Entre las múltiples consecuencias nefastas de los acuerdos del gobierno Santos con las FARC, debe destacarse la repotenciación de diversas figuras que apuntan a la imposición, desde el gobierno central, de zonas de reserva campesina o el congelamiento de los usos agropecuarios, mineros, turísticos o urbanísticos en el suelo rural, de expansión o urbano del país desde el Ministerio de Agricultura.
Colombia está construyendo, desde el nivel central, con mínima conciencia y con toda clase de agendas ocultas ambientales, ideológicas, subversivas y narcotraficantes, una extensa gama de capacidades de intervención agresiva e incuestionable sobre la facultad constitucional de los municipios de regular su ordenamiento territorial. Aquí no solo está en juego la tan cacareada autonomía de los entes territoriales, sino la cooptación de las prioridades económicas y sociales de los habitantes y propietarios del suelo rural y de toda la economía nacional, por una élite radicada en Bogotá que se encuentra, o bien obsesa con el ambientalismo fatalista-radical, o bien sojuzgada a diversos intereses especiales locales, nacionales o internacionales que despliegan capacidad de lobby, convencimiento o adoctrinamiento en instancias nacionales plagadas de mediocres, activistas radicales o intelectuales y lagartos de pacotilla sumisos a los vaivenes de la moda o culpa del momento y carentes de fundamento práctico, conceptual y filosófico en las delicadas maneras de lograr un adecuado desarrollo sostenible.
Al extenso catálogo de medidas del gobierno central para intervenir el ordenamiento territorial municipal, desde la perspectiva ambiental y bajo la férula funcional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dentro de las cuales destacan los Parques Nacionales Naturales y la definición y delimitación de Complejos de Páramos y zonas de bosque seco tropical, se agregan los Parques Naturales Regionales establecidos por las CAR, municipios y departamentos.
Desde la órbita del Ministerio de Agricultura y con los pretéritos antecedentes normativos generados entre otros en la ley 160 de 1994, la caduca ley de reforma agraria que con su reforma de la ley 1152 de 2007 son sin duda las grandes responsables con la violencia del estancamiento y retroceso del sector agropecuario colombiano en las pasadas tres décadas perdidas, encontramos más instituciones que apuntan todas a empoderar a supuestas “comunidades campesinas” y productores agrícolas que tienen interlocución “especial” en Bogotá y capacidad para imponer usos del suelo ajenos a las realidades económicas y sociales de las regiones y municipios afectados.
De estas instituciones se resaltan las Zonas de Reserva Campesina (ZRC’s), una concesión histórica a las FARC incluida en la ley 160 de 1994 por esas élites colombianas siempre enamoradas de la agenda marxista guerrillera y convencidas de que la salida a la pobreza es el minifundio atrasado, aislado y costumbrista. De las ZRC’s ha emanado siempre el tufillo bolchevique de la “gestión colectiva del territorio” en la misma forma en que se regían los Koljoses de Stalin. Aquí es un eufemismo con el cual la subversión ha pretendido, desde hace décadas, legitimar el control territorial para el sojuzgamiento de poblaciones marginales o la promoción descarada de la actividad del narcotráfico. De hecho el desarrollo mismo de las ZRCs es una concesión a remotos paros cocaleros en la administración Gaviria, una solución de ocasión y oportunismo para desactivar la crisis del momento que, en las décadas posteriores y en particular en el gobierno de Uribe, se logró frenar y desactivar por reflejar claramente una agenda cocalera y subversiva.
Pero estas ZRC’s, en la obcecación Santista de satisfacer la agenda de las FARC, retomaron fuerza como gabela estatal a la guerrilla en un proceso que Duque no quiso o no supo frenar. Sobre el aporte a la paz o la reducción del conflicto de las ZRC no existe la más mínima evidencia. Hoy, en el país, existen 6 ZRC constituidas (Bajo Cuembí Comandante, Arenal Morales, Cabrera, Guaviare, Pato Balsillas, Valle del río Cimitarra) que representan todas enclaves guerrilleros históricos en los cuales se alega la presencia marginal del “campesinado” o la riqueza ambiental para, en la práctica, sacar del comercio y el desarrollo extensas zonas del país, suspender las competencias territoriales de los municipios respectivos y poblar o repoblar con adeptos de la causa guerrillera o interesados en la deforestación con fines cocaleros (producción, procesamiento o movilización de la coca).
Pero lo realmente grave es el proyecto de expansión desaforado que pretende adelantar el Ministerio de Agricultura como nuevo enclave de poder de la izquierda marxista pro guerrillera. Existen ya 7 ZRC’s adicionales en trámite de constitución, doce más proyectadas y con delimitación y 39 proyectadas sin delimitación. Esta expansión, la cara oculta de los acuerdos de paz con las FARC, aumentará la influencia guerrillera con el respaldo del estado mismo y el congelamiento jurídico y la inseguridad en millones de hectáreas de lugares estratégicos de la geografía nacional seleccionados por funcionarios y oscuras “comunidades” afines a los movimientos guerrilleros.
Se agrega a esta ofensiva contra la autonomía municipal y la propiedad privada, la agresiva campaña del ministerio de Agricultura a través de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria con la creación de “Áreas de Protección para la Producción de Alimentos” (APPA’s), un claro subproducto de la agenda 2030 en el famoso y oscuro capítulo de la soberanía alimentaria que ya tiene zonas delimitadas en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Tolima, Guajira, Córdoba y en la Sabana de Bogotá.
Una de las primeras APPA’s (después de la creada en la Guajira y que ha pasado desapercibida) ha visto la luz mediante la Resolución 377 del 2024 y afecta por lo menos a 16 municipios del suroeste antioqueño y parte de Caldas. Se imponen allí usos agropecuarios ajenos, se limitan los existentes con vocación exportadora como café y aguacate, se limita la minería de enorme potencial en la zona, se impide el uso turístico y de contera se limita la capacidad de desarrollo urbanístico requerida por este.
Estos mecanismos de planificación centralizados del Ministerio de Agricultura se han realizado como siempre con información inexacta, tendenciosa y bajo agendas ideológicas (como la que pretende impedir el desarrollo de la minería del oro a gran escala en el caso de la mina Quebradona en el municipio de Jericó) o para afectar núcleos territoriales con marcado valor y potencial económico como una forma de inducción a la desvalorización y desplazamiento empresarial y poblacional.
Las ZRC’s y las APPA’s solo han demostrado ser útiles para crear burocracia, gasto, desconocer la autonomía municipal e imponer una caduca planificación central. Deben ser frenadas a todo costo. Todos los departamentos que serán afectados deben seguir el ejemplo propuesto por el gobernador de Antioquia, que demandará la resolución 377, y movilizar a sus alcaldes y productores agropecuarios, mineros, turísticos y de la construcción para impedir el avance de esta agenda de destrucción del principio de la autonomía municipal y la propiedad privada.
Enrique Gómez Martínez