En medio de la escandalosa salida del Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, acusado de participar en la compra de votos de Parlamentarios, el Congreso de la República rechazó la segunda reforma tributaria (Ley de Financiamiento) propuesta por el gobierno Petro. Con esta reforma, el Presidente pretendía asfixiar aún más el bolsillo de los colombianos y ejercer mayor presión sobre las finanzas públicas, al tiempo que buscaba autorización para endeudar al país por un monto cercano a seis billones de pesos.
Es la primera vez en la historia que el Congreso no aprueba una reforma tributaria a un Gobierno, así como también lo fue la no aprobación del presupuesto presentado para el 2025, porque estaba desfinanciado.
La respuesta de Petro no pudo ser más antidemocrática, demagógica y cínica. No solo “rompió relaciones” con las comisiones económicas de Senado y Cámara, a cuyos integrantes insultó calificándolos de “tontos” e “ignorantes”, sino que ahora atribuye las consecuencias del desfinanciamiento del presupuesto de 2025 al hundimiento de esta inoportuna iniciativa. Con esta reforma, el Gobierno aspiraba a recaudar $12 billones, aunque la ponencia definitiva redujo esta proyección a $9,5 billones.
Sobre las dificultades del presupuesto actual y el impacto real de esta dura derrota para el Gobierno Petro de cara al próximo año, se deben hacer varias precisiones:
- En 2023, los partidos de gobierno en el Congreso otorgaron un “cheque en blanco” a Petro, al aprobar un presupuesto para 2024 que estaba desfinanciado.
- La grave situación fiscal se da por: el bajo recaudo tributario (según la DIAN, entre enero y septiembre se dejaron de recibir $18 billones en impuestos, -8,1%), la caída del 25,6% en las utilidades de ECOPETROL, la pérdida de un 15% en inversión extranjera, la salida récord de capitales en 2023 (US$ 4.300 millones), y el aumento injustificado en los gastos de funcionamiento del Estado.
- El exministro Bonilla anunció en octubre un recorte presupuestal de $28,4 billones, pero el Comité de la Regla Fiscal advierte que se requiere un ajuste adicional de entre $20 y $30 billones.
- Según la Contraloría General de la República, la ejecución del presupuesto actual es la más baja en cinco años, comparable con la registrada durante la pandemia (2020). Lo más alarmante es que, de los $100,6 billones asignados para inversión, el Gobierno apenas había ejecutado $44,83 billones.
- No es cierto que el desfinanciamiento del presupuesto nacional para el 2025 sea consecuencia del hundimiento de la reforma tributaria. El proyecto de presupuesto rechazado por el Congreso ascendía a $523 billones, de los cuales $12 billones estaban condicionados a la fallida reforma. Además, el Gobierno nunca explicó cómo financiaría $14 billones adicionales. En total, el déficit asciende a más de $26 billones sin fuentes claras de financiación.
La incompetencia fiscal y las corruptas prácticas del gobierno Petro han sumido al País en la difícil situación financiera que actualmente afronta y la que se avecina, aunque nunca asuma su responsabilidad y asignen al Congreso la culpa de su propio fracaso.
Paola Holguín