El pasado 15 y 16 de agosto en Barranquilla, tuve la oportunidad de participar en el 11º Foro Energético de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), ‘Energía confiable para la competitividad y el desarrollo regional’. Después de dos días de deliberaciones y exposiciones de expertos, quedan varias reflexiones.
Primero, transición en reversa. La transición energética y la carbono neutralidad, son parte de la agenda global y, en el caso de Colombia, la apuesta por la transición energética empezó hace 20 años cuando se inauguró el primer parque eólico en Uribia (La Guajira), desde entonces veníamos avanzando Gobierno a Gobierno; por ejemplo en materia legislativa, con las Leyes 1715 de 2014, que regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Enérgico Nacional; la 2099 de 2021, sobre transición y dinamización del mercado energético o el documento Conpes 4075 de 2022 que establece la Política Pública de Transición Energética. Paradójicamente, aunque Petro ha centrado su discurso en el tema, después de dos años no es clara la hoja de ruta, y el país ha retrocedido 10 puntos en el Índice de Transición Energética, pasando entre 2021 y 2023 del puesto 29 al 39 a nivel global.
Segundo, seguridad energética en riesgo. Aunque Colombia es un país de baja emisión de gases efecto invernadero (0,57 a nivel mundial) y con una matriz energética limpia, el Gobierno ha hecho una apuesta desde el radicalismo ideológico contra el sector minero energético, poniendo en riesgo la seguridad, sostenibilidad y soberanía energética del país. El Gobierno no ha entendido la necesidad de lograr la coexistencia de fuentes que permita superar la intermitencia de renovables como la solar y la eólica; tampoco que cada país tiene que diseñar su propia transición a partir de su realidad ambiental, económica y social; y que tenemos que ir al ritmo que va avanzando la innovación sin dar saltos al vacío.
Hoy está creciendo más la demanda que la oferta. Las subastas han sido insuficientes y de los 78 proyectos de solares y 2 de eólicos que debían entrar en operación los últimos 2 años, solo el 35% avanza según los planes, el otro 65% tiene retrasos por trámites ante distintas autoridades o por conflictos socioambientales, según estudio de Ser Colombia. Más la caída de las reservas de gas (6,1 años).
Se debe evaluar el balance entre oferta, demanda y resultados de energía en firme. Solo 6 de cada 10 megavatios de las asignaciones en subastas previas entraron en operación y menos de 3 de cada 10 lo hicieron en la fecha programada. Ojo, porque según análisis del Banco de Bogotá, cada hora de racionamiento costaría $200.000 millones; por eso deberíamos garantizar más generación, redes de transmisión y distribución, desarrollo de sistemas de almacenamiento y mayores eficiencias.
Tercero, construir sobre lo construido. El sector energético es clave para el desarrollo social, económico y ambiental del país. Necesitamos proteger la arquitectura institucional que se creó en los 90, cuando se introdujo la competencia, la inversión privada, y se eliminó la integración vertical, separando transmisión, distribución y generación. Necesitamos el rol técnico del Estado como supervisor y regulador. Confianza inversionista a partir de la estabilidad jurídica y seguridad física. Y acuerdos desde el diálogo de todos los actores sin radicalismos ideológicos, a partir de datos, estudios técnicos e información científica.
Posdata, 1. Reconocimiento a la Procuradora Margarita Cabello, por su valerosa exposición. 2. El control de precios es una pésima fórmula. 3. La energía más cara, es la que no se tiene.
Paola Holguín