Como en todas sus áreas de desempeño, la actual administración es incapaz de controlar la corrupción como casi todo lo demás. Son épicas sus omisiones y embarradas en seguridad, en manejo administrativo, en comunicaciones y en todos los frentes de acción a cargo del ejecutivo.
Por ello ¡que sorpresa va a haber! en que, por doquier, la supuesta promesa de cambio en cuanto a corrupción, como en todo lo demás, no sea sino eso: una promesa vacía.
En la medida que se desenvuelve el más sonado y reciente caso de corrupción alrededor de la compra de 40 carrotanques para el transporte de agua potable, se evidencia sin embargo un tejido de corrupción que, aparentemente, ya no responde simplemente al descuido y desgreño con el cual opera en todos los frentes este gobierno.
Se empiezan a ver en las destorcidas de los imputados, otras facetas del fenómeno de corrupción.
En lo que, sin lugar a dudas, fue una iniciativa presidencial, enmarcada en la retórica miserabilista del abandono y la corrupción en la Guajira, nace la iniciativa de aliviar, de inmediato y a las volandas, la sed de los niños de ese triste departamento del país.
Y ahora sabemos, o por lo menos se afirma en clave de cooperación judicial, que la oportunidad, calva como pocas, de atender la crisis endémica en el suministro de agua potable en la región a través de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres (UNGRD), un esperpento burocrático exento de todos los controles ordinarios sobre la contratación administrativa, diseñado para robar y desde el cual se viene robando desde gobiernos anteriores, no fue simplemente aprovechada para el propósito clásico del corrupto de marginar ampliamente sobre las compras públicas. Claro que eso también se dio, habida cuenta del estrambótico sobre costo.
Ahora se alega que el gobierno, desde Casa de Nariño, en la medida en que hay evidencias del grave compromiso de dos consejeros de Palacio, habría encontrado en la corruptela el camino con el cual financiar supuestamente el soborno de votos y miembros claves del congreso para aceitar la maquinaria legislativa en el trámite y aprobación de sus funestas reformas “sociales”.
No podemos acusar a este gobierno de haber estrenado este asqueroso mecanismo. En varios gobiernos anteriores, cuando verbigracia lo que se buscaba obtener del congreso o de las cortes eran apoyos o miradas amables a los despropósitos de las negociaciones de la Habana, se denunciaron generosos contratos de abogados, de gestión publicitaria, de asesoría, que se explicaban únicamente como herramienta para ordeñar efectivo de las arcas públicas para, a su vez, comprar conciencias en el legislativo, en el jurisdiccional y, como no, en la prensa y en la academia.
La mecánica de convenios interadministrativos con entidades descentralizadas, muchas en las regiones exentas de las obligaciones del SECOP 2, es siniestra y generalizada.
Si se quiere frenar de inmediato la corrupción directa, la de la robadera pura, o la indirecta que es aquella que extrae por medio de contrataciones indebidas recursos para otros fines corruptos como comprar conciencias y votos, debe eliminarse de plano y sin excepciones la figura de estos perversos convenios.
Así mismo, todas las entidades descentralizadas del orden nacional y territorial, sin excepciones, deben entrar de inmediato al SECOP 2.
Esperpentos como la UNGRD deben eliminarse de tajo. Justificada bajo la premisa de la urgencia, no ha sido sino fuente interminable de corruptelas, obras inútiles, soborno de poblaciones y recurtidero de oscuros personajes. Y en lo estructural en utópica su misión, representa fracaso tras fracaso.
En las regiones, las concesiones de bienes y servicios públicos deben ser reguladas bajo premisas financieras que impidan los cientos de esperpentos que se conocen en basuras, alumbrado público, vías arterias, cámaras de tráfico y muchas más iniciativas que generan rentas atadas a 15, 20 o 30 años con base en fondos de capital chimbos y perjudiciales.
Las nóminas paralelas, institucionalizadas con los contratos u órdenes de prestación de servicios, son la herramienta base para la corrupción política y electoral, afincando en el poder dinastías y hegemonías políticas que premian a sus bases con contraticos que en nada contribuyen a la acción efectiva del estado y les permiten monopolizar el grueso de la gran contratación de entes territoriales, secretarías o entes descentralizados. Hay que prohibirle al estado que tenga prestación de servicios por encima del 5 o 10% de la nómina y por periodos de más de un año en cada contrato sin posibilidad de reenganche y flexibilizar la modificación de las plantas y los despidos de empleados oficiales y servidores públicos de cualquier grado o formato de vinculación. Debemos dinamizar y generalizar la vigencia de la ley 909 de 2004, sin excepciones ni contemplaciones. La apuesta debe ser por una función pública gerencial y profesional como otra herramienta para frenar la corruptela.
Además, debemos empezar a generar un listado grande de ciudadanos comprometidos con el bien común, muchos de ellos con valiosa experiencia en lo público, transparentes y profesionales, para que no se deba acudir exclusivamente al dedo nominador de los clientelistas y politiqueros cuando en 2026 sea necesario retomar el poder para reconstruir el país. No podemos seguir teniendo alcaldes, gobernadores y presidentes que llegan a improvisar perfiles y a atender favores con quienes tendrán que abocar la difícil tarea de encarrilar el estado colombiano hacia el éxito y la excelencia operativa como premisa para impedir en 2030 el retorno de la izquierda al poder.
La corrupción no es inevitable. Las acciones propuestas son casi que evidentes. El problema radica en que muchos siguen persiguiendo el poder para aprovecharse de ella o utilizarla para amarrarse al poder, ahogar la crítica y pervertir la democracia.
Enrique Gómez Martínez