Terminó la segunda legislatura desde que Petro asumió la Presidencia de la República y el balance legislativo es penoso y preocupante para el País.
Lejos de lo que Petro y su bancada parlamentaria denominaron “bloqueo institucional”, el Congreso terminó aprobando varias de las nefastas reformas impulsadas por su Gobierno, a pesar de los escándalos de corrupción y la evidencia sobre compra de votos, que no empezaron con Olmedo López y Sneyder Pinilla, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo; sino que tenían precedente con Gilberto Rondón, presidente del Fondo Nacional del Ahorro y miembro del Partido Liberal, que renunció después de reconocer en una entrevista radial, que había dispuesto recursos y burocracia de la Entidad para garantizar votos que requerían las reformas.
Sin duda, el cambio de Ministro del Interior trajo consigo un replanteamiento de la estrategia del Gobierno Petro, para lograr los apoyos que necesitaban sus iniciativas, ante la ausencia de mayorías. Con Alfonso Prada, en la primera legislatura, el Gobierno apostó por el trabajo con los dirigentes de los partidos; con Luis Fernando Velasco y la recomposición del gabinete con viejos militantes radicales de izquierda, el Gobierno optó de manera abierta o soterrada, por el abordaje individual de los Congresistas, denominados por algunos medios como los “operadores políticos”.
La estrategia “Divide y reinarás”, que debilita a los partidos y le dificulta al ciudadano el control político, dio resultado. Más allá de no cumplir con el ambicioso plan de reformas que anticipó en la campaña y a pocos meses de iniciar su mandato, Petro, solo en esta legislatura, logró que el Legislativo le aprobara: la reforma pensional, la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria, un Acuerdo binacional de inversiones con la dictadura venezolana, la aprobación en primer debate de la reforma laboral y la controvertida ampliación del cupo de endeudamiento por 17 mil millones de dólares; y de no ser porque terminó cediendo a la presión de FECODE, financiadores de su campaña, habría sumado la reforma a la educación.
Ello, sin contar que logró que sus ministros con peor calificación en su desempeño, Defensa, Salud e Igualdad, salieran indemnes de las mociones de censura que se promovieron tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.
De cara al inicio de la legislatura 2024 – 2025, no sería extraño que la anunciada recomposición del gabinete, tenga como propósito consolidar el espacio burocrático de “operadores políticos”, para allanar el camino de otras reformas que Petro aún tiene en su carpeta, como la de justicia, el régimen laboral, los servicios públicos, y las nuevas reformas a la salud y a las pensiones.
Entre las muchas reflexiones que quedan, están: la legitimidad de un Congreso, donde se evidencia que muchos están votando disuadidos no por el interés general y los argumentos, sino por la presión, el dinero y la burocracia; la indisciplina de los partidos, que pareciera no toman decisiones de bancada o no logran que sus parlamentarios obren como tal; el populismo legislativo, porque abundan los proyectos de ley (675 sólo en estos últimos 12 meses) y la ausencia de diálogo y debate técnico entre el Ejecutivo y el Congreso; donde, además, al primero parece importarle muy poco las formas.
Paola Holguín