“Lo peor de las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por la orden de un Gobierno, mientras ese Gobierno ha estimulado al ELN y al movimiento popular del ELN a que presionen con armas una constituyente. No puede ser que, de un lado, el Gobierno esté promoviendo una lucha, finalmente armada, y, de otro lado, las Fuerzas Armadas se tengan que abstener de proteger a los colombianos”.
Esta fue la reflexión del expresidente Álvaro Uribe, en un evento académico celebrado en la Universidad La Sabana el 21 de mayo, a la que Gustavo Petro reaccionó ferozmente, acusándolo de incitar a las Fuerzas Militares al alzamiento en contra de su gobierno con el fin de derrocarlo, lo que para él configuraría un delito de rebelión o sedición.
Como en su momento se equivocó al afirmar que el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, incurría en el delito de captación masiva de dineros del público por promover la “vaca” para el financiamiento de las vías 4G de Colombia que pasan por el Departamento, Petro nuevamente comete un elemental yerro jurídico, comoquiera que los delitos que le endilga al exmandatario suponen subvertir el orden constitucional y legal vigente, impedir su funcionamiento, o el derrocamiento de un gobierno mediante la utilización de las armas (artículos 467 y 468 del Código Penal).
Contrario a lo afirmado por Petro, lo que manifestó el expresidente Uribe no es más que el sentir de millones de colombianos, que, impotentes sufren las consecuencias del deterioro acelerado de su seguridad. Asimismo, constituye un legítimo reclamo, como ciudadano, por la parálisis operacional que ha facilitado el fortalecimiento de todas las estructuras criminales con las que Petro negocia.
Al respecto, el pasado 24 de mayo, en su intervención en la XII Asamblea Nacional de Personeros, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, alertó sobre la expansión del dominio territorial del Clan del Golfo, que ahora hace presencia en 400 municipios de 24 departamentos, mientras que en 2019 lo hacía en 213.
Para el alto funcionario, el crecimiento exponencial de esta y las demás estructuras criminales, demuestra la ineficacia de los ceses bilaterales al fuego decretados desde diciembre de 2022, que no han servido más que para limitar el accionar de la Fuerza Pública. En dicho sentido, recientemente el portal La Silla Vacía reveló que, según fuentes del Ministerio de Defensa e Inteligencia Militar, el ELN, las FARC y el Clan del Golfo totalizaron al cierre de 2023, 16.770 integrantes armados, lo que representa un crecimiento del 11 % respecto del 2022.
Ante semejante realidad, el doctor Camargo, dejó una reflexión que evoca y valida la preocupación del expresidente Uribe: “Tristemente, hay que decirle al país que ha sido nula la eficacia del cese al fuego bilateral. Vemos que, efectivamente, la Fuerza Pública ha sido la única que ha honrado el cese al fuego, algo que, en muchos casos generaría la suspicacia de que la Fuerza Pública estaría incumpliendo su deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos en el territorio”.
Así, lo afirmado por el expresidente Uribe no conlleva en sí mismo un acto de rebelión o sedición, pero la reacción de Petro si reafirma su falta de compromiso con su obligación constitucional de garantizar la seguridad de los colombianos.
Paola Holguín