La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, declaró en el Foro Económico Mundial en Davos que en Colombia “no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y petróleo. […] es una señal de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”. Sin embargo, según expertos y conocedores del tema, las declaraciones de la ministra han estado fuera de lugar.
La ministra Vélez se apoya en un controvertido estudio, hecho en volandas y con notoria falta de rigor técnico, en el cual llegan a la conclusión de no conceder nuevos contratos. El estudio, titulado Balance de contratos de hidrocarburos para la Transición energética justa está avalado por el Ministerio de Minas y Energía y por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), pero a la vista resalta que toda la argumentación está basada en cifras sesgadas, imprecisas y con mucha falta de rigor técnico. Es de anotar que la exviceministra Ruíz, quien aparece firmándolo, manifestó que su “nombre fue puesto allí para legitimar esas cifras y ese texto. Una vez leído, estoy en completo desacuerdo con ese documento”.
La realidad es que el documento no plantea que no se firmen nuevos contratos como lo quiere hacer ver la ministra. De acuerdo con Vélez, si se suman las reservas probadas, probables y posibles y, además, se les agrega el desarrollo de los recientes descubrimientos de Uchuva y el bloque integrado de evaluación hechos por Ecopetrol se garantizará el suministro de gas más allá del 2037. Y Va más lejos aún al asegurar que, si se le adicionan los recursos prospectivos actuales, se extenderá el suministro hasta el 2042. Las cifras de la ministra son cuentas alegres como las de la lechera de Samaniego, que nos enseñó la vanidad de girar sobre el futuro cuando ni el presente está seguro.
Según el presidente de la Asociación de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, Flover Rodriguez, no se pueden confundir los recursos probados, probables y posibles con los contingentes y prospectivos. Él dice que los prospectivos “están aún lejos de ser reservas, ya que estas deben ser descubiertas y ellas no lo son”. Dicho de otra manera, no se pueden sumar peras con manzanas.
Por lo demás, una de las mayores limitaciones del estudio es que no va más allá del mero balance de los contratos, cuando la decisión sobre si se firman o no nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos tiene unas implicaciones que van desde el impacto en la balanza comercial del país, el impacto fiscal, cambiario y también en la afluencia de inversión extranjera, entre otros.
Es evidente que los platos rotos de una decisión tan desatinada como la de marchitar la actividad hidrocarburífera en el país la pagarán los próximos gobiernos. Es irónico porque, debido al efecto inercial y a la actual coyuntura internacional, el cuatrienio de Petro será el de mayores exportaciones de petróleo y carbón, al alcanzar cifras récord en producción de volúmenes y en ingresos de divisas.
Es entendible la posición del director de Crédito Público y del Tesoro Nacional, José Roberto Acosta, al salirle al paso a la ministra Vélez y advertir que “no se ha tomado la decisión sobre la suscripción de nuevos contratos de exploración. No es una decisión de gobierno. Lo dicen las cifras, necesitamos más contratos de exploración”. Él la tiene clara, sabe que lo que está en juego es la estabilidad macroeconómica del país.
La ministra ha repetido hasta la saciedad que no cancelará los contratos vigentes. Pero de ello no es de lo que se trata, eso no está en discusión. Ni más faltaba que frenera en seco la actividad de la industria cuando hay de por medio unos contratos firmados. Se trata, según ella, de “un plan para aumentar las reservas de hidrocarburos, que consta de tres partes: potenciar contratos vigentes, destrabar los suspendidos y la utilización de técnicas como la del recobro mejorado”. El plan es plausible pero no es suficiente para la seguridad energética del país.
El recobro mejorado es una técnica que permite un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos petroleros en los campos maduros, aquellos que ya están en etapa de declinación. Para la ministra, “si hoy Colombia aumentara su factor de recobro a promedios internacionales, podríamos contar con un aumento de cerca del 15 % en nuestros recursos de petróleo”. No obstante, aumentar el factor de recobro demanda cuantiosas inversiones y el uso de técnicas sofisticadas de última generación, lo cual implicaría mayores costos de extracción del petróleo, que sólo se justificarían cuando las señales de precio y la regulación ambiental lo favorezcan. Entonces hay que superar muchas barreras para pasar del dicho al hecho. Eso no es como soplar y hacer botellas.
Cabe preguntarse, si Colombia renuncia prematuramente a los hidrocarburos, ¿con qué vamos a suplir las divisas que dejarán de ingresar y los ingresos que dejarán de percibir departamentos y municipios? Cómo asegurar los 350.000 barriles diarios que demandan las dos refinerías para garantizar el abastecimiento de combustibles. Bien dijo Aldoux Huxley que “los hechos no dejan de existir porque se ignoren”. La única forma de mantener y/o aumentar la producción de petróleo es acrecentando las reservas probadas, que son las únicas con las que se puede contar a ciencia cierta.
Amylkar D. Acosta M[1]
[1] Miembro de Número de la ACCE