Una dictadura fiscal se refiere a un sistema político y económico donde el gobierno ejerce un control excesivo y opresivo sobre la economía a través de la imposición de impuestos y regulaciones extremadamente altas y restrictivas. Esto limita severamente la libertad económica de los individuos y las empresas, a menudo con el fin de financiar gastos gubernamentales o concentrar el poder. No hay una definición única y universalmente aceptada, pero generalmente implica una carga fiscal abrumadora, falta de transparencia, y una limitación significativa de la autonomía económica de la población. ¿Será que el presupuesto nacional para el año 2025 que el presidente Petro aprobará por decreto, se asemeja a una dictadura fiscal?
El hecho de que el presupuesto del gobierno nacional para 2025 se apruebe por decreto presidencial podría ser motivo de preocupación si se considera que limita la participación democrática en la toma de decisiones fiscales. Una dictadura fiscal implica un control excesivo sobre la economía y la imposición de cargas fiscales que afectan la libertad económica de los ciudadanos. Si el presupuesto se aprueba sin un debate amplio o sin la participación del Congreso, podría interpretarse como un signo de falta de transparencia y control sobre los recursos públicos. Esto podría generar inquietudes sobre cómo se gestionarán los fondos y si se respetarán los derechos económicos de la población. Sin embargo, la calificación de este acto como dictadura fiscal dependerá de la percepción pública y del contexto político en el que se desarrolle.
Las implicaciones de un presupuesto aprobado por decreto presidencial en lugar del Congreso son varias y complejas. Podría generar una disminución de la transparencia y la rendición de cuentas, ya que el proceso de aprobación es menos participativo y sujeto a menor escrutinio público. Esto podría llevar a una asignación de recursos menos eficiente y equitativa, favoreciendo ciertos intereses por encima del bien común. Además, podría afectar la confianza en el gobierno y generar inestabilidad política, especialmente si se percibe como una acción antidemocrática. La falta de debate y discusión en el Congreso también limita la posibilidad de incorporar diferentes perspectivas y necesidades de la población. En resumen, aunque no se pueda calificar directamente como una «dictadura fiscal», sí presenta riesgos significativos para la salud democrática y la gestión responsable de los recursos públicos.
Una de las causales por las cuales la comisión económica no aprobó el presupuesto fue por el desfase de 12 billones que son contingentes y el gobierno los quiere arreglar a través de una ley de financiamiento que no es otra cosa que una Reforma Tributaria disimulada. El Ministerio de Hacienda de Colombia podría abordar un déficit de 12 billones de varias maneras. Entre las estrategias más comunes se encuentran:
1) Ajustes en el gasto: Reducir o reprogramar ciertos gastos no esenciales para liberar recursos.
2) Aumento de ingresos fiscales: Implementar reformas tributarias que incrementen la recaudación de impuestos. Esto podría incluir la ampliación de la base tributaria o el aumento de tasas impositivas en ciertos sectores.
3) Financiamiento externo: Buscar préstamos de organismos internacionales o emitir deuda pública para cubrir el déficit temporalmente.
4) Revisión de políticas fiscales: Ajustar políticas que generen ingresos o que afecten el gasto público, buscando un equilibrio más sostenible. Estas medidas, aunque pueden ser necesarias, también pueden tener implicaciones sociales y económicas que el gobierno debe considerar cuidadosamente.
El mensaje a las empresas calificadoras de riesgo internacionales respecto al presupuesto aprobado por decreto presidencial podría ser preocupante. Las calificadoras suelen evaluar la transparencia y la estabilidad política de un país, y la aprobación de un presupuesto sin el debate del Congreso podría ser vista como un signo de debilidad institucional. Esto podría generar inquietudes sobre la gobernanza y la capacidad del gobierno para manejar adecuadamente los recursos públicos. Además, un déficit significativo como el de 12 billones podría llevar a las calificadoras a revisar a la baja la calificación del país, considerando que puede afectar la sostenibilidad fiscal y la confianza de los inversores. La falta de participación del Congreso también podría ser interpretada como un riesgo para la estabilidad política, lo que podría hacer que los inversores sean más cautelosos al considerar invertir en el país. En resumen, el mensaje sería uno de cautela y preocupación sobre la dirección fiscal y política del país.
La aprobación de un presupuesto por decreto, especialmente con un déficit de 12 billones, podría tener varios efectos negativos para la economía nacional. Podríamos ver una disminución de la confianza inversionista, llevando a una reducción de la inversión extranjera y nacional. Esto podría resultar en menor crecimiento económico y una posible subida de la inflación. Además, la falta de debate y aprobación congresal podría afectar la calificación crediticia del país, dificultando el acceso a préstamos internacionales a tasas favorables. También existe el riesgo de una mayor inestabilidad política y social, derivada de la falta de transparencia y participación en el proceso presupuestario. Finalmente, la implementación de medidas de austeridad para compensar el déficit podría impactar negativamente a sectores específicos de la población y afectar programas sociales cruciales. Es importante tener en cuenta que estos son posibles efectos, y su magnitud dependerá de cómo se maneje la situación en el futuro.
Hernán Baquero Bracho