Hay que coger el toro por los cuernos, sobre todo ahora que no habrá corridas en Colombia. Nos queda, sin embargo, otro astado por capotear: el desorden monumental bajo el cual opera nuestra democracia y la necesidad de que lidiemos con temas de tal magnitud e importancia, que se han vuelto irreformables vía acto legislativo, por lo cual debemos convocar a una Asamblea Nacional Constituyente-ANC-. Miremos.
Sin constitución no hay estado de derecho. Es una norma superior que dice, grosso modo y con carácter obligatorio, cómo funciona el estado, cuáles son los derechos y deberes de los individuos, la separación de los poderes y sus tareas correspondientes, la armonía bajo la cual deben entenderse para administrar la vida de los nacionales y demás residentes, cómo funciona la democracia y los partidos, la organización electoral, el régimen económico y la hacienda pública y la forma como ella misma, la CP, se reforma. Como quien dice, todo, pero no todo, puesto que para que ella funcione debe por encima de cualquier consideración operar la libertad de pensamiento, el carácter irrenunciable de manifestarnos como individuos en el otorgamiento de poderes a quienes favorecemos con nuestro voto, el cual, para nuestro caso, no está condicionado.
Todos los países tienen un sistema como ese, bajo el cual operan las actividades del día a día, se enfrentan los problemas y se resuelven las controversias. El nuestro cambió su norma fundamental en 1991 de manera radical, y le ha hecho frecuentes modificaciones, unas adaptativas a los rumbos y las épocas, y otras originadas en vacíos de su texto original.
La pregunta fundamental entonces es: ¿Qué es lo que no se ha podido reformar y que afecta notoriamente nuestro actuar social?
Empecemos por la forma como se eligen los cargos de voto popular. Presidente, congreso, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, nos representan en una gestión que debe buscar ante todo el bien común. Pero son elegidos de una manera que pervierte el ejercicio de sus cargos, puesto que las campañas para llegar a ellos cuestan mucho, muchísimo más de lo que nominalmente se reconoce que valen. Las cifras acumulan dinero en cantidades inimaginables para quienes están lejos de la política, por lo que la financiación que prevé la ley para el trabajo de convencimiento de los electores es, lo menos, una broma pesada. Como esta realidad beneficia en últimas a la mayoría de los elegidos, su cambio implica la creación de un verdadero sistema de control electoral, independiente de los partidos y con unas facultades muy poderosas, dirigido por personas que, aun cuando militen en determinados movimientos reconocidos, sean públicamente considerados como HONORABLES. ¿Existen? Pues claro. Doctos, preparados, honestos, claro que los hay. Personas sin tacha. Ajenos a los malabares de la praxis política y con las espaldas curtidas en tareas profesionales diversas. Abogados, economistas, administradores, ingenieros, por encima del bien y del mal, cuya pulcritud sea reconocida por tirios y troyanos. Podrían prestarle un gran servicio al país, si se apersonan de hacer que el sistema electoral de verdad sea transparente.
De otro lado, son muchas las veces que los gobiernos de este siglo han intentado reformar la justicia sin éxito, buscando hacerla más expedita y dejar atrás el dicho de que la justicia cojea, pero llega, pues ya no llega ni cojeando. Ninguna reforma ha logrado su tránsito legislativo impecable, y si lo hace se cae en la revisión de su constitucionalidad. La llenan de micos. Le perforan sus fundamentos. ¿Porqué? ¿Quiénes? Buenas respuestas tendríamos si se dedicaran a espulgar las causas de tal historia. Una causa necesaria para agitar de nuevo los vientos de cambio constitucional a partir de una Constituyente. Con el apoyo de las facultades de derecho y las propias cortes se estudiarían textos apropiados que nos dieran bases más sólidas de adecuación de la justicia a un concepto de eficiencia y eficacia.
La corrupción carcome los cimientos de toda la funcionalidad colombiana. Ya pasamos por el intento de fortalecer de verdad lo que puede hacerse para vacunarnos contra esta gangrena. Botamos la plata. Los votos no lograron hacer de ese esfuerzo en agosto de 2018 algo eficaz, pues no contó con el respaldo popular requerido. Por eso, hay que pasarla, no como una consulta sino como un tema que con carácter y decisión avoque una constituyente.
Aparece un cuarto aspecto de gran relevancia y es el de buscar una mejor forma de que el estado solucione los problemas reales de la gente, con el cambio de responsabilidades, funciones y recursos asignados al gobierno nacional versus los gobiernos regionales y locales. ¿Ustedes han visto el desfile de alcaldes y gobernadores ante las autoridades nacionales para buscar financiar los proyectos sobre sus complejos problemas? No cuentan ni con los dineros ni con la capacidad técnica para atender muchos de ellos, tan viejos como el mismo país. Esta es otra rama de la institucionalidad indispensable de sacudir con verdadero sentido patriótico.
Con los cuatro temas mencionados en concreto podría convocarse una ANC por breve lapso y circunscrita a estos conceptos.
Los enemigos de la idea sostienen que esos cuerpos una vez elegidos asumen facultades omnímodas y voltean el país al derecho y al revés, abusan y terminan como un caballo desbocado. Pienso que es una cobardía democrática sostener que no puede darse un marco específico, controlado, para que unos delegados del pueblo, elegidos, no designados por nadie arbitrario, avoque conocimiento de cuatro específicos temas críticos. Claro que esto implica tramitar su convocatoria por el Congreso, lo que reduce la posibilidad de que se materialice, pero hay que intentarlo, así sea con una gestión que logre imprimirle mucha voluntad popular al tema.
No quiero con esto decir que todo funcione mal en el Congreso ni en la justicia, ni más faltaba. Pero el eje de todo, la balanza que debe ser equilibrada, hoy se inclina hacia el enlace de la corrupción con la elección. Una restringida fortaleza judicial y un desnivelado manejo de los problemas reales de nuestras poblaciones completarían la base de análisis de unos señores constituyentes.
El resto, la palabrería de una constituyente para aprobar unas reformas que quiere imponer el presidente Petro, es harina de un costal que no soluciona los verdaderos problemas. Ni siquiera aquellos que, no siendo problemas sino estructuras por mejorar, este gobierno los volvió tales y los aplastó, como vemos el caso de la salud, so pretexto de buscar facultades que nadie serio en este país está dispuesto a entregarle a Petro.
Nos hemos quedado estáticos y tolerantes en enlodar la vida nacional con la forma como se hace la política, conniventes en evitar la actualización de trámites para atender los conflictos que corresponden a la justicia, catatónicos frente a la organización territorial y la corrupción.
Reaccionemos. Votemos. Elijamos bien. Y sin miedo, pues parece ser éste el recurso favorito de los discursos presidenciales, cuando amenaza a cada momento con alterar las normas fundamentales. Estamos en Colombia. No nos vamos a dejar.