Recientemente, concretamente en la última semana del pasado agosto, ocurrieron dos hechos que nos indican una inequívoca señal de que segmentos clave de la ciudadanía y de los trabajadores del sector minero, por fin, están despertando y tomando conciencia sobre la preocupante amenaza que se cierne sobre la sostenibilidad de su principal fuente de ingresos -comerciales y laborales- que podría afectar seriamente el nivel de vida de sus familias y de las comunidades, si se concretan los deseos y las acciones del gobierno nacional para marchitar aún más las operaciones y restringir las exportaciones de carbón de La Guajira y el Cesar.
El primer hecho fue la marcha, espontánea y empoderada, que se realizó el pasado 28 de agosto por parte de la comunidad de Albania, a la cual se unieron representantes de otros municipios, en la que participaron comerciantes, emprendedores, contratistas, trabajadores, prestadores de servicios y padres de familia, con el firme propósito de protestar pacíficamente contra los continuos bloqueos que no solo afectan a la empresa Cerrejón sino también a miles de familias guajiras que dependen del empleo y de los beneficios que ésta genera. Su subsistencia depende en gran medida de la operación minera del Cerrejón.
El segundo hecho destacable lo protagonizó el sindicato “Sintradrumond”, quien mediante comunicado público rechazó la política antiminera del gobierno nacional. Su decisión es una contundente respuesta, que refleja la preocupación de sus directivos y afiliados, por la posición del presidente Petro, que incluye sus ataques, injustificados y permanentes, y su deseo de cerrar apresuradamente la minería del carbón, sin hacer previamente una transición energética gradual y ordenada que faciliten la reconversión laboral y económica, creando una situación de enorme incertidumbre para miles de trabajadores directos e indirectos que hacen parte del encadenamiento productivo, con la que está impactando negativamente a la economía regional, en primer lugar, y a la de todo el país por sus efectos macroeconómicos.
Lo incomprensible e insólito es que se quiera acabar con la minería del carbón en La Guajira y el Cesar cuando su consumo en el mundo está aumentando, tal como lo registran las cifras publicadas por Fenalcarbón: 8.772 millones de toneladas en 2024, esperándose un incremento hasta llegar a 8.900 millones de toneladas en este año 2025. La producción total de Colombia no alcanza a llegar al 0.7% de ese total estimado para este año. Luego es evidente que se están sacrificando las oportunidades de ingresos y de desarrollo de estos territorios cuando la contribución a la producción de gases de efecto invernadero del país es prácticamente despreciable.
La terquedad ideológica de este gobierno nacional lo está llevando a decisiones, basados en falacias, que tienen un alto costo social, que impactan fuertemente al pueblo colombiano, sin generar ningún beneficio para la región ni para el país. Menos aun para el planeta, pues el carbón que se deja de producir en Colombia lo continuaran produciendo otros países, satisfaciendo la creciente demanda.
Aunque aún existe división en este tema dentro del sindicalismo minero energético, se espera que las demás organizaciones sindicales reflexionen juiciosamente al respecto y terminen dando prioridad a los intereses de subsistencia de los trabajadores -razón de su existencia- y sus familias por encima de sus intereses políticos e ideológicos.
Ya el poderoso sindicato de Ecopetrol conocido como la USO, “Unión Sindical Obrera”, se ha manifestado en contra de la actual política petrolera. Aún persisten las diferencias sobre cómo hacer la transición energética, luego de una reunión posterior que se organizó, debido a que el presidente Petro no asistió a la reunión inicialmente acordada con este sindicato porque, según él “terminé dormido y no me despertaron”
Álvaro López Peralta