El 4 de marzo de 2018 se adoptó por parte de varios países el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este paso significativo se llevó a cabo en la pequeña población de Escazú en Costa Rica, cuyo nombre original en lengua indígena es “itzkazú“, que significa lugar de descanso.
Es el primer acuerdo de este tipo en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. La orientación de dicho acuerdo no podría ser más democrática: luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible. Sus objetivos se dirigen a garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Sus principales beneficiarios son las poblaciones de nuestra región, en particular los grupos y comunidades más vulnerables. ¿Quién podría oponerse a esto?
Increíblemente, durante estos cuatro años transcurridos desde su adopción en Costa Rica, el proceso de aprobación del acuerdo en el Congreso de Colombia ha sido una sufrida carrera de obstáculos, a pesar de que nuestro país ocupa el deshonroso primer lugar entre los países en donde más se asesinan defensores ambientales en todo el mundo. Según la organización internacional Global Witness en el año 2020 se registraron 227 ataques letales contra defensores ambientales a nivel global unos 65 de ellos se registraron en Colombia. A pesar de estas cifras una confluencia perversa de intereses económicos y políticos se propuso durante estos años obstaculizar su aprobación y que dicho acuerdo fuese a parar a los anaqueles de los proyectos archivados por el Congreso.
El acuerdo entiende por información ambiental “cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato, relativa al medioambiente y sus elementos y a los recursos naturales, incluyendo aquella que esté relacionada con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medioambiente y la salud”. La idea de que sectores de población considerados vulnerables tengan acceso a la información ambiental sobre temas que los afectan y puedan tener participación en las decisiones de este tipo, sencillamente aterroriza a empresas privadas y a entidades públicas acostumbradas a tender una densa niebla sobre dicha información. El acceso a este tipo de información incluiría, entre otros: los informes sobre el estado del medioambiente; el listado de zonas contaminadas, por tipo de contaminante y localización; información sobre el uso y la conservación de los recursos naturales y servicios ecosistémicos; e informes, y estudios científicos, técnicos o tecnológicos en asuntos ambientales elaborados por instituciones académicas y de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. En consecuencia, ¿a quién podría perjudicar el que las comunidades accedan a estos documentos?
Hoy en el Congreso de Colombia el panorama es otro y se encamina hacia su aprobación. El Acuerdo de Escazú, ha dicho el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, “es un instrumento poderoso para prevenir conflictos, lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza”. Este tipo de mecanismos internacionales basados en principios democráticos asusta a algunos poderosos, porque debilitan el flagelo de la desigualdad y una cultura del privilegio profundamente arraigada en nuestro país.
Weildler Guerra Curvelo