Lo envió una reconocida médica:
“No entiendo todavía por qué tanto afán de reformar al sistema de salud. Si como está funciona. Que hay que mejorar, sí. Pero no cambiando lo establecido”
“La corrupción en el sistema de salud colombiano es un problema que ha involucrados a todos los actores que hacen parte de este, tanto el estado, como a sus entes de control, así como a las EPS e IPS, siendo en algún momento culpables de prácticas deshonestas.”
Uno de los tantos ejemplos de corrupción, fue el sonado cartel de la hemofilia, ocurrido en el departamento de Córdoba, en el que se vieron implicados el gobernador del momento de Alejandro Lyons y Edwin Besaile, con el respaldo del entonces senador Musa Besaile, que dejaron al descubierto un complejo entramado de malversación de fondos. Durante un período de casi tres años, el exgobernador Alejandro Lyons Muskus lideró el desvío de cerca de 50.000 millones de pesos en el departamento de Córdoba hacia centros médicos ficticios que proporcionaban medicamentos para pacientes con hemofilia inexistentes. Las acciones fraudulentas involucraron la creación de instituciones médicas de papel que saquearon al departamento.
La investigación liderada por la Contraloría en el 2016 reveló la manipulación de cifras en el sector de la salud, desde el 2013, sin base científica alguna, se registraron 47 pacientes con hemofilia en el departamento, una enfermedad de alto costo que afecta la coagulación de la sangre y puede resultar en hemorragias letales.
Estos pacientes ficticios permitieron que las IPS, como “Unidos por su Bienestar”, facturaran más de 17.000 millones de pesos a la Gobernación de Córdoba por medicamentos especializados que jamás se entregaron.
Esta situación llevó a la implementación del sistema de capitación, en el que las EPS pagaban una tarifa por población atendida, liberándolas de la responsabilidad de los costos individuales de los procedimientos médicos.
Inicialmente, este sistema no parecía ser tan perjudicial. Sin embargo, con el tiempo, las IPS comenzaron a competir entre sí para obtener contratos, lo que resultó en la reducción de costos a expensas de la calidad de la atención médica. Esto se tradujo en salarios bajos para el personal de salud, negación de procedimientos necesarios y retrasos en la atención de los pacientes para evitar gastos adicionales. Esta mentalidad comercial ha pervertido el sistema de salud, en el que la rentabilidad se ha vuelto más importante que el derecho fundamental a la atención médica de calidad.
Las EPS se beneficiaron considerablemente de este sistema, al reducir sus costos y negar inicialmente procedimientos caros a los pacientes. Muchas veces, los pacientes se ven obligados a recurrir a la tutela para acceder a tratamientos que les han sido negados por las EPS. Esto crea una brecha en el acceso a la salud, ya que muchas personas no tienen los recursos o conocimientos para presentar una tutela.
Si bien las EPS e IPS no son entidades benefactoras y su objetivo principal como toda empresa es ser rentables y sostenible, el problema radica en la comercialización sin humanización de la salud, y viéndose esta solamente como un negocio lucrativo, olvidando la esencia del servicio a prestar. Partamos de la responsabilidad que implica la vida de un ser humano y el derecho fundamental a la salud, en el que se debe garantizar una atención oportuna a todos los ciudadanos. No obstante, es necesario replantear el enfoque del sistema de salud en Colombia, reevaluando la prestación del servicio, la gestión del riesgo, la oportunidad en la atención, las tarifas, los pagos a los prestadores, las transferencias del ADRES, y la vigilancia por parte del estado, pero todo se debe centrar en la ética y el bienestar de los pacientes, sin olvidar que toda empresa debe ser rentable. Solo así se podrá garantizar un sistema de salud justo y equitativo para todos los colombianos y quienes lo gestionen.
Hernán Baquero Bracho