Recorriendo Colombia con el propósito de construir la organización municipal y departamental de Salvación Nacional en todo el país, de cara a las trascendentales elecciones territoriales de 2023, de manera frecuente, al debatir con potenciales candidatos a alcaldías ideas y retos de plan de gobierno municipal, llegamos al tema crucial de formulación de propuestas electorales alrededor del problema y el tema de la seguridad ciudadana en los campos y municipios del país.
Como una de las problemáticas principales de la sociedad colombiana, junto con la inflación, la incapacidad de generar empleo y la mala movilidad, la falta de seguridad y la percepción de inseguridad son problemas cotidianos de amplio impacto para el colombiano común y corriente.
En mis discusiones con quienes se preparan para gobernar nuestros municipios, se encuentran diversas facetas del llamado problema de seguridad y surgen sin duda algunas soluciones relevantes que se encuentran dentro del espectro de competencias y capacidades presupuestales de los alcaldes del país, claro está en proporción al volumen poblacional y categoría presupuestal del municipio.
La primera faceta genérica del problema es la falta de una política nacional criminal y de seguridad holística, que abarque las particularidades de los diferentes tipos de municipios del país, que reconozca los matices y transiciones entre lo rural y lo urbano. Me dirán los burócratas y abogados expertos en derecho público, que han fracasado en la responsabilidad de brindar seguridad al pueblo colombiano, que mi apreciación es errada. Que si hay un arsenal de normas y disposiciones, que hay anaqueles y repositorios de planes, programas y políticas.
En realidad, los ciudadanos, los funcionarios del poder ejecutivo a nivel nacional, departamental y municipal, la prensa, los docentes, los jueces, fiscales e investigadores, los congresistas, diputados y concejales, los directores gremiales o empresarios, religiosos, líderes sociales, no conocen, ni reconocen, aplican, difunden o desarrollan ninguna política de seguridad nacional interna o externa ni tampoco una política criminal colombiana.
Es sin duda una gran particularidad. Uno de los países más violentos del mundo durante más tiempo, padeciendo todo tipo de organizaciones terroristas y criminales, donde todo se carteliza, desde la droga hasta la cebolla, pasando por la maquinaria, la arena o la corrupción, no tiene, no comulga con una doctrina nacional de seguridad y lucha contra el crimen.
Colombia, sus ciudadanos, sus funcionarios del nivel nacional y alcaldes reaccionan como pueden ante el crimen y la violencia generalizada. Se apagan incendios, se reacciona casi siempre a la presión del escándalo mediático, vociferamos indignados ante cada nuevo acto de depravación que siempre, inevitablemente, es de inmediato olvidado en el siguiente amanecer noticioso plagado de otras tragedias.
Y las reacciones se quedan en eso. En reacciones deshiladas, fragorosas e inútiles. Destellos mínimos y predecibles ante la oscuridad criminal. Frente a una cultura criminal que ya conoce el patrón de reacción estatal, social y mediática.
Y de este vacío de política pública se deriva un enorme costo moral, social y económico. Estos costos están reflejados en el desánimo, en la enorme desconfianza entre los ciudadanos y grupos de ciudadanos y en la pérdida del gran pedazo del presupuesto público invertido en “seguridad” y en la afectación severa y sobrecostos para el tráfico económico.
Da grima ver como nuestros dirigentes, de antaño y de ahora, han logrado pocos escenarios de política pública relevantes y materialmente exitosos y como, entre ellos, no aparece, ni en la parla o jerga oficial, la indispensable doctrina y política nacional de seguridad y lucha contra el crimen.
Y Pacto Histórico, que luce tan comprometido en destruir las pocas verdaderas políticas públicas existentes que más o menos funcionan como la de confiabilidad y calidad en los servicios públicos, la seguridad social en salud o la de autonomía y sostenibilidad energética, obviamente no tiene ni quiere una política nacional de seguridad y lucha contra el crimen.
¿O sí la tiene? Pareciera que es la de promover y ampliar el espectro y alcance de la acción criminal en todo el país. Se rumora que dejará que el ELN elija gobernadores para Cauca, Caquetá, Meta y Putumayo, cuando menos, como condición para seguir en la mesa. De la misma manera se piensa proceder con todo tipo de grupos armados que disque tengan control territorial: darles, además, el control político y presupuestal.
Mientras tanto los alcaldes en ejercicio y los alcaldes que se elijan en 2023 enfrentarán las justas expectativas de la ciudadanía, las incongruencias y locuras de Petro y las severas limitaciones institucionales, presupuestales, judiciales y legales.
Nada en el fondo cambiará. Sin embargo, algunas iniciativas se pueden ir construyendo. Obviamente que el país pasará de estar enrejado (no hay ventana, puerta o contador de Colombia sin su reja electrosoldada) a estar forrado de cámaras, concertinas y cercas eléctricas, ofreciendo un pírrico efecto disuasor como lo muestran todos los días los noticieros y las redes. Más allá de motivar a las juntas de acción comunal para que sigan instalando video en cada esquina y tramo de calle de nuestras ciudades considero urgente capacitar y formar a la ciudadanía en la disuasión que representa la ciudadanía unida y coordinada. Formarse en la solidaridad y la reacción pronta y masiva frente al azote criminal, extender los botones de pánico, gestionar recursos en lo municipal para ampliar no solo el pie de fuerza, sino también unidades de policía judicial y medicina legal y presionar más plazas de fiscales y jueces de conocimiento.
Todo esto se ha intentado ya, claro está. Darle continuidad es apenas lógico, aunque solo sean paños de agua tibia. Seguiremos mientras tanto esperando un gran acuerdo nacional y fundamental que permita por fin superar el estigma de país inseguro y violento.
Enrique Gómez Martínez