El lamentable reporte de fin de año sobre incautaciones de cocaína por parte del Ministerio de Defensa es una demostración del fracaso de la política de Petro de concentrarse en la incautación de producto terminado y abandonar totalmente la erradicación de cultivos ilícitos.
También es la demostración del fracaso de la suspensión de la erradicación aérea de cultivos ilícitos promovida por Santos como contraprestación económica siniestra de los acuerdos de la Habana y su reemplazo por la erradicación forzada manual y la sustitución voluntaria durante el gobierno Duque, quien resultó incapaz de implementar nuevamente la erradicación aérea, a pesar de contar con las herramientas jurídicas, pero haber carecido de los cojones políticos.
Para evitar un deterioro masivo de nuestras relaciones con los Estados Unidos y la inevitable descertificación del país, este país decidió suspender la publicación de su evaluación independiente, y generalmente más creíble, del volumen de hectáreas sembradas de cultivos ilícitos en Colombia. Alegan los americanos que han desistido del monitoreo, cuyo último estimado en 2021, mostraba 234.000 hectáreas de coca en el país. Queda la duda de si el monitoreo sigue y no se revela para no tener que enfrentar en el congreso de ese país el debate sobre la justificación del plan Colombia, o si realmente se ha terminado ante la inoperancia de la política de erradicación en nuestro país.
La política antidrogas del país queda dependiendo únicamente entonces del Simci, sistema de monitoreo de Naciones Unidas, al cual Colombia se acoge por cuanto suele estimar un menor volumen de hectáreas sembradas de coca. Para la muestra, mientras los paganinis del plan Colombia en sus capítulos de erradicación forzada y sustitución voluntaria, los Estados Unidos, estimaron con todo su poder satelital las mencionadas 234.000 hectáreas en 2021, el Simci determinó 204.000 hectáreas. Una diferencia del 15% entre estos dos estimados, que ambos representaron récords históricos en la siembra de coca en el país en sus sistemas de monitoreo.
Para 2022, en un nuevo récord de áreas sembradas de coca, Simci recientemente certificó 230.000 hectáreas sembradas. Un crecimiento espectacular del 13 % en un año. 2023, según todos los estimados, plantea un crecimiento similar o mayor del área de cultivo ante la decisión de Petro de suspender completamente la erradicación forzada.
Con ello podemos esperar razonablemente, con base en el histórico Simci, que las hectáreas de coca en 2023 superen las 260.000 hectáreas. Si tomáramos la base histórica del gobierno de los Estados Unidos con el mismo crecimiento, tendríamos que, bajo este sistema más objetivo, en 2022 las hectáreas de coca serían en esta metodología de 264.500 aproximadamente y, aplicado el crecimiento lineal identificado por Simci en 2023, con esta base el país habría culminado el año con cerca de 300.000 hectáreas sembradas de coca.
Usando la tasa de conversión de Simci de clorhidrato de cocaína vs hectáreas sembradas, en 2023 en la proyección de 300.000 hectáreas sembradas se produjeron aproximadamente 2.300 toneladas de coca prensada.
Esta realidad de la disparada en la siembra y producción de cocaína, que de nuevo nos coloca de lejos como el principal productor mundial, esta ratificada por la caída en el precio por kilo de coca pagado por los ruteros internacionales de los carteles (criminales que controlan las rutas de tráfico y compran a los laboratorios en el país) a menos de 1.200 dólares y en zonas de alto volumen como Nariño y Putumayo incluso a 1.000 dólares por kilo.
En este contexto la meta no alcanzada de incautaciones, siempre tan dudosas y respecto de las cuales se sigue sin explicar el rol de las entregas controladas (coca que es traficada por las mismas autoridades para supuestamente detectar rutas y organizaciones de tráfico en Colombia y en el exterior), de 830 toneladas con 724 toneladas reportadas y claramente desestimadas por la Fiscalía en los días posteriores al reporte del Ministerio de Defensa, es un chiste frente al crecimiento de casi el doble en la producción potencial de coca prensada respecto de 2021.
Y en todo ello no hemos tocado el crecimiento exponencial de la producción y exportación de flor de marihuana mejorada genéticamente, altamente adictiva y que crece de manera desaforada en Cauca, Nariño y los llanos.
Dentro de los efectos más concretos de las ilusas y unilaterales políticas del gobierno respecto del narcotráfico está sin duda el aumento radical de la violencia, las masacres y el asesinato de líderes sociales. Los narcos solo conocen el homicidio como elemento de regulación de la oferta y herramienta para mejorar el precio.
Otro efecto lamentable es el aumento de los volúmenes de coca y marihuana en las calles de Colombia. En medio de una campaña de trivialización del consumo y la adicción, promovida por parlamentarios y celebridades adictos y empresarios camuflados interesados, el estado ha abandonado sus políticas de prevención a través de medios masivos, resulta incapaz de proveer ambientes seguros para los jóvenes en parques y colegios y ahora, con recientes disposiciones, limita las herramientas de judicialización contra el microtráfico.
Mientras el crimen organizado y las guerrillas llenan sus arcas y amplían sus áreas de siembra e influencia, mientras el control de los expendios urbanos genera batallas campales entre ejércitos de sicarios, el pendejo del ministro de Defensa y sus hipócritas generales y almirantes claman victorias pírricas.
Debemos aceptar que, sin ser la panacea, la erradicación aérea a gran escala de la coca y la marihuana es lo único que impide que todas las demás consecuencias nefastas del narcotráfico (violencia, crimen organizado, destrucción ambiental y aumento de la inseguridad y la adicción) sigan creciendo desaforadamente.
Enrique Gómez Martínez