Algunos han salido a aplaudir la imputación de cabecillas de las Farc como máximos responsables del delito de lesa humanidad por haber participado en la decisión de las Farc de tener una política de retención ilegal de personas y cobro por su libertad, con el ánimo de financiar la organización. Fueron imputados 8 ex guerrilleros, uno de ellos ya muerto. Les dan 30 días para que decidan si reconocen o no su responsabilidad y respondan los requerimientos individuales formulados por las víctimas.
Vale la pena resaltarlo como un hecho positivo; sin embargo, tampoco podemos exagerar en su significación. En 2018 fue la primera audiencia de este caso y citaron 32 ex miembros de las FARC, de los cuales algunos no aparecieron. Ese mismo año fue denunciada penalmente July Milena Henríquez y la directora Jurídica Martha Lucía Zamora por unos audios que parecen favorecer a los miembros de esa guerrilla en los permisos para salir del país; y lo que es mucho más grave, una reunión preparatoria de esa audiencia. Y hay cuestiones que aún no me quedan claras: ¿Por qué fueron citados solo 32 en la primera audiencia? ¿por qué fueron excluidos los otros 214 guerrilleros, también miembros del Secretariado de las FARC, comandantes de bloque y de frente? ¿No son ellos también máximos responsables? ¿No fueron acaso también coautores mediatos e inmediatos y responsables por mando?
También me interesaría que nos explicaran por qué de los 32 guerrilleros inicialmente citados solo quedaron 8, ¿Qué permitió que los excluyeran?
Muchas víctimas insisten, y creo que, con razón, en que el secuestro no puede considerarse conexo al delito político. El secuestro no era un mecanismo de financiación, ‘‘sino un delito de venganza social cuya motivación primordial era expresar el resentimiento de los guerrilleros y el odio interior que profesaban, lo cual no tiene ninguna conexidad con el conflicto armado.’’ (FEVCOL)
Más allá de esto me quedan varias preocupaciones. Se imputó el delito como autores mediatos de la creación de la política y la responsabilidad de mando por los secuestros; se ordenó la verdad sobre las personas desaparecidas y el plan para encontrar sus restos. ¿Qué pasará con los autores materiales? Aquellos que efectivamente torturaron a miles de colombianos, que los tuvieron en jaulas, con hambre, con dolor físico, con cadenas… Han pasado ya tres años y apenas vamos en la imputación para los que promulgaron las “políticas de secuestro” ¿y la verdad sobre cada uno de los secuestros sucedidos?
Esos que aplauden dicen que esta es la prueba de que no habrá impunidad. Lo que me ha hecho volver a pensar en que significa impunidad… Para mí, y creo que en esto coinciden muchos, impunidad es no recibir sanción por el delito. Una pena irrisoria como la pactada es impunidad. No importa que los imputen, los juzguen y los condenen.
Impunidad ya hay. Tenemos hoy congresistas responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, entre los cuales los de privaciones de la libertad, homicidio, asesinato, desaparición forzada, toma de rehenes, responsable de la política de privar de la libertad a oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas y la policía puestos fuera de combate, para forzar un intercambio por guerrilleros presos. Es senador.
¿Cómo puede ser una mejora para nuestra democracia -a la que le sobran ya corruptos- adicionarle criminales de lesa humanidad?
Paloma Valencia