Desde siempre, los Caribes y los cartageneros hemos sabido sortear, con mayor o menor éxito, los embates de un mar de leva que cambia el paisaje y destruye todo, tardando mucho tiempo en recuperar lo que el oleaje reclamó para sí.
Las instituciones, la economía y la moral colectiva de Colombia, está implosionando por veintiséis meses de improvisaciones, irresponsabilidades, ensayos catastróficos y deseos utópicos, por parte del gobierno Petro y su cohorte de activistas.
El último oleaje sostenido que se ha cernido sobre la economía colombiana, ha sido la desfinanciación del presupuesto general de la nación, cuya iniciativa oficial no ha sido aprobada en el Congreso de la República, y que genera una inédita incertidumbre sobre su vigencia por decreto por parte de presidencia. Como se esperaba, a mediados del presente año, la hacienda pública tuvo que aceptar que era necesario un recorte en los gastos para poder cuadrar cuentas, en virtud de que los ingresos y los recaudos estaban cayendo en términos de periodos comparativos anuales y se requería un ajuste de 50 billones. A ello se le suma que muchas expectativas de ingresos y recaudos para 2025, que contienen el mismo horizonte especulativo del presupuesto fallido del presente año con agravante para el déficit fiscal, presenta un escenario similar de incertidumbre e imposibilidad de alcanzarlo, lo que generó la no aprobación del legislativo, más aún que esas contingencias debían cubrirse con una ley de financiamiento que es, realmente, una segunda reforma tributaria sin ninguna certeza de efectividad.
Por supuesto, la amenaza del ejecutivo no se ha hecho esperar: menos recursos para los territorios, nueva reforma tributaria y condiciones a los mandatarios de la Región Caribe para definir el inequitativo e injusto costo de las tarifas de energía.
Como bien lo ha dicho un ex ministro: “El Gobierno se ha empecinado en un monto de 523 billones en el que terminan sumando peras con manzanas, ingresos ciertos con ingresos contingentes, que dependen de que el Congreso apruebe otra reforma tributaria”.
En resumen, una simple reflexión aquí: si crecemos en la economía muy por debajo del 1% anual, es materialmente imposible crecer en recaudos e ingresos; esto es, un A, B, C, elemental para un primer semestre de ciencias económicas. Si a ello le sumamos la falta de inversión, la parálisis del sector minero – energético, el mayor gasto que agranda la brecha fiscal, mayores impuestos y los mensajes cavernarios del presidente que aterra a los mercados internacionales, tenemos la marea perfecta.
Pero el mar de leva comenzó hace veintiséis meses, arrasando no solo con los sectores productivos, sino inundando todas las instituciones democráticas que este país ha construido en 200 años de historia republicana, con todo su legado de tradiciones, cultura, división de poderes, estado de derecho y de bienestar.
En estos dos últimos años, Colombia tiene un feo indicador de aumento de la pobreza; la tercera parte de los habitantes del país es pobre; es decir, la gente con inseguridad alimentaria asciende a 18.6 millones de personas, hoy. Este gobierno está arrasando con el sector minero – energético – gasífero de este país, el cual tiene unas inmensas posibilidades de crecimiento sostenido a veinte años vista, mientras se planifica con orden y números, la tan lloriqueada transición energética. Así mismo, las instituciones cafeteras que aglutina a más de medio millón de caficultores están en riesgo de ser estatizadas, intervenidas, para quedar en manos de multinacionales. El sector turístico y hotelero apenas sobrevive y cuadra cuentas, pero mirando la caída de San Andrés Islas en los últimos veinte meses, es claro que los factores de costos de transporte, impuestos e inseguridad, han dado al traste con el mayor patrimonio de la isla: su turismo de 365 días.
Y qué decir de la educación pública y privada de Colombia, hoy intervenida y amenazada desde adentro, a punta de distorsionar inconstitucionalmente los estatutos y reglamentos de los Consejos Superiores, o de sacar adelante una reforma educativa que incluya activistas ideológicos que rompan con los principios de libertad de cátedra, autonomía, calidad y pertinencia; así como el acceso a la educación y su permanencia, sin más condiciones que el esfuerzo y el nivel de competencia del egresado o del aspirante a docente.
Colombia se desintegra territorialmente debido al sostenido crecimiento de los grupos terroristas, criminales, narco traficantes y guerrilleros, que han crecido en más del 50% en cuanto a su volumen y controlan un poco más del 30% de los municipios del país, lo que es demasiado delicado y terrible, mirando las elecciones del 2026 que están en un riesgo cierto e inminente…, y demasiado lejos.
Los caribeños aunamos esfuerzos para erigir muros de contención cuando el mar de leva nos amenazaba con sumergirnos; con sacos de arena, con piedras y troncos de árboles, con los restos de baluartes y el calicanto del Castillo de San Felipe de Barajas, como ocurrió en la Cartagena del siglo XIX. Hoy, todos los colombianos demócratas y de bien, independiente a nuestra ideología política, debemos levantar un muro de contención contra el mar de leva del petrismo destructor, que es una amenaza real para todas las instituciones; para la moral colectiva y el deber ser ciudadano que no admite la violencia, la venganza, la criminalidad y la corrupción como principios de Estado.
Luis Eduardo Brochet Pineda