Confesó Nicolás Petro que su papá sí sabía de la financiación ilegal de su campaña en el Caribe. Lo dicho, grabado en video, no cambia porque después de que lo visitara en Barranquilla decidiera dejar de colaborar con la justicia. De acuerdo con esa confesión, Gustavo Petro debería renunciar porque su elección es ilegítima e ilícita y, además, debería ser criminalmente enjuiciado.
En efecto, desde 2017, el Código Penal sanciona con penas de 4 a 8 años a los candidatos y gerentes de campaña responsables de que se “excedan los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral”. También habría incurrido en falsedad en documento privado (por la alteración de las cuentas de la campaña), en fraude procesal (por haber inducido a error al Consejo Nacional Electoral) y, según algunos penalistas, si se prueba que los distintos responsables se han puesto de acuerdo para realizar esas conductas delictivas, habría también concierto para delinquir. Y si no puede probar el origen lícito de los aportes, incurriría además en el delito financiación de campañas con fuentes prohibidas.
Además, con independencia de su responsabilidad penal, la Constitución, en su artículo 109, dice que “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de la investidura o del cargo”.
El primogénito, que no hay que olvidar que era el coordinador en la costa atlántica, narra que la campaña recibió dinero y aportes de Euclides Torres y que su papá “sí sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba […] porque yo se lo mencioné varias veces [y] él y yo hablábamos de la financiación, que Euclides financiaba [y además] Benedetti siempre [se] lo recalcaba en presencia mía, que era Euclides el que estaba financiando los eventos y la campaña”. Claro y contundente. Hay dudas, además, de que Torres pueda probar el origen lícito de sus aportes.
Por otro lado, lo dicho por Nicolás es la ficha del rompecabezas que permite entender, primero, la amenaza de Armando Benedetti a Laura Sarabia de que si él contara quién financió la campaña se caería el Presidente (los quince mil millones de los que hablara el exsenador quedarían explicados en la declaración de Petro Burgos) y, segundo, el nombramiento de Sarabia en el DPS a pesar del escándalo del maletín con dinero, las chuzadas ilegales y el abuso de poder sobre sus empleadas. Sarabia, dice el hijo mayor, “sabía de cómo se financió la campaña en el Caribe, de todos los aportes que dio el señor Euclides”. Sarabia le tiene pisado el rabo a Gustavo Petro.
No hay duda de que esos aportes de Torres no fueron reportados por Petro y Ricardo Roa, su gerente de campaña: las únicas donaciones reportadas fueron una de Camilo Ramón Mejía en primera vuelta y otra de Luis Gabriel González en segunda. Nada más. Tampoco habría discusión sobre que con esos dineros y aportes se habrían violado los topes. El de primera vuelta fue de $28.536.520.492 pesos y la campaña reportó gastos por $28.384.680.001 pesos. El de segunda fue de $13.347.457.427 y el reporte fue de $13.199.709.794.
Los aportes de Torres se sumarían a los de Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, también confesados por Nicolás Petro, y a los gastos relacionados con el pago a testigos electorales y a los asesores internacionales de la campaña, Antoni Gutiérrez Rubi, Xavier Vendrell y Virgilio Hernández. Ninguno fue reportado y con cualquiera de ellos se violaron los topes.
A semejante escándalo hay que agregar el del Pacto de la Picota, también confesado por Juan Fernando Petro, así como el de Casanare con el mafioso Sobrino y su mujer, suficientes para haber tumbado a cualquiera, y al que ahora salpica a Verónica Alcocer no solo por recibir dineros no reportados para una “campaña paralela” sino por exigir y recibir “coimas […] beneficios burocráticos, contratación, etcétera”, dicho por Nicolás.
De lo confesado por su primogénito, de lo dicho por su hermano Juan Fernando, de los audios entre Benedetti y Laura Sarabia, entre otras pruebas, se concluye que Petro ganó la Presidencia por el apoyo recibido por grupos violentos y de narcos a partir de los acuerdos alcanzados en las cárceles y que ese apoyo se ha traducido en políticas públicas que favorecen a los bandidos, que la financiación de su campaña fue ilegal y violó los topes y que él lo sabía, que en su gobierno se trafican burocracia y contratos a cambio de coimas, y que en la recepción de dineros ilícitos están involucrados su hijo, su esposa y su hermano. Un gobierno y una familia metidos hasta el cuello con y en el crimen.
Petro no tendrá la gallardía de renunciar. Pero la noticia criminal está ahí. La Fiscalía tiene que proceder contra los no aforados y trasladar lo de los aforados a la Corte. La Comisión de Acusaciones y el CNE deben actuar de oficio sobre lo que involucra a Gustavo Petro. Prevaricará quien no lo haga.
Mientras tanto, está claro que el ataque a la revista Semana pretendía intimidar, que no se publicara lo que ahora hemos visto. Una expresión más de la deriva autoritaria de un Presidente y un gobierno ilegítimos y corruptos hasta la médula.
Rafael Nieto Loaiza