Nuevamente el Gobierno Nacional plantea amenazas para la minería legal y socialmente responsable, a pesar de los múltiples beneficios económicos y sociales que genera para las regiones y el país. Persiste el presidente Petro en su desaforado interés ideológico de acelerar la terminación de la explotación de las fuentes energéticas de origen fósil, sin tener una clara estrategia de transición energética gradual, pero además sin lograr avances importantes en los proyectos de generación de energía renovables existentes.
El primer intento fue a través del decreto 1277 del 2023, uno de los once que expidió en el marco de la fallida Emergencia Económica, Social y Ambiental de La Guajira, con el que en la práctica se buscaba restringir o anticipar el cierre de las operaciones mineras de Cerrejón, al prohibir posibles expansiones, ampliaciones o nuevos frentes de explotación minera de carbón. Luego del riguroso análisis jurídico la Corte Constitucional, dentro de su autonomía y cobijada por la independencia de poderes, los declaró inexequibles.
Ahora, en una nueva arremetida estratégica, el 30 de enero del presente año, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió dos decretos que en el fondo persiguen el mismo propósito. Argumentando la necesidad de evitar el agravamiento de la crisis humanitaria por la falta de acceso al agua potable, emitió el 0043 para adoptar medidas especiales para la supuesta protección especial de las fuentes hídricas. Aunque existen hechos y datos que confirman el poco impacto de las operaciones de Cerrejón en este aspecto, algunos miembros del gobierno mantienen una narrativa tercamente contraria.
Sea el momento para reconocer el aporte de Cerrejón en este tema: Durante 2023 entrego 60.2 millones de litros de agua potable a 2.382 familias de 164 comunidades vecinas de su operación.
Por su parte, con el decreto 044 se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental. Es evidente que se busca crear las condiciones para avanzar en la implementación de las mismas acciones pretendidas con el decreto 1277 del 2023, poniendo en alto riesgo la continuidad de muchas operaciones mineras, especialmente en los departamentos de La Guajira y del Cesar.
La pregunta que surge entonces es: ¿si estos nuevos decretos no son demandados o no son declarados inconstitucionales y siguen vigentes sus disposiciones, impidiendo la continuidad de muchas operaciones mineras legales -grandes y pequeñas-, como se compensarían los enormes beneficios que dejaría de generar la industria minera para las regiones y el país?
En ese contexto están amenazados, entre otros, más de 900 mil empleos, entre directos e indirectos, generados por una actividad que representa el 3% de la economía nacional, mas de 20 billones de pesos en aportes en renta, regalías y otras contribuciones, más de un billón de pesos en inversiones ambientales y sociales, el 56% del PIB de La Guajira y el 44% del Cesar!
Álvaro López Peralta