El oficialismo tiene la razón en que la salud de Gustavo Petro no es, per se, un asunto de trascendencia pública. Incluso el presidente tiene el derecho a la intimidad, a resolver los asuntos de su vida privada en esa esfera, con él y su familia. Sin embargo, estas apreciaciones sobre su estado físico y mental no pueden llevarse al límite de la irresponsabilidad con el Estado y el cargo que ejerce.
Nuestra Constitución Política, de raigambre liberal, establece que «las personas tienen derecho a su intimidad personal» (Art. 15). Es por esta razón que se encuentra expresa y explícitamente prohibido inmiscuirse en la vida privada de cualquier ciudadano mediante, por ejemplo, la interceptación ilegal de comunicaciones privadas o la divulgación de documentos reservados.
Como todo derecho, la intimidad tiene limitaciones y excepciones. Es así como firmar formatos de habeas data se ha vuelto una rutina casi cotidiana para inscribirnos en el gimnasio, abrir una cuenta en línea o solicitar un crédito bancario. Igualmente, la Fiscalía puede ordenar la interceptación de comunicaciones para prevenir e investigar delitos.
Una de las limitaciones más comunes se encuentra en el ámbito laboral. Los trabajadores saben que las empresas deben practicar exámenes ocupacionales para su protección y que ciertas evaluaciones de ingreso pueden tenerse en cuenta para su vinculación.
Estas reglas tienen sentido porque vivimos en sociedad y nuestras conductas pueden producir afectaciones en los demás. Sobre todo, si se ocupan posiciones de poder y privilegio.
Señor presidente, con el respeto que usted se merece, cuando los asuntos de la vida privada trascienden al mundo de lo público, la intimidad ya no sirve de excusa. En su primer discurso como cabeza de Estado, usted mismo lo dijo: «Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente». Pues es en su calidad de representante de todos los colombianos que podemos exigirle que cumpla sus deberes con la democracia en la que fue electo.
Sus afirmaciones de esta semana sobre «groseras encerronas» relacionadas con «supuestas enfermedades» producen mucha preocupación. Usted simboliza la unidad nacional y debe garantizar los derechos de los ciudadanos; por tanto, su capacidad física y mental nos interesa a todos.
Si no hay razones para preocuparnos, ¿por qué no presenta una valoración médica? Si cuenta usted con las facultades físicas y mentales para honrar sus funciones, ¿por qué no le rinde cuentas al pueblo expresando que no se encuentra ni ha sido recientemente incapacitado? ¿Qué tal si, como muestra de respeto frente a quienes es «su presidente», declara públicamente que nunca ha sufrido de enfermedad o adicción que pueda afectar sus relaciones con los gremios o la seguridad nacional?
Juan Manuel Galán