El próximo mes de Octubre vivirá el país un trascendental proceso democrático, cual es la elección popular de jóvenes entre 14 y 28 años para conformar los Consejos Municipales y Locales de Juventud, una instancia de participación política amparada en la Ley Estatutaria 1885 de 2018 que permite que todos los municipios de Colombia, así como las localidades en los distritos de Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta, cuenten con un cuerpo representativo de mujeres y hombres jóvenes que se han de ocupar de asuntos claves de política pública que vincula a la juventud y que requieren de una mirada propia. La Ley 1885, que modifica la Ley 1622 de 2013, se funda en el principio constitucional de permitir y favorecer la participación ciudadana en los asuntos del Estado, de donde deriva el deber de abrir y garantizar para la población adolescente y joven nuevas y mejores oportunidades de “formación integral”, entendiendo en ella la “formación política” para hacer de ellos personas capaces y competentes para su participación en organismos públicos “que se ocupen de su protección, su educación y sus oportunidades para fraguar su progreso”. De allí que hayan sido abiertos estos espacios de participación en los que los hombres y mujeres que son elegidos asumen la vocería de sus iguales en la toma de decisiones de resorte público y en los asuntos que les conciernen en materia de su educación y su preparación para la vida productiva, entre tantos otros temas esenciales para sus vidas. En mejores palabras, se busca consolidar una oportunidad de participación democrática para que los jóvenes tengan voz y voto por intermedio de sus representantes, en medio de la formalidad de los Consejos Municipales y Locales de Juventud de sus ciudades y municipios, para incidir así en la construcción de un futuro más promisorio y acorde con sus expectativas y sus imaginarios de futuro.
No se trata, mi querido amigo, de un asunto menor. Tampoco se cumple por salir del paso. En realidad, debe verse como una oportunidad temprana que ofrece la Constitución y la Ley para aquellos jóvenes que acarician en su interior un sueño político genuino, lo cual puede ser extraordinariamente saludable para una sociedad que, como vemos con el correr de los días, se hunde en la apatía y la pereza frente a sus responsabilidades sociales. Los cientos y acaso miles de jóvenes que se han puesto de pie para aspirar a su elección merecen total reconocimiento y respaldo de parte de la sociedad, por todo lo que significa para ellos el haber roto cualquier asomo de temor e incertidumbre y haber adoptado, a cambio, la actitud valerosa de hacerse elegir para trabajar en asuntos que significan mucho para la vida de los jóvenes como colectivo al que les asiste un fuerte derecho a la protección y el buen apalancamiento de oportunidades para el mejor desarrollo de sus vidas. No se alzan estos jóvenes con el propósito de salir a buscar intereses mezquinos y prebendas personales, eso podemos tenerlo completamente seguro, sino que se ponen de pie para asumir una responsabilidad que les enorgullece y les da mucho valor civil. Sólo hay que ver cuánta satisfacción y arrojo se refleja en sus rostros cuando se anuncia su candidatura frente a sus iguales y a sus mayores. Coincidamos en que esto es algo realmente dignificante en momentos en los que el país sufre tanta decepción y angustia.
Lo más particular en todo esto es que haya contradictores, lo cual te puede parecer una aberración. Así como puede suceder que veamos aquellos jóvenes que marchan por ahí en natural alboroto pregonando sus campañas, también podemos tropezar con alguno que otro que esconde su cara para afirmar que “son semillas de políticos que llegarán algún día al Congreso a portarse igual o peor que los políticos mayores…”, lo cual no deja de ser una sentencia atrevida e injusta, o algo menos que una calumnia que condena de antemano a todos aquellos jóvenes a la desgracia de ser señalados “peores que sus antecesores”, sin siquiera darles oportunidad de intentar conseguir el sueño de ser elegidos. Tan cruel e indolente es nuestra propia sociedad con nosotros mismos.
Aun así, son muchos los ciudadanos que ven el proceso como un alivio, como una luz en buena hora, como una gota que refresca, como un soplo de vida nueva en el que los jóvenes pueden tomar el papel conductor que se les tiene reservado para que puedan proyectarse en toda su capacidad y genialidad creativa. Esa visión nos debe gustar muchísimo más, porque nos da la oportunidad de creer, y confiar acaso, en que las cosas han de mejorar a pesar de toda adversidad enquistada en cada rincón de nuestro país. Mejor es, entonces, que la sociedad acoja y blinde a esos muchachos y muchachas que han decidido tomar el liderazgo de sus propios destinos y marcha atrás de ellos para asegurarles el mejor suceso, ¿no te parece?
Y aún puede tropezarse uno en el camino con quien no quiere ni hablar del asunto, cosa que es bastante frecuente en un país como el nuestro. Incluso, es probable que afirme con su cara muy en alto que “no le gusta la política”, o “que no quiere saber nada de ella”, o “que todos los políticos son iguales de ladrones”, como si se tratara del peor mal que existe en la naturaleza, cuando en realidad puede ser totalmente, al contrario. Habría que comenzar por dejar con él muy bien entendidas las diferencias, para poder avanzar en los aspectos realmente importantes que tienen el poder de acercar a las personas en torno a los puntos que son de interés común y que no levantan debate. Así, de ese modo, el paisano que nos contradice entendería que la elección de los jóvenes no es una simple cuestión política, como él cree, sino que es una profunda cuestión de Derechos: el derecho a elegir y ser elegido, que en stricto sensu no tiene nada que ver con la política. Sería más adecuado que nuestro contradictor se percatara que los ciudadanos se movilizan en ejercicio de sus derechos constitucionales, como sería “su derecho a votar”, o “su derecho a elegir” a alguien como Presidente, o Senador, o lo que corresponda, sin que ello necesariamente signifique participar en política, sino que más bien representa el ejercicio efectivo de los derechos civiles de cada ciudadano. Por esta razón es que los jóvenes han atendido el llamado a hacer parte de los Consejos de Juventud, porque es su derecho, y porque son libres de hacerse elegir cada vez que crean tener los méritos suficientes, y porque están seguros y seguras de tener la capacidad e idoneidad necesarias para desempeñar un buen papel en el terreno de lo gubernamental. Si esta malla de consideraciones logra ser suficiente, el personaje que nos critica puede aproximarse a entender que, en esencia, no estamos hablando de política, pero sí de Democracia, es decir, del ejercicio libre de participar en las instancias del poder constitucional por intermedio de los procesos de elección. Entonces, ¿cuándo comienza la política? Cuando esa persona que ha sido elegida asume responsabilidades y tareas que tienen que ver con los asuntos de toda la sociedad, es decir de todas las personas, sin distinciones de clase o de condición. A ese conjunto de temas lo podemos llamar los Asuntos Públicos, es decir los que tienen que ver con los intereses y valores del pueblo. A esto es que están llamados los políticos: a ocuparse de los asuntos del pueblo, es decir, de los asuntos de todos. En consecuencia, cuando un político – que también un funcionario público- llega a ocuparse de sus asuntos personales y su propio beneficio, por encima y en perjuicio de los intereses y valores públicos, a ese personaje se le considera delincuente por corrupción y la Ley tiene todo lo necesario para encargarse de él. Allí aparece la diferencia entre un buen y un mal político, según la forma como se desempeña en curso de sus responsabilidades, lo cual no tiene nada que ver con la circunstancia de haberse hecho elegir – o acaso nombrar en cargo de poder público -, sino en la forma como se desempeña en sus funciones.
Bueno, sí el paisano de esta historia insiste en que “no le gusta la política y no quiere saber nada de ella”, tenemos que darle la razón, dejándole entender con claridad que puede rehusarse a saber de todo asunto público porque ello hace parte de su libre criterio, que también es su derecho, pero que está confundido, y aún más, equivocado, si insiste en rehusarse a hacer uso de sus derechos constitucionales en el libre ejercicio de la Democracia, porque ello le priva de la oportunidad de elegir a quien, en su criterio, estaría mejor para gobernar y manejar los valores públicos que directa o indirectamente le conciernen. Si su claridad aumenta, entenderá de paso que es con su participación que puede contribuir al mejoramiento de las instituciones y de su propio país.
Al final, quizás nuestro amigo contradictor llegue a darse cuenta del tremendo valor que tiene el proceso de elección que vincula a los adolescentes y jóvenes de todo el país en los Consejos Municipales y Locales de Juventud, de modo que tal vez coincida con nosotros en que éste es un momento muy grande para la Democracia de nuestro país. Puede ser que, después de todo, lo piense un poco mejor la próxima vez que le corresponda salir a votar.