Mi tío Rafael Pana me preguntó una mañana qué era lo que más me gustaba de Uribía. Tenía cinco años y respondí sin vacilar: las mañanas. Me gustaban su luz, su viento y la familiaridad de un pueblo donde todos se conocían.
Era la Uribía diseñada por Eduardo Londoño Villegas en 1935: una población modesta, de calles convergentes en una plaza presidida por un obelisco.
Con los años llegaron comerciantes del interior y, durante la crisis venezolana, familias wayuu y criollas. La población creció y perdió su antigua escala. La expansión estuvo acompañada de extorsiones, homicidios y tráfico de narcóticos. Sin embargo, comprender lo que ocurre exige mirar más allá del crecimiento urbano: hacia el territorio municipal y sus conexiones regionales.
Uribía tiene más de 8.000 kilómetros cuadrados, limita con Venezuela por tierra y mar y cuenta con puertos y embarcaderos formales e informales. Estos sirven a la pesca y al comercio, pero también pueden aprovecharse para tráficos ilícitos. A ello se suma el potencial eólico y solar de La Guajira. Sobre un mismo territorio confluyen intereses económicos distintos, que no deben confundirse.
Para operar allí, las organizaciones criminales no necesitan controlar cada lugar ni ejecutar todas las operaciones. Recurren a intermediarios y redes locales para transportar, almacenar, vigilar o embarcar mercancías. Esta tercerización permite coordinar actividades entre lugares distantes sin mantener una presencia armada visible en todos ellos.
El ELN, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada tienen formas distintas de presencia y actuación. No constituyen una estructura única ni sus relaciones se reducen a una disputa permanente: también pueden establecer conexiones mediante intermediarios, corredores y redes de transporte. Entender a Uribía exige mirar hacia la Sierra Nevada, el Catatumbo, Venezuela y las islas del Caribe.
La continuidad territorial entre Colombia y Venezuela contrasta con las dificultades de coordinación entre ambos Estados. Las organizaciones armadas encuentran oportunidades de movilidad y refugio en esa distancia. La respuesta no puede limitarse a las actuaciones de cada país dentro de sus fronteras: requiere cooperación bilateral.
También circulan formas de ejercer la violencia. La extorsión, la intimidación, el control social y el secuestro integran repertorios que las organizaciones armadas transmiten y algunos actores locales reproducen. No solo se movilizan armas o narcóticos: se difunden prácticas que alteran la vida cotidiana y las relaciones entre habitantes.
El secuestro de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribía, ocurrido el 11 de noviembre, plantea interrogantes sobre estas prácticas y sus conexiones territoriales. Los reportes sobre un posible traslado a Venezuela deben esclarecerse sin presentar como confirmado lo que continúa bajo investigación.
La vinculación de algunos individuos wayuu a economías criminales no permite atribuir responsabilidad colectiva a su pueblo. Muchos padecen las amenazas, extorsiones y coerciones de esas mismas organizaciones. Comprender las redes locales que sirven al crimen exige distinguirlas de las comunidades entre las que operan.
La seguridad depende de reconocer esas conexiones sin estigmatizar el comercio fronterizo, las actividades económicas legítimas ni los vínculos familiares y culturales que atraviesan la frontera y sostienen la vida comunitaria.
A la pregunta de mi tío Rafael Pana todavía respondería lo mismo: las mañanas. Quisiera que sus habitantes pudieran recibirlas sin miedo, con las puertas abiertas a la luz y al viento que hicieron feliz mi infancia.
Weildler Guerra Curvelo