Hace una década que tuvo lugar el que puede ser de lejos el acto político más importante que ha vivido el país en lo que va corrido de siglo: la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Estado colombiano y el comando central de las FARC-Ep- en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre 2016. Sucedió después de un primer acto en Cartagena el 26 de septiembre y de la realización del famoso Referendo que obligó al Gobierno del Presidente Santos a realizar renegociaciones con la contraparte guerrillera firmante.
Sin menoscabo de su trascendencia, que la tiene y muchísima, no es este el único hecho político del que el país deba percatarse, porque hay atrás otros tan importantes como lo fue la Constituyente que promulgó la nueva Carta Política de la República de Colombia (1991), o el plebiscito que aprobó el Frente Nacional (1957)[1]y los tratados de Paz que dieron por terminada la Guerra Civil de los Mil Días (1902)[2], todos ellos hechos acaecidos en el siglo XX.
Y está también la jugosa lista de actos políticos del siglo XIX (que llamamos “el siglo de las guerras”) que comienzan con la declaración de Independencia en 1810 y el Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada en Tunja (1810), en donde se nombra a Camilo Torres como primer Presidente. Años después, ya cumplida la epopeya emancipadora (1816-1819), se reúne el primer Congreso General de la República en la Villa del Rosario que promulgó la Constitución de Cúcuta y creó la Gran Colombia, uniendo la Nueva Granada con Venezuela, Quito y Panamá (1821). Estos son los hechos que nos lanzan a la vida como nueva República de importancia continental, solo que la iniciativa unitaria del Libertador no prosperó y se disolvió la Gran Colombia en 1831,
Pero no son éstos los únicos hechos relevantes que han trazado de algún modo la vida política y civil de país, porque vienen luego los tiempos del “bipartidismo” con la creación de los partidos políticos Liberal (1848)[3] y Conservador (1849)[4]. En el marco de gobiernos liberales se impulsan fuertes reformas para abrir la ruta de la propiedad de la tierra y la abolición de la esclavitud (1851), la libertad de prensa, la educación laica y el sufragio masculino (en la Constitución de 1853), sin perder de vista el propósito de mantener la gestión del Estado lejos de la influencia de la Iglesia, que viene a ser la razón principal para despertar fuertes reacciones del Partido Conservador y de la Iglesia con los consecuentes llamados al conflicto y la guerra civil.
Fue durante el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez que se produjo el alzamiento liderado por Tomás Cipriano de Mosquera desde el Cauca (1860-1862), con la alianza de los liberales radicales de Antioquia, Bolívar y Santander, el cual tomó dimensiones de guerra civil. Mosquera logra llegar hasta Bogotá y derrocar al Gobierno en ejercicio, y ya como Presidente respalda la Constitución de Rionegro (1863) que instaura “los Estados Unidos de Colombia”, constitución ésta de enfoque federalista extremo que reduce el mínimo el poder presidencial y fortalece las prerrogativas de los estados federados.
La oposición frente a la secularización y el federalismo no cesa y encuentra adeptos incluso en las filas del liberalismo independiente o “Regeneracionistas”, liderados por Rafael Núñez y aliados ellos con los movimientos conservadores, lo cual abre paso definitivo a la Constitución de 1986, que devuelve el nombre de República de Colombia y termina siendo un instrumento centralista, presidencialista, y restablece la alianza con la Iglesia Católica. Que si era inadecuada o no es un asunto sin respuesta. El hecho concreto es que sirvió para orientar los destinos del país por 105 años y fue el faro guía que trajo el país casi hasta los días de hoy.
¿Por qué razón hemos reclamado su atención sobre algunos de los hechos políticos trascendentales de los dos siglos anteriores? Porque queremos significar que la vida del país no comenzó ayer, sino que llevamos siglos tratando de encontrar la forma en que queremos gobernarnos sin tener que matarnos unos con otros. La conducta política de los años tempraneros de la “patria Boba”, aquella del enfrentamiento entre federalistas y centralistas, evolucionó muy rápido durante los años de lucha por la Libertad y la Soberanía, y conseguida ésta, fue necesario aprender a constituirnos como Estado viable y gobernarnos como una república unida con el propósito esencial de hacer posible la vida libre y armoniosa de todos los colombianos. De eso se trata el desafío político que asumimos cuando nos declaramos como Estado Soberano.
Pero vinieron pronto los partidos y las posturas políticas extremas, siendo así que llegaron los años en los que nos hemos visto enfrentados en multitud de veces por asuntos que no hemos logrado entender, quedando así comprometidos en numerosas guerras civiles por el simple y casi minúsculo motivo de no querer escuchar al contrario, no entender su reclamo, no querer ceder en nuestra postura, a veces radical y fuera de contexto, no ceder con equidad y gallardía en nuestras ansias de poder, no aceptar la participación y la proximidad de los otros, no ceder en espacios de encuentro y consenso, no querer buscar la verdad, todo lo cual nos hace enemigos antes que hermanos. La polarización irracional se convierte así en el combustible para la guerra.
Si la vida política del país se halla compuesta de una secuencia de hechos que ocurrieron en respuesta a determinadas circunstancias de tiempo y lugar, obedeciendo siempre a un motivo y una razón de ser, el Acuerdo Final de Paz de noviembre de 2016 tiene un carácter tan significativo y relevante como cualquiera de los demás hitos reseñados hoy aquí. Deberíamos hablar de este acto político con el mismo respeto y admiración con que solemos hablar de los demás, si es que lo hacemos, porque fue un paso que, a su modo, resolvió un problema latente que estaba acabando con el país. En último caso, se trata de un Acuerdo o Pacto que cambió el destino del país en muchos aspectos, igual que cualquiera de los otros tratados que supieron dar fin a una guerra.
El que sea éste un Acuerdo que detuvo de tajo un conflicto que llevaba (y sigue sumando) décadas de desangre económico y pérdida de vidas, es por principio un gran avance para el país. ¡Enhorabuena por sus diez años!! El que un contingente de más de 13.000 personas hubiera aceptado su desmovilización y desarme, según cifras de la Defensoría del Pueblo y de las Naciones Unidas, y la gran mayoría se mantenga hoy firme en su propósito de hacer parte de la vida democrática y civil de su propio país, tiene un significado descomunal para todos, sobre todo para dejar claramente entendido que esa vía, la del pacto, la de Acuerdo, era la vía correcta, así como también lo fueron los tratados y acuerdos de paz que dieron final a cada una de las guerras civiles del siglo XIX y condujeron a consiguientes períodos de paz y armonía política y democrática. Puede ser que cada uno de aquellos hombres y mujeres que se desmovilizaron desde el 2012 hagan parte hoy de la vida de la nación y estén haciendo uso y aprovechamiento de sus derechos civiles y políticos como cualquier otro ciudadano, y es ese el resultado principal por el que debemos celebrar.
Se criticará que el Acuerdo firmado no resolvió la totalidad del problema porque hay todavía disidencias que siguen actuando en contra del Estado y la población civil. Podrá ser cierto, pero el propósito central de las negociaciones era conducir las voluntades de ambos bandos, el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, a la firma de un acuerdo de cese total del fuego y la desmovilización de los alzados en armas, resultado este que se consiguió después de no pocos años de debate y negociación. No era, como hemos dicho siempre, una encerrona para amedrentarlos y hacerles firmar, no, era un encuentro entre responsables de fuerzas contrarias que se sentaron a escuchar las posturas del otro en plena disposición de ceder y llegar a un Acuerdo. El primer requisito para lograrlo era el respeto y otro la firmeza, aspectos en los cuales el jefe del equipo negociador del Gobierno de Colombia entre 2012 y 2016 hasta la firma del Acuerdo Final, Humberto De La Calle, fue absolutamente inplacable.[5]
De tal modo que estamos frente a la oportunidad de celebrar repetidamente el hecho del desmonte de un “aparato militar” no despreciable que acumulaba décadas de daños al país, no exclusivamente a las instituciones, y que se había hecho responsable de una incontable cantidad de víctimas y un prontuario infinito de delitos atroces, pero que no daba muestras de ceder en su intento marxista misional de “apoderarse del Estado por todos los medios de lucha”, tal como pregonaban sus cabecillas como Manuel Marulanda y tenían eco en políticos como Manuel Cepeda, según registraron siempre los medios de comunicación.
Tal vez aquella consciencia que maduró con los años de que la lucha armada era estéril ayudó a ambientar la alternativa de desmovilizarse y vincularse a la vida civil –que no es lo mismo que aceptar una rendición- siempre que el Estado concediera la garantía total de cumplimiento a las cláusulas del Acuerdo en sus materias y compromisos. Allí estuvo la palabra de De La Calle como jefe negociador, y detrás de ella la palabra del Presidente Santos como jefe de Estado. Se trataba, nada menos, de asegurar el cumplimiento de cambios profundos en la estructuración del campo colombiano y una reforma rural integral, la participación en la política para los reintegrados, el fin del conflicto con garantías de seguridad y protección, la solución al problema de las drogas ilícitas y el narcotráfico, el tratamiento de las víctimas del conflicto y la implementación de formas de verificación y refrendación del cumplimiento en el marco de un plazo de 15 años con el acompañamiento internacional.
Esto es lo que significa una década de construcción y acercamiento propiciado por un Acuerdo de Paz. La agresión armada de cada día se transformó en horas de trabajo para facilitar la reincorporación de hombres y mujeres que sufrieron en carne propia la tensión del combate y que ya pueden disfrutar de una vida de hogar y de familia, como tantos otros colombianos. El amanecer en los territorios, antes impregnado del hedor a pólvora y carne humana quemada, volvió a sentirse un día como el pacífico transcurso de la mañana con suave aroma de café recién colado y arepas de maíz sobre el fuego. El grito de angustia de niñas y niños que fueron llevados por la fuerza a sufrir y morir en las filas ya no va más, y en cambio se sienten las risas y los juegos de quienes corren presurosos por las veredas del país cuando regresan de la Escuela en plena libertad.
Esa es la vida de la Paz. Eso es lo que conseguimos cada vez que firmamos un pacto que da por terminado un conflicto. Esto es lo que celebramos cada vez que recordamos que fuimos capaces de sentarnos con nuestro enemigo para llegar a un acuerdo y cesar en toda acción de violencia y muerte. Esa es la grandeza de haber hallado el camino de la Paz, y es esa la razón que nos anima a seguir adelante.
¡Mucho mejor si podemos celebrar una fiesta cada vez!!
Arturo Moncaleano Archila
[1] Acuerdo entre los líderes de los partidos Liberal y Conservador, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, en el >Pacto de Benidorm (Julio de 1956): para la acción conjunta en el derrocamiento del régimen dictatorial de Gustavo Rojas Pinilla y restablecer la Democracia; y el Pacto de Sidges (1957): para la alternancia en el poder durante cuatro períodos y la distribución equitativa en los cargos de poder en la estructura del estado.
[2] Tratado de Neerlandia (Ciénaga – Magdalena. Octubre de 1902); Tratado del USS Wisconsin (Aguas de Panamá- noviembre de 1902); Tratado de Chinácota (norte de Santander. Noviembre de 1902) .
[3] Ezequiel Rojas (1803-1873) es el autor del Primer Programa Liberal (1848) con enfoque federalista, libertad de prensa, educación laica, abolición de la esclavitud, separación entre el Estado y la Iglesia.
[4] Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro fundan el Partido Conservador con enfoque centralista, poder presidencial extremo, educación religiosa y una fuerte alianza entre el estado y la Iglesia que se concreta en el Concordato de 1887.
[5] Referencia en encuentro personal. Bogotá D.C- abril de 2022.

