Al momento de escribir esta columna se completan 23 días de paro minero en el nordeste antioqueño, el bajo Cauca y el sur de Córdoba.
Desde la decisión del presidente Petro de reversar su errada iniciativa de cese unilateral de operaciones contra el Clan del Golfo, y como siempre pasa en nuestro país, se ha logrado olvidar en la opinión pública nacional la múltiple y compleja problemática que ha dado origen a esta movilización promovida por la minería tradicional o artesanal y por organizaciones mafiosas como el clan del Golfo.
Los procesos de formalización minera que se han intentado por décadas han fracasado en la promoción de una pequeña minería que reconozca la necesidad de implementar buenas prácticas de explotación, respeto y cuidado de la naturaleza y obviamente adecuado recaudo fiscal para la Nación.
Este nuevo gobierno ha agravado la problemática existente de depredación y evasión, reflejada en el indicador de consenso de que cerca del 80% de la producción aurífera del país es ilegal, enviando mensajes explícitos de ataque, desestimulo, inseguridad jurídica y mala prensa contra la minería legal que opera en la explotación del oro y de otros metales o combustibles fósiles como el carbón.
La premisa ideológica y quimérica es la extinguir la minería en Colombia, reemplazando su aporte económico con agroindustria y turismo, permitiendo una supuesta marginalidad, para el caso del oro, la de los barequeros a quienes la ministra de minas gradúa de “ancestrales” para evitar la ostensible contradicción de su política general aurífera con la tolerancia con la pequeña minería informal e ilegal que trasiega el 80% de la producción y que de marginal y de subsistencia ya no tiene nada.
La premisa señalada es una ilusión que desconoce que seguimos viviendo en el país de El Dorado. La búsqueda y explotación del oro está en nuestro ADN cultural desde antes de la conquista y claro que fue reforzada y perpetuada a lo largo de la colonia y de nuestra era republicana.
Pero nuestro problema no solo es cultural. Nuestro problema es que hay bastante oro en nuestra geografía y en algunos casos es fácil de explotar. Y si no es fácil de explotar, mineros legales e ilegales se las ingenian para hacerlo.
Otro problema que tenemos es la altísima rentabilidad de la explotación ilegal. Mientras llenamos de controles, supervisión y costos laborales a la minería legal y organizada, mientras la aplastamos con todo tipo de estigmas e inseguridades, la minería ilegal campea, se mueve con flexibilidad y velocidad, aprovecha las crecientes limitaciones operativas de la fuerza pública, el estímulo económico imbatible para la mano de obra o el barequero independiente y la creciente fuente de capital de riesgo y protección que proveen las mafias del narcotráfico que encuentran en el oro un negocio de rentabilidades insospechadas.
La destrucción de maquinaria, que en el caso del paro actual es una respuesta institucional pertinente y necesaria, está llena de riesgos para la fuerza pública, plagada de restricciones operacionales y genera mínimo impacto en la expansión de la ilegalidad.
Una retroexcavadora puede generar una rentabilidad diaria del 300% sobre su costo de operación, incluyendo la amortización del equipo. Ni hablar de lo que se logra con una draga o un dragón de alta capacidad.
Ahora que por fin Petro reconoce su ingenuidad y errores en relación con la pretensión de dialogar con la mafia, despectivamente reclama de la fuerza pública retomar operaciones que desde septiembre el mismo ministerio de Minas restringió con ambiguas autorizaciones de explotación con maquinaria a los ilegales y que se vieron reducidas por la orden cesar operaciones contra el clan del Golfo de diciembre.
Pero detener la acción de la fuerza pública, abandonar la coherencia en las políticas de formalización y mostrar una tolerancia cultural e institucional a las malas prácticas, tiene costos altísimos.
Esos costos se miden en los riesgos para la fuerza pública que debe retomar operativos en zonas donde se han consolidado redes de inteligencia de las mafias que explotan o manipulan a los tradicionales, copan las economías locales y claro que anticipan los operativos, aumentando su peligrosidad a la vez que disminuyen su eficacia.
Así mismo el retiro o condicionamiento de la acción de la fuerza pública deja expuesta a la minería legal a la extorsión y violencia de los factores armados, con toda clase de implicaciones, entre otras la utilización de los títulos mineros reconocidos para camuflar los equipos ilegales en las zonas de los títulos y frenar los operativos.
El otro gran efecto perverso de la ruta improvisada del gobierno es la indiferencia que termina dominando a la prensa y la opinión frente a la necesidad de restablecer una ruta sólida a la formalización. Al convertir el paro en una guerra contra el Golfo, se olvida que existe como fenómeno de base un poderoso estímulo económico que mueve a muchas familias a seguir en la explotación o a arrimarse a ella para aprovechar la bonanza de nuevas vetas.
Debemos movernos rápidamente para complementar las iniciativas de bancarización y registro a través del Rucom, abandonar el concepto de minería de subsistencia, incluir estímulos para la pensión minera y la seguridad social en salud como contraprestación a la explotación verde sin mercurio y con recuperación del cianuro, eliminar el límite individual de producción y propiciar las recuperación de oro en las arenas residuales que hoy en día se exportan abusivamente hacia la China como simples arenas y que están llenas de valioso mineral que tampoco tributa. En el reprocesamiento de millones de metros cúbicos de arenas de descarte o lavada hay tanto oro por recuperar que serviría para reducir la apertura de nuevos frentes de explotación manteniendo el ingreso minero tradicional formalizado como pequeña minería legal.
La salida no debe ser hacía normalizar la ilegalidad ni construir “agendas” culturales para lo ilícito. La salida es reconocer la realidad económica de la fiebre del oro y canalizarla hacia producción verde, fiscalmente incorporada y con un régimen de seguridad social que pueda ser cubierto por un fondo de producción del oro que garantice la pensión y la salud para el minero o barequero tradicional.
Enrique Gómez Martínez