La situación energética en la Costa Caribe de Colombia ha alcanzado un punto de inflexión alarmante. Mientras el resto del país enfrenta incrementos en las tarifas de energía, la Costa Caribe se ha visto sometida a un aumento desproporcionado y devastador. Este problema, que ya era severo, se ha exacerbado con la ineficiencia y la falta de una respuesta contundente por parte del gobierno. Hoy, como líder política y ciudadana de la región, levanto la voz en nombre de millones de colombianos que padecen esta injusticia energética.
Los gremios ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS y NATURGAS han presentado al presidente Gustavo Petro una serie de propuestas para abordar esta crisis. En su misiva, delinearon factores que han contribuido a este aumento de tarifas, tales como la estrechez entre la oferta y la demanda de energía y la demora en la implementación de proyectos energéticos. Propusieron medidas como asignar $2,5 billones del Presupuesto General de la Nación para aliviar a los usuarios de la Costa Caribe y cubrir el 50% de las pérdidas durante seis meses con un aporte adicional de $1 billón. Estas iniciativas buscan una reducción inmediata y tangible en las tarifas, un alivio necesario para las familias caribeñas.
Sin embargo, estas propuestas, aunque necesarias, apenas arañan la superficie de un problema mucho más profundo. La modificación de la Ley 142 de 1994, argumentan los gremios, no ofrecerá soluciones a corto plazo. Pero, ¿Qué pasa con la responsabilidad del gobierno en garantizar que las tarifas de energía no se conviertan en una carga impagable para los ciudadanos? La gestión ineficaz y la falta de una visión clara para el sector energético son, en gran medida, responsables de la crisis actual.
La respuesta del gobierno, hasta ahora, ha sido insuficiente. Mientras el promedio nacional de incremento en las tarifas de energía fue del 22,4% el último año, en la Costa Caribe las tarifas aumentaron un 37,19% en Sincelejo y un 37% en Valledupar. En Barranquilla y Cartagena, el incremento fue del 32% y 35,88%, respectivamente. Estas cifras son casi el doble del promedio nacional, una carga insoportable para una región ya golpeada por la pobreza y el desempleo.
Por esta razón el pasado jueves 11 de julio, las calles de Riohacha se iluminaron con antorchas y faroles, un símbolo de resistencia y esperanza en medio de la oscuridad que ha traído la crisis energética en la Costa Caribe. Como líder política y ciudadana de La Guajira, tuve el honor de marchar junto a miles de ciudadanos que, al igual que yo, están cansados de la injusticia y el abandono.
La Gran Marcha de Antorchas, organizada por el Frente Amplio para la Defensa de los Servicios Públicos Domiciliarios de La Guajira, fue un evento sin precedentes. Nos unimos líderes, lideresas, representantes de movimientos políticos, dirigentes comunales y ciudadanos para exigir un cambio. Sentí un profundo orgullo al ver a tantas personas, desde jóvenes hasta ancianos, caminar con determinación, iluminando la noche con su luz.
Nuestro clamor era claro: no más privatización de los servicios de agua y alcantarillado en La Guajira. Las altas tarifas de la empresa Air-e y la deficiente prestación del servicio de Aqualia han sido una carga insostenible para nuestra región. Exigimos la derogatoria del régimen especial tarifario y tarifas justas y pagables. Pero más que eso, exigimos dignidad.
Escuché conmovida a Emilsa Rojas Atencio, una de las organizadoras junto a Felipe Rodríguez, Luis Fernando Guerrero, Álvaro Romero, Armando Roncallo, y los honorables diputados de La Guajira Luis Fernando Lobo y Arnoldo Marulanda.
Emilsa recordó que hace dos años se realizó una marcha similar cuando el kilovatio costaba 864 pesos, y hoy en día ha ascendido a 1.164 pesos. “Tenemos que elevar voces de protesta, salir de este letargo y exigir derechos”, y su voz resonó con la fuerza de nuestra lucha.
La marcha fue un reflejo del proceso de construcción de democracia y participación ciudadana que el Frente Amplio de Usuarios de los Servicios Públicos ha venido desarrollando con las Juntas de Acción Comunal y las Ligas de Usuarios. Durante el recorrido, escuchamos consignas en contra de las empresas de servicio público de energía y agua, manifestando nuestro inconformismo por los altos costos de los recibos y la deficiencia en el suministro de agua potable.
Como líder política, me siento profundamente conmovida y comprometida con esta lucha. La solución a nuestros problemas depende de la unidad de todos. La crisis en la prestación de los servicios públicos nos exige unificarnos y cohesionarnos si queremos incidir en la solución de la crisis.
Este no es solo un grito de descontento, sino también un llamado a la esperanza y a la acción. Hemos demostrado que, unidos, podemos exigir y lograr cambios significativos. La historia nos ha enseñado que la voz del pueblo, cuando se levanta unida y firme, puede cambiar el rumbo de los acontecimientos.
El presidente Gustavo Petro y su administración deben adoptar una postura más firme y decidida frente a esta crisis. Hasta ahora, las acciones del gobierno han sido más reactivas que proactivas, con medidas temporales que no abordan las raíces del problema. La inacción no es una opción. La ciudadanía caribeña no puede seguir soportando una carga financiera tan pesada, especialmente en medio de un sofocante calor y condiciones de vida difíciles.
La Guajira y Riohacha poseen todo el potencial para ser una región líder en energía. Tenemos recursos naturales en abundancia: gas, carbón, y vientos continuos en la Alta Guajira. Además, la represa del Río Ranchería, un proyecto con un inmenso potencial de generación de energía, ha sido tristemente abandonado. Esta riqueza natural nos brinda una oportunidad única para alcanzar la soberanía energética.
La soberanía energética no es un sueño inalcanzable; es una meta que debemos perseguir con determinación y visión. Invertir en infraestructuras adecuadas y proyectos de energía renovable no solo aliviará la carga financiera de nuestras familias, sino que también impulsará el desarrollo económico y social de nuestra región. La generación de energía propia nos liberará de la dependencia de empresas privadas que no han estado a la altura de sus responsabilidades.
La bancada caribe en el Congreso tiene un papel crucial que desempeñar en esta lucha. Durante demasiado tiempo, nuestros representantes han permanecido en silencio o han ofrecido soluciones parciales que no abordan la magnitud del problema. Es hora de que nuestra bancada se una en una causa común, dejando de lado las diferencias políticas para defender a sus electores. Deben trabajar de manera coordinada con los gremios, la sociedad civil y los gobiernos locales para implementar una hoja de ruta clara y efectiva.
No podemos permitir que la situación energética en la Costa Caribe siga deteriorándose. La ciudadanía no puede seguir siendo víctima de un sistema que ha fallado en proteger sus intereses y garantizar un servicio esencial a un costo justo. Es hora de que nuestras autoridades, tanto locales como nacionales, actúen con determinación y responsabilidad para poner fin a esta crisis.
En este contexto, hago un llamado urgente a mis colegas en la bancada caribe. Debemos dejar de lado las diferencias políticas y unirnos en una causa común. La solución a la crisis energética en nuestra región requiere de nuestro esfuerzo conjunto y coordinado. Debemos trabajar con los gremios, los gobiernos locales y la sociedad civil para implementar una hoja de ruta clara y efectiva.
La ciudadanía caribe ha demostrado una capacidad de resistencia admirable, pero no podemos seguir pidiéndoles que soporten más. La situación actual es insostenible y requiere una acción inmediata. Presidente Gustavo Petro, la Costa Caribe necesita de su liderazgo y compromiso. No podemos permitir que esta crisis siga afectando la vida de millones de colombianos. Es hora de actuar y de hacerlo con firmeza y determinación.
La Costa Caribe no puede esperar más. La crisis energética es una cuestión de justicia social y económica. Es una prueba de nuestro compromiso con los ciudadanos que merecen vivir en condiciones dignas y justas. Unámonos en esta causa y trabajemos juntos para construir un futuro mejor para nuestra región. La historia juzgará nuestra capacidad de responder a este desafío. No dejemos que nuestros ciudadanos sufran más. Es tiempo de actuar y de hacerlo con la urgencia que esta crisis demanda.
Juana Cordero Moscote
Como ciudadanos costeños, tenemos derecho a un igual trato como el que se da en cuestiones de luz a los demas ciudadanos