¡Histórico! A mediados de octubre se produjeron diferentes hechos inimaginables para La Guajira y los guajiros. El Gobierno Nacional, el Senado de la República y la Corte Constitucional deliberaron de manera activa con la sociedad civil regional para mejorar sus acciones, propuestas y nivel articulación para intervenir de manera efectiva y parar la violación estructural de los derechos fundamentales al agua, alimentación, nutrición, salud y participación, que se manifiesta en la muerte recurrente de niños y niñas indígenas, especialmente de las comunidades wayuu, y que de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, a la semana 42 ya se cuentan 63 niños muertos entre 0 y 5 años.
Son hechos sin antecedentes, que han venido logrando lo impensado sobre el soñado diálogo nación – región, en donde se valoren los aportes del territorio al desarrollo del país para definir políticas públicas y que en consistencia con los planteamientos de Theodore Lowi sean concentradas en sus beneficiarios y costos, definiendo una agenda focalizada en la infancia y niñez indígena. Este escenario no lo logró la sal, el gas y el carbón. Independientemente de su importancia, tampoco lo ha hecho la transición energética. Se logró a través de los niños y niñas que son los que ponen los muertos, contexto que tiene que intervenirse con procesos de cambio social planificado definido en la Sentencia T-302 de 2017.
En los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y el Distrito de Riohacha, el Gobierno Nacional mantuvo reuniones y consultas simultáneas para deliberar sobre el plan provisional de acción exigido por la Corte Constitucional en el Auto 696 de 2022, con el cual se debe garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes del pueblo indígena wayuu y tomar las medidas eficaces que atiendan de manera urgente y oportuna las situaciones que ocurren en dichos territorios.
Adicionalmente, en Riohacha y Maicao se llevaron a cabo el diálogo regional vinculante en el marco de la gestión y estructuración del Plan Nacional de Desarrollo, en donde se recogieron propuestas de la sociedad civil con la mirada puesta en que se defina un capítulo del mismo. Allí se establecieron diferentes mesas de trabajo centradas en los derechos fundamentales protegidos en la Sentencia, destacándose las de derechos humanos al agua, alimentación y salud, en donde se incorporaron iniciativas sobre seguridad alimentaria, erradicación del hambre, insumos agrícolas y reforma agraria, entre otras.
Aunque finalmente no se pudo desarrollar de manera efectiva por los diferentes eventos, desde el Senado de la República también fue convocada una sesión formal de la Comisión Séptima en relación con el seguimiento al cumplimiento Sentencia T-302 de 2017. Con este evento se le daba continuidad a las acciones de control político que realizó unos días antes esta misma comisión en Fonseca, que a instancia de la senadora Martha Peralta trataron las problemáticas de salud pública que aún se mantienen por el incumplimiento de la Sentencia.
Mientras estas dinámicas se daban en La Guajira, en Bogotá en el congreso se aprobó el artículo 89 del Presupuesto Nacional 2023, que obliga a las entidades públicas accionadas priorizar recursos para atender las acciones del Plan de Acción de la Sentencia. Igualmente, la Corte Constitucional conminó a las instituciones a presentar sus informes técnicos sobre la estructuración e implementación del plan provisional de acción.
Durante el desarrollo de la sesión técnica, quedó claro la postura de la Corte Constitucional al requerir de las instituciones accionadas y de las que participan del mecanismo de evaluación y seguimiento, la adaptación de una actitud gestora y no de expectación, señalando que esta última es considerada como negligente y por lo tanto, será investigada fiscal, disciplinaria y penalmente.
Allí fueron escuchados diferentes ministros, destacándose el de Hacienda y Crédito Público, movilizando y asegurando los recursos que se pueden ejecutar de manera progresiva. La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, con la de Agricultura, propusieron iniciativas acordadas con las comunidades para generar condiciones de mas Estado y mercado en La Guajira a partir de la dotación sufriente y permanente de agua y seguridad alimentaria.
Como siempre, el punto gris de las entidades demandadas, estuvo centrado en la gestión del Instituto Colombiano de Bienestar familiar, que generalmente deshumaniza la atención de los niños y niñas mercantilizándolos a través de cupos que se quitan y ponen, resaltando la tendendencia a desmarcarse de sus roles en el ámbito de la seguridad alimentarias.
En la sesión técnica, la organización Dejustica señaló que la sentencia ha sido incumplida sistemáticamente luego de cinco años. Un ejemplo emblemático es la comunidad 3 de abril en Uribia. En cuanto al agua, no hay vías de acceso. La única fuente son los jagüeyes que contienen agua contaminada y que generan graves enfermedades cutáneas y digestivas. No existen pilas públicas cercanas de las cuales se puedan abastecer. Se entregan cinco litros de agua por niño, es decir, solo el 25% de lo requerido por la Corte que son 20 litros. Este abandono estatal perpetúa ciclos de pobreza y problemas de salud. Sobre seguridad alimentaria, señaló que no todos los niños son beneficiarios de los programas del ICBF y que la cantidad de alimentos entregada es insuficiente:
Por su parte, la Veeduría Ciudadana insistió en mejorar las capacidades de los funcionarios públicos. Ellos no conocen la sentencia y por lo tanto lo que no se conoce no se puede intervenir de manera positiva. Reiteró en la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional, ya que la Sentencia requiere gerencia, seguimiento y control dado que la Consejería para las Regiones resulta ser insuficiente en su misión de coordinación intersectorial, interinstitucional e interescalar.
La Comisión Intersectorial para La Guajira (Decreto 100 de 2020) y la Consejería Presidencial para las Regiones son instituciones más expectantes que gestoras en la elaboración del plan de acción, impulsar el cumplimiento, seguimiento de los indicadores básicos de nutrición infantil y observar los objetivos constitucionales mínimos. De igual manera, estos organismos no actúan enlazados con el Comité Técnico Territorial que aún no logra avances operativos en la coordinación de las entidades territoriales.
Ello implica ajustar en sus diferentes niveles la Comisión Intersectorial para el Departamento de La Guajira, permitiendo que los niveles de gobierno involucrados puedan dialogar en esa instancia de gestión. Así las cosas, es necesario revisar si la coordinación sigue recayendo en la Consejería Presidencial para las Regiones. Dado que se requiere una mayor fluidez, capacidades y prospección de dicha institucionalidad. Se sugirió conformar una gerencia específica que pueda ser valorada estratégicamente como un proyecto dentro de la estructura de gestión del gobierno nacional. Es decir, superar la fragmentación institucional existente y que sea capaz de coordinar intervenciones interinstitucionales que buscan efectos por fuera del sistema en que han sido diseñadas.
Cesar Arismendi Morales