el 10% de la atención de la demanda con ERNC.
¿Y cómo lo hacen? Yo no sé como diría Frankie Ruiz. Al regulador (Minminas) no le interesa. La orden es háganlo.
Es mucho más importante apoyar la verborrea ambiental permanente de Petro con órdenes, así sean irrealizables, que atender las necesidades verdaderas del futuro energético del país. Lo más parecido posible a la forma de abordar los problemas en la antigua Unión Soviética, ese paraíso fariano al que el ministro nos quiere llevar con urgencia.
Mientras tanto la realidad golpea. A pesar de todas las advertencias, muchas del suscrito desde hace más de dos años, de todas las señales y todos los pronósticos, nos encontramos ad portas de un severo apagón, un puntillazo mortal a una lánguida y golpeada economía.
Mientras se piden medidas politiqueras por gobernadores, alcaldes y gremios de la producción para mitigar los aumentos tarifarios que sufre, en particular, la costa atlántica, debemos centrarnos en lo estratégico. Con subsidios de ocasión, pagados contra un presupuesto en crisis por la recesión de 2023, no se arregla nada.
Es hora de tener valor civil y exigir el replanteamiento del PEN. Claro este gobierno nada hará, pero mientras pasa la peste, la clase política, la industria generadora, los inversionistas y ambientalistas podemos iniciar la discusión y formulación de alternativas que verdaderamente atiendan el interés nacional, que no es otro que tener mucha energía confiable a muy buenos precios para mejorar la competitividad de nuestra economía, exportar y generar empleo formal.
Debemos imponernos como meta que la oferta, una vez desplegado Hidroituango en su totalidad, supere la demanda proyectada en el escenario medio en por lo menos el 30% para los próximos 30 años en promedio.
Esto exige definir ahora 5 o 6 mega proyectos hidráulicos, ubicar su financiación, concertar sus condicionamientos ambientales, objetivos y razonables, iniciar el diálogo regional para socializar la compra de predios y trazar las expansiones requeridas en conectividad al SIN.
Este objetivo exige una mega subasta térmica para gas y generación con carbón en mina, con las mejores tecnologías de captura de CO2 disponibles y estímulos financieros y fiscales para recuperar prontamente la confiabilidad general del sistema, tanto frente a escenarios de crecimiento de demanda por encima de lo previsto como frente a Niños más agresivos o de efectos más notorios por cuenta de la depredación del inventario forestal amazónico.
Este objetivo exige, finalmente, ponernos serios frente a las opciones geográficas para termonuclear en Colombia y el aterrizaje respecto de las verdaderas posibilidades aportes de las ERNC en nuestro país.
Enrique Gómez Martínez