Las preguntas con la que inicio este arriesgado escrito son las que me hacen como Secretario de Educación Departamental en cada reunión, vías de hecho, mesa técnica o entrevista realizada en medios de comunicación ¿Por qué todos los años es lo mismo? Si saben que faltan docentes, aseadoras, vigilantes e inversión en infraestructura, así mismo transporte y alimentación ¿Cuál es la razón de la falta de planeación o gestión administrativa? Quienes me han escuchado las respuestas en esos escenarios han descifrado parte de la incógnita la cual se transforma en insatisfacción y se sustituye por esta ¿Cuándo cambiarán el modelo de competencias y transferencias del SGP (Sistema General de Participaciones)?
Hablando con el ilustre profesional y columnista Martín Barros Choles sobre este punto decidimos hacer un artículo a dos manos sobre como se ve desde el gobierno y como se ve desde afuera este tema que muchos desconocen pero que es la razón efectiva de las insuficiencias y limitaciones del sector que afecta directamente la prestación del servicio educativo en La Guajira en condiciones de calidad, pertinencia, eficiencia y oportunidad; sin embargo, hoy me le adelanto con algo menos técnico pero que hace una aproximación contextual a lo que tenemos actualmente en nuestro departamento.
Desde que se retomaron las competencias en agosto de 2021 la administración departamental se sorprendió con los resultados de la intervención por parte de la Administración Temporal quien era parte del Ministerio de Educación Nacional, pues se creía que se resolverían todos los problemas, sin embargo, increíblemente desde el sector central no se resolvieron los problemas históricos respecto a los faltantes en cuanto docentes, aseo, vigilancia, e infraestructura. Difícil panorama pues a la restitución de las facultades administrativas al departamento este estrenaba un nuevo escenario financiero configurado a través de la Resolución 2384 del 3 de diciembre de 2020, con la que el Ministerio de Hacienda aceptó la solicitud de la Gobernación de La Guajira para un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos establecidos en la Ley 500 de 1999.
A pesar de las limitantes financieras el gobierno departamental ha estado realizando las gestiones pertinentes encontrando respuesta asertiva por parte del Ministerio de Educación y sus funcionarios, además de aliados estratégicos tanto en el sector público como en el privado quienes nos han permitido exponer estas realidades y verificar desde las competencias de los diferentes niveles de gobierno como dar soluciones para compensar esa deuda histórica con la educación del departamento en especial con los niños, niñas y jóvenes beneficiarios.
Uno de las tantas gestiones ha estado en buscar el apoyo para lograr la ampliación del porcentaje de gastos administrativos definidos para la entidad territorial, con el fin de posibilitar la contratación de bienes y servicios en la tarea de garantizar la correcta prestación del servicio educativo pues la asignación a la Entidad mediante el documento de distribución No. 78 de Enero de 2023 define un porcentaje autorizado para estos del 8% , recurso insuficiente para costear los gastos de funcionamiento, dificultando la atención de las necesidades más representativas que requiere la Secretaría de Educación Departamental para garantizar la gestión institucional. Terminadas recientemente las mesas de trabajo esperamos en próximos días la oficialización del incremento autorizado el cual ha estado en el techo del 8.71% pero hemos insistido con documentos técnicos que se requiere como mínimo el 12%, de lograrlo se resolvería en adelante y para los próximos gobiernos la oportunidad de contratación de algunos bienes y servicios esenciales.
Increíble pero cierto que, a pesar de la intervención al sector educativo del departamento realizado por el mismo Ministerio de Educación Nacional a través de la Administración Temporal entre los años 2017 al 2021, en esos cinco años no se dejaron soluciones reales en temas ampliación de planta docente y directiva docente, lo que se puede evidenciar con el faltante de 432 docentes desde el año 2019 en consecuencia del aumento de más de 5.000 estudiantes que llegaron al sector oficial; lo mismo ocurre en cuanto a infraestructura educativa, pues desde el año 2011 no se han realizado inversiones significativas en el sector, ni que decir de dotación de mobiliario educativo, pupitres, menaje, cocinas, comedores y otros bienes necesarios para el día a día escolar.
Aprovecho la oportunidad para precisar lo que ocurre con los servicios de aseo y vigilancia en cuanto a la reclamación permanente de nombramiento de personal por aumento de demanda de esos servicios, los cuales por orden de la entidad nacional desde la expedición de la Ley 1176 del año 2007 no se realiza la creación de nuevos cargos para suplir las necesidades, en cambio se ordenó la atención por vía de contratación; eso es lo que explicaba párrafos precedentes pues con la aprobación de gastos administrativos actual no se alcanzan a financiar; además de la insuficiencia de medios logísticos para garantizar inspección y vigilancia en temas de colegios privados, educación terciaria y convivencia escolar, sin olvidar otros recursos fundamentales para la generación de ambientes escolares óptimos que aseguren la prestación del servicio educativo teniendo en cuenta las características contextuales de cada municipio no certificado a cargo del departamento.
Desde la Secretaría de Educación Departamental se ha dinamizado una estrategia de gestión que se fundamenta en demostrar que los recursos asignados por alumno atendido resultan insuficientes para cubrir los costos de personal, estrategias de acceso y permanencia (transporte y alimentación escolar) y ambientes escolares. Fundamentados en recientes estudios realizados por la sectorial de la Gobernación, se logró establecer que la asignación por cada estudiante atendido es muy baja, es decir, que el monto total recibido resulta limitado para cubrir los costos totales de los establecimientos educativos oficiales.
Otro elemento, estrechamente asociado con el anterior, se relaciona con el déficit originado en la insuficiencia de las asignaciones para calidad educativa, entendiendo que no obstante ser un rubro importante dentro del gasto público a nivel nacional, la educación pública sufre una desfinanciación estructural en el departamento de La Guajira con el esquema del SGP resultado del ajuste a que ha sido sometido el esquema de transferencias territoriales, eso de verificar que no reciben recursos para afrontar este reto que debe centrarse en la mejora de los resultados de las pruebas SABER y la implementación de la jornada única.
Ante ese panorama creeríamos que no hay salidas, pero como dice un refrán popular: ¡se están alineando los astros!; hemos encontrado un muy buen ambiente en el Ministerio de Educación Nacional, además de una madrina muy especial quien nos está apoyando en todas estas gestas y tareas pendientes. Somos optimistas con la consecución de recursos para ir resolviendo las necesidades de vieja data que afectan a todo el sector, pero también necesitamos del apoyo de estudiantes y comunidades en la generación de sentido de pertenencia y cultura cívica frente a la utilización adecuada del mobiliario, infraestructura, limpieza y la protección del patrimonio escolar.
Adaulfo Manjarrés Mejía