La disputa del gobierno actual no es siquiera con la oposición, mucho menos con la desigualdad o la pobreza: es con la ley; su vigencia, su supremacía y el necesario acatamiento que debe cumplir un mandatario cuando se trata de avanzar en cumplir a cabalidad los principios de la democracia.
Ha sido una discusión reiterada entre los estudiosos de la organización del estado la supremacía de las leyes o la de los gobernantes en la organización política de las naciones. Tanto, que algunos decidieron entender que era un falso dilema pues se trata de que las leyes deben ser expedidas para proteger al ciudadano de un abusivo en el poder, al igual que la característica de un gobernante justo es garantía para que la aplicabilidad de la ley se haga de mejor manera frente al ciudadano.
Claro que no siempre la ley ha sido protectora de los miembros de una sociedad, y tampoco el carácter de las cabezas de los gobiernos ha brillado a veces por su desprendimiento y equilibrio, tanto social como económico. De ahí que con relativa frecuencia deba adecuarse la ley a los tiempos y necesidades del momento, mediante las estructuras del estado de derecho previstas para hacerlo, así como deben cambiarse los responsables de ejercer el ejecutivo mediante las elecciones indispensables como fórmula para virar lo necesario cuando las inclinaciones desbalanceadas del régimen tuerzan el Estado organizado, con riesgo de dejarnos expuestos a una tiranía, como lo padecen venezolanos y otros vecinos del barrio.
Lo que observamos en la Colombia de estos tiempos es que la ley se volvió un estorbo para ejercer las tareas de gobierno, que el poco desarrollo de las políticas públicas es atribuido al “burdo” paquete normativo con el que se opera en el país, con sus inclinaciones de favorecimiento al empresariado y poca flexibilidad para darle al pobre lo que es del pobre, y al estado lo que es del pobre. Me perdonará el señor por usar sus enseñanzas en este platanal con tan mundanos propósitos, pero no hay de otra.
¿Para qué queremos pasaportes los nacionales, si provienen de una empresa con nombre extranjero, que ha venido haciendo un trabajo eficiente por décadas, tanto que no han logrado montarle la competencia, como si un negocio de semejante magnitud -medio billón de pesos- no fuera por sí solo una razón para estimularla? Puras talanqueras leguleyas.
¿Para qué necesitamos un régimen de salud con unas empresas, las EPS, que se llenan de plata con cada consulta y cada procedimiento médico, si el estado puede asumir y controlar con eficiencia y prontitud ya demostrada por el inolvidable Seguro Social y, obviamente, sin quebrarse? Esos simples procesos los muestran enredados solo para justificar el retorno y las utilidades, enemigas del régimen, con que se llenan los bolsillos los contrarios al gobierno, es decir los empresarios. Se encuentran sometidos a enormes presiones financieras, por cuanto es el estado a través de subsidios que no creó este gobierno, el que debe facilitar la atención en salud, uno de los fundamentos de la justicia social y elemental razón para la existencia de impuestos con los que se provee el servicio. Y, a punto de quebrar, aún acuden con insistencia al clamor por un diálogo frente a una actitud represiva y altanera, reprochada por las propias altas cortes estatales.
¿Para qué un plan de desarrollo que debe ejecutarse con presupuestos anuales, si el dueño de la verdad absoluta debería tener la facultad de acomodar los recursos a su antojo cada vez que la vida lo motive a favorecimientos o retaliaciones por razones viscerales?
Estos ejemplos son los más protuberantes y recientes, imposibles de sacudir de la mente de los colombianos de voto y cumplidores de la ley. Descartamos de plano aquellos nacionales que, tal cual hace el gobierno, buscan alterar la convivencia día a día para generar su propio mini-gobierno, su propio feudo, aferrados a una territorialidad ilegal tolerada – ¿promovida? -por la izquierda gobernante.
Es entonces la ley un obstáculo que hay que destruir para destazar la estructura nacional, sembrar más estado infértil y quebrar empresas para con ello demostrar que las utilidades hacen daño enorme al funcionamiento de un país.
El asunto ya pasó de preocupante a espeluznante.
El desarrollo de las cada día crecientes ambiciones de perpetuarse en el poder del presidente Petro encuentran talanqueras legales. Que sobrepasan y retan todos los días.
Las advertencias provienen no solo de quienes no coincidimos con su manera de pensar y mucho menos de gobernar, sino también de bastantes de quienes le brindaron respaldo electoral, esperanzados en cambios imposibles de lograr con su demostrada personalidad de conflicto y pocas realizaciones.
Solo me falta transcribir una magistral concepción de la meta de la democracia liberal, fuertemente alterada por la izquierda gobernante colombiana, hecha por Zigmunt Bauman:
“…no es tan solo lograr una clase de sociedad que le permita al Estado manejar sus asuntos y la clase de Estado que le permita a la sociedad manejar los suyos, sino también lograr una clase de sociedad capaz de ocuparse de que los asuntos del Estado sean manejados correctamente y una clase de Estado capaz de defender a la sociedad de los excesos a los que puede conducirla el manejo de los asuntos sociales.”