La salud de una democracia se mide por la madurez con la que sus instituciones y sus ciudadanos asumen el disenso. Las movilizaciones del pasado miércoles 14 de octubre en Colombia abrieron formalmente el escenario de la protesta social frente al actual gobierno de Abelardo de la Espriella. Para la oposición, articulada por el Pacto Histórico, las centrales obreras como la CUT y el magisterio de Fecode, la jornada se promocionó anticipadamente como un histórico remezón popular, un juicio masivo en las calles contra la nueva dirección que ha tomado el país. Sin embargo, una vez disipada la lluvia y con los datos objetivos sobre la mesa, la lectura política que queda es radicalmente distinta: las marchas no solo registraron una preocupante anemia en su convocatoria, sino que incurrieron en una contradicción argumentativa insostenible, reclamando al Gobierno actual por los platos rotos que dejó la administración anterior de Gustavo Petro.
Comencemos por el factor estrictamente cuantitativo, el cual resulta ineludible si se quiere evaluar el éxito de un paro nacional. Movilizar a unas 62.000 personas en la totalidad del territorio nacional, en un país de cincuenta millones de habitantes, dista mucho de ser el tsunami popular que los organizadores vaticinaban en sus redes sociales. Ver la emblemática Plaza de Bolívar en Bogotá con claros visibles y dispersada rápidamente por las inclemencias del clima, o registrar concentraciones menores de un millar de personas en capitales intermedias, evidencia un fenómeno innegable: el ciudadano de a pie, aquel que vive la realidad económica diaria, prefirió no sumarse al llamado. La apatía generalizada demuestra que las mayorías no sintonizan con una agenda que parece responder más a los intereses de las cúpulas sindicales y políticas derrotadas en las urnas que a una necesidad colectiva sentida. El pretendido pulso popular terminó en un eco tenue que confirma el desgaste de las metodologías tradicionales de presión callejera.
Frente a este lánguido balance de asistencia, la respuesta de la actual administración no fue la confrontación desmedida ni la estigmatización que caracterizó a otros tiempos políticos. Por el contrario, el Gobierno actuó con una prudencia institucional encomiable. Al reconocer abiertamente que el 98% de las jornadas transcurrió de manera pacífica, el Ejecutivo demostró que no le teme a la crítica y que respeta el derecho constitucional a la manifestación. La diferencia sustancial radicó en la gerencia del orden público. El estreno del Decreto 1525 de 2026 fue un acierto de proporcionalidad y eficiencia: en lugar de paralizar ciudades enteras o recurrir a intervenciones ciegas, la fuerza pública actuó quirúrgicamente contra los focos aislados de vandalismo en Bogotá y Medellín, capturando a los responsables de bloquear vías clave como la carrera 10 sin disolver de manera violenta los núcleos legítimos de la marcha. Gobernar con autoridad y respeto simultáneo a las garantías civiles es la mejor muestra de que este Gobierno busca el orden, no la represión.
No obstante, el núcleo del debate no está en los números ni en la logística de seguridad, sino en el fondo de las consignas. Resulta desconcertante, por decir lo menos, observar a los líderes del Pacto Histórico y a los sindicatos marchar con vehemencia en contra del costo de vida, el alza desmedida de las tarifas de los servicios públicos y la parálisis de los subsidios estatales. Hay que ejercer un nivel muy alto de amnesia selectiva para no darse cuenta de que los males económicos que hoy padece el bolsillo de los colombianos son el resultado directo, la herencia inevitable, de las políticas fiscales y los experimentos institucionales del gobierno de Gustavo Petro.
El encarecimiento de la canasta familiar y la crisis del sector energético que hoy golpea los hogares no surgieron por arte de magia en los últimos meses; son las secuelas estructurales de una gestión previa que debilitó la inversión privada, descuidó la seguridad jurídica y ahuyentó los capitales que sostenían el crecimiento nacional. Exigirle al gobierno de De la Espriella que solucione en un abrir y cerrar de ojos el desajuste macroeconómico que el petrismo cultivó durante cuatro años es una muestra de profunda inmadurez política. Quienes ayer destruyeron los consensos económicos no pueden pretender presentarse hoy como los salvadores vestidos de civil, marchando contra las consecuencias de sus propios actos. La ciudadanía, en su inmensa sabiduría silenciosa, identificó esta paradoja y por eso decidió quedarse en sus puestos de trabajo y en sus hogares, negándose a validar una protesta que disparaba al blanco equivocado.
El fracaso de esta jornada de movilizaciones deja una lección profunda para la oposición: el relato del agravio permanente ya no es suficiente para movilizar a un país que está cansado de la polarización estéril y que exige resultados concretos. Pretender que la calle reemplace el debate parlamentario o intente frenar las reformas que el actual Congreso tramita legítimamente es un error táctico. El país requiere estabilidad para sanar sus finanzas y recuperar el rumbo de la seguridad y el empleo, dos pilares fuertemente agrietados en el cuatrienio pasado.
El actual Gobierno ha enviado un mensaje de tranquilidad y firmeza: las puertas del diálogo social siguen abiertas para todos los sectores que deseen construir desde la propuesta técnica y el respeto a la ley, pero el chantaje del bloqueo y el sabotaje a la productividad nacional ya no tienen cabida. A Colombia se le saca adelante trabajando, reactivando los sectores productivos y enmendando con paciencia técnica los desatinos del pasado reciente. Las marchas del miércoles demostraron que el camino de la resistencia ciega se está quedando sin seguidores, y que el país real prefiere la sensatez de la reconstrucción económica por encima del ruido vacío de las pancartas.
Oscar Christoffel Díaz