Repentinamente la estabilidad institucional del pais franquea una época neurálgica. Las raíces de esa crisis institucional, gestada fundamentalmente por poderosos actores y entidades judiciales y disciplinarias, resuena, repercute y se retroalimenta con pasiones típicas de una nación aprisionada por el nocivo flagelo de la polarización. Los conflictos y consecuente proliferación de organizaciones armadas de distinto pelambre incubaron en la ciudadanía la necesidad de liderazgos fuertes y providenciales, estimulando el caudillismo, usual en estas latitudes. Se han cimentado exaltaciones y sentimientos que dimanan de esos líderes que han gobernado, y son resistentes a aceptar un nuevo modelo, un nuevo paradigma gubernamental. Dispuestos a defender con uñas y dientes lo que consideran de su exclusiva propiedad, ya que además dicho control garantiza su impunidad. Esos caudillos solo conciben una manera de resolver el conflicto, lo cual ha propalado individuos proclives al uso de la fuerza para defender lo que no quieren compartir con nadie. Además, quien piensa distinto, es visto como un enemigo. Y sin formula de juicio, tildado de guerrillero y/o comunista. Gajes de la herencia de liderazgos tóxicos.
Desgraciadamente, el eterno conflicto bélico interno, ha propiciado y permeado un discurso de odio y de imposición de opiniones excluyentes, más de las veces absurdas, en las que se asume al contendiente político con ferocidad, no como un sujeto con ideas diferentes, como sucede en las sociedades civilizadas. En nuestra sociedad percibimos al contradictor, carente de derechos y oportunidades. Somos una colectividad cuyo motor es el egoísmo. Solo tienen derecho a gobernar los que profesan ideas semejantes a las mías, intereses coincidentes con los míos. Por lo tanto, no aceptamos en modo alguno, la prosperidad y florecimiento de tesis políticas e ideológicas divergentes. En ese sentido más que una sociedad polarizada, somos una comunidad absolutista.
A pesar de que, en consultas realizadas a la ciudadanía, el asunto referente al conflicto, ha venido declinado como preocupación o prioridad esencial. La derrota militar de la guerrilla ha sido y sigue siendo, una obsesión. El fortalecimiento de las fuerzas armadas y la consecuente inversión en armamento y dotación militar, en detrimento de inversión en sectores como educación y salud, han copado buena parte de los presupuestos generales de la nación. Paralelamente se ha generado una doctrina sobre Seguridad que, desafortunadamente ha devenido en relaciones non sanctas de fuerzas legitimas del Estado con fuerzas paraestatales ilegales, traducidas en un lamentable ejercicio de violación de Derechos Humanos. Consolidando la polarización, el extremismo y el odio.
Es una realidad incuestionable que los mandatarios en su ejercicio gubernamental imponen a sus respectivas administraciones, el sello de su personalidad, sus preferencias, ello domina la agenda. Esa agenda incide en el pensamiento, copa la mentalidad colectiva. Particularmente en sectores afines a ese tipo de soluciones de fuerza. Esa mentalidad perdura. Instintivamente y con una intencionalidad tal vez no deliberada, es usual escuchar a los nostálgicos de gobiernos partidarios de la fuerza, insistir en ella, no obstante que no ha servido para aplacar el conflicto. Esos nostálgicos cuestionan soluciones diferenciadas. En algunos prima el deseo de la vindicta particular. probablemente fueron víctimas de alguna organización armada ilegal. Las propuestas de “tierra arrasada” satisfacen tales deseos.
Pero resulta por lo menos paradójico, hablar o exigir seguridad cuando los principales órganos judiciales y de control estatal se encuentran “capturados”, intervenidos, por organizaciones mafiosas y criminales, responsables de los incrementos desmedidos de cifras e indicadores en esa materia. Más que una paradoja, resulta siendo un chiste, es como pedirle peras al olmo. Las cifras de impunidad de la Fiscalía bordean el 94%. Realmente cantinflesco que, quien se encuentra al frente de esa entidad, salga a pregonar a los cuatro vientos, afirmaciones que se le devuelven, escupitajos que le caen en la cara. Sus declaraciones rimbombantes e irrespetuosas contra el primer mandamiento develan a un individuo irracional, sin sentido común y absolutamente desproporcionado. Sin duda alguna, es el mayor responsable del debilitamiento institucional.
El desatinado Fiscal entre sus tantas andanadas desbordadas, llegó a comparar la situación actual con la de la época de Pablo Escobar. No se percata en su enajenación que, paradójicamente quienes fungen como sus jefes hoy día; en el pasado tuvieron relaciones de distinta índole con el Capo que, tanto daño nos hizo. Barbosa en un acto de prestidigitación delirante estableció un parangón entre el pérfido y nefasto periodo de Escobar, con el actual gobierno. Semejante dislate. Definitivamente este señor no conecta la lengua con el cerebro.
Ese debilitamiento institucional no se agota en las declaraciones patéticas del despilfarrador e inepto Fiscal. Ellas han encontrado eco en la conducta de otros personajes y entidades prominentes de la institucionalidad, tales como la Procuraduría y solapadamente las Altas Cortes, amangualadas y cobijadas por aquellas dos entidades en función de intereses burocráticos mezquinos, por los cuales supeditan beneficios supremos de la nación, y de paso le dan un empujón al “golpe blando”.
Es absolutamente cierto y evidente que, a Petro no lo están dejando gobernar, es implacable, absurdo, totalmente cuestionable el saboteo y la persecución selectiva contra este gobierno y sus funcionarios, que a veces y de manera paradójica son sancionados, suspendidos por intentar implementar acciones contra la corrupción, mientras que ante los flagrantes, innumerables, cuantiosos y previos, y evidentes actos de corrupción de sus “´parceros”, las entidades responsables ocultan, archivan, dejan prescribir. Es desvergonzado el rol de la Procuraduría y la Fiscalía.
La Fiscalía corre el riesgo de quedar provisionalmente – no se sabe por cuánto tiempo-, en manos de una señora sobre la cual se han demostrado amistades increíbles, inexplicables, insoportables; con el crimen organizado. En algunos círculos foráneos la Fiscalía es percibida como “una Judicatura con estrechos vínculos con el narcotráfico”. Es indispensable y urgente proceder a escoger de la terna, una Fiscala en propiedad. Tal vez sea la ocasión propicia para llevar a cabo un auténtico revolcón. Sería el colmo que dadas las circunstancias y ante la perentoriedad de escoger a la mayor celeridad una Fiscal intachable e impoluta, la Corte se valga de excusas inaceptables para seleccionar en el plazo constitucional y legal, el reemplazo de Barbosa. El Supremo Tribunal tiene la oportunidad de enviar un mensaje tranquilizador al pais. “El palo no está para cucharas”. Se requiere grandeza.
Además, dada la prioridad que la Embajada de Estados Unidos y ese pais como una totalidad le asignan al tráfico de drogas y en virtud de inobjetables evidencias de la vinculación o complicidad de la vice fiscal con organizaciones dedicadas al narcotráfico, además de otros serios cuestionamientos al rol del Fiscal y su cuadrilla de obsecuentes, sería una torpeza mayúscula y podría afectar la Cooperación Judicial existente entre ambos países e inclusive podría dar lugar a respuestas mucho más drásticas por parte de Estados Unidos.
Se aclara que en la Fiscalía existen funcionarios probos, eficientes que desarrollan su trabajo en el marco de la ley. Por tanto, la sindicación no es contra la entidad como un todo. De modo que, dados tantos eventos irregulares, quienes si deben estar seriamente preocupados con el relevo en la institución es el actual Fiscal y su combo incondicional.
A propósito de las instituciones; con la lucidez, visión y capacidad predictiva de que hizo gala, Simón Bolívar, en 2019 escribió y pronosticó: “En las Repúblicas el Ejecutivo debe ser el más protegido, porque todo conspira contra él; en tanto que en las monarquías el más fuerte debe ser el Legislativo, porque todo conspira a favor del monarca”. Petro tiene el gobierno, pero no tiene el poder, este continua en manos de la elite tradicional. La cual es sumamente reacia al cambio y renuente a las trasformaciones no solo de las condiciones fácticas, sino de cualquier alteración que ponga en tela de juicio su hegemonía y sus procesos penales.
La arremetida de la oposición contemporánea al gobierno, en modo alguno se debe equiparar con las potencialidades de la oposición de antaño a los gobiernos tradicionales, esta se limitaba al papel protagónico de brillantes congresistas, a marchas de organizaciones sindicales y a la apropiación de la calle como escenario de protestas. La oposición actual cuenta con los grandes medios, con los gremios, la Fiscalía, La Procuraduría, las Altas Cortes, mayorías en el Legislativo, etc.
No es Petro el que, está propiciando el debilitamiento institucional, no tiene sentido que él contribuya a sabotear a su propio gobierno. Eso no resiste el más mínimo análisis; ni la lógica ni los hechos alimentan esa teoría. Simplemente está apelando a la legitima defensa. Aún permanece fresca en la memoria, la tropelía montada por el fundamentalista ultra reaccionario exprocurador Ordoñez, cuando Petro fungió como alcalde de Bogotá. Afortunadamente y gracias a su protagonismo en el escenario internacional; desde fuera del pais se están pronunciando en favor gubernamental, crecen los apoyos foráneos.
La oposición pone el grito en el cielo porque Petro acude al mecanismo de Democracia Plebiscitaria, convocando a sus prosélitos a marchar, pero callan ante el ridículo, desesperado y reciente acto de genuflexión del Fiscal Barbosa conjuntamente con la impúdica Mancera, buscando apoyo ante organismos judiciales gringos para que le concedan el aval a esta última. Doble rasero.
En más de una ocasión, y para no ir muy lejos, hemos adoptado a Uruguay, como nación ejemplar en civilidad y en muchos otros aspectos. En ese pais, las transiciones entre gobiernos de signos ideológicos distintos han trascurrido sin sobresaltos, de manera totalmente ilustrada. Los uruguayos anteponen los intereses como nación a los muchas veces mezquinos argumentos e intereses partidistas. Uruguay por encima de todo, prioriza el buen funcionamiento de su democracia, la calidad de sus instituciones y el alto grado de cohesión social. Cuanta envidia. Hoy día mientras terminaba de redactar esta columna, Chile a raíz de la trágica y lamentable muerte del expresidente Piñera dio también una muestra de civilidad.
Es absolutamente necesario que seamos conscientes de los inconmensurables costos económicos, sociales y políticos de un proceso de debilitamiento institucional en una nación. Sobre todo cuando este proviene de las propias entidades estatales, lo que en condiciones normales y usando un lenguaje tosco, se podría catalogar como “fuego amigo”.
José Luis Arredondo Mejía