El 10 de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional de los derechos humanos, el mismo día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.
Infortunadamente en nuestro departamento fue declarado el 8 de mayo de 2017, por la Corte Constitucional, el Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) en La Guajira, fundamentados en la vulneración sistemática y generalizada de los derechos constitucionales de los niños y niñas wayúu, que tuvo como consecuencia la muerte de más de 4.770 menores por causas asociadas a desnutrición. En la sentencia T-302 de 2017, la Corte emitió 210 órdenes para que 25 instituciones trabajasen por la protección de los derechos del pueblo wayúu al agua, la alimentación y la salud, entre otros.
Desde entonces, el Estado de Cosas Inconstitucionales sigue vigente; la mortalidad infantil por causas asociadas a la desnutrición en La Guajira, sigue superando el promedio nacional y los planes de acciones requeridos por la Corte, continúan siendo un saludo a la bandera.
En la más reciente visita del señor Presidente de los Colombianos, Gustavo Petro Urrego, manifestó públicamente su inconformidad, como lo ha hecho cada presidente que viene al departamento, planteando propuestas muy similares a las anteriores como, pilas públicas, pozos profundos, calidad de agua y alimentación oportuna; lamentablemente el apellido adoptivo impuesto por el centralismo a La Guajira, ‘corrupción’ no fue ajeno a su discurso.
Sobre esto, quiero recordar a Gabriel García Márquez, cuando escribió acerca de la educación en Colombia en un documento titulado ‘Por un país al alcance de los niños’: “Somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas mientras las causas se eternizan. Nos han escrito y oficializado una versión complaciente de la historia, hecha más para esconder que para clarificar, en la cual se perpetúan vicios originales, se ganan batallas que nunca se dieron y se sacralizan glorias que nunca merecimos. Pues nos complacemos en el ensueño de que la historia no se parezca a la Colombia en que vivimos, sino que Colombia termine por parecerse a su historia escrita”.
En nuestro país pasan cosas curiosas, inclusive, desde la normativa vigente, si en Colombia ocurre un hecho de sangre con trascendencia mediática, alteración de orden público o desastres naturales se mueve toda la institucionalidad en torno a dichas situaciones con consejos de seguridad, puestos de mando unificado, traslado al sitio de los hechos, ¿por qué no han surgido consejos de seguridad y soberanía alimentaria cuando fallecen nuestros niños por causas asociadas a la desnutrición, y se mueve toda la institucionalidad al lugar de los hechos para implementar soluciones? Aclaro que en nuestra ley no existe tal consejo, pero lo que si se hace perentorio, es la presencia institucional para atender esta problemática en el momento en que se presentan los casos, obviamente, con medidas realmente efectivas para erradicar este flagelo de nuestra nación, lo ideal es que estas muertes nunca ocurran.
Definitivamente, si el gobierno nacional y departamental no cumplen con estos mínimos constitucionales: agua, alimentación, salud, movilidad, información, transparencia, sostenibilidad y participación, establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia T-302 de 2017, en La Guajira, no podremos testificar sobre el cumplimiento de la protección de los Derechos Humanos.
“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad”. Nelson Mandela.
Misael Arturo Velásquez Granadillo