La designación de Daniel Rojas no solo pretende suministrarle a la agenda del gobierno tropas para un nuevo estallido social, su meta verdadera es el analfabetismo masivo
Cada día que pasa sin la transformación de la educación colombiana, es un día que se le roba a cada niño, adolescente o joven que sufre y es víctima de la red pública desde básica, pasando por intermedia hasta técnica y superior. El analfabetismo funcional de gran parte de los menores de 30 años en el país está ligado estadísticamente a su dificultad de acceso al primer empleo y al índice de desempleo entre 18 y 25 años que ha superado por años el 20%.
Petro no es innovador en sacrificar las necesidades urgentes del sector educación a las agendas marginales de sindicatos y milicias que ocupan, con minorías violentas e instrumentalizadas, la educación superior y, ahora, ven con ojos deseosos y babas en la boca la posibilidad de avanzar, con respaldo institucional, dentro de la educación intermedia y básica.
Todos los gobiernos anteriores habían mostrado su falta de compromiso con la niñez y la competitividad de la mano de obra colombiana a cambio de obtener una hipócrita paz laboral con la federación monopólica de FECODE.
Cada convención sindical con FECODE ha traído más prebendas para la aristocracia sindical del magisterio, impidiendo la renovación de la nómina, creando absurdos privilegios y generando un sistema educativo público que, no solo ya no sorprende por sus continuos resultados negativos, sino que es responsable directo y exclusivo del alto analfabetismo y la baja productividad de nuestra fuerza laboral.
Así que no hay muchos en la clase política y dirigente del país que tengan autoridad alguna para cuestionar el nombramiento del nuevo ministro de Educación.
Lo que se avizora es que Oscar Sánchez, actual Viceministro de Básica e Intermedia, soldado del tercio viejo de Petro desde la alcaldía de Bogotá, tendrá el control verdadero del ministerio y sobre todo se asegurará de proteger los privilegios de la toda poderosa FECODE y se asegurará que los jefes de la siniestra Federación recuperen sus contratos y gabelas en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el famoso y siempre oscuro FOMAG, que la incompetente e ingenua ex ministra Aurora Vergara perturbó con la loca reforma del componente salud del FOMAG realizada con la asesoría de otra joya pretoriana de Petro, el inefable y siempre equivocado, ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo.
Mientras tanto el nuevo ministro de educación tendrá las manos libres para la guachafita universitaria y para buscar como les impone perfiles a los entes territoriales certificados (municipios que por su tamaño y manejo adquieren la capacidad de administrar de manera autónoma su sistema público de educación básica e intermedia) a cambio de recursos. A los departamentos, que manejan residualmente el resto de la red no certificada en sus territorios, les caerá el mismo chantaje. Recursos a cambio de rectores y directivos. No se tocarán las cuotas burocráticas ni los de planta. Se buscará es cooptar los espacios directivos de la red con leales a la causa petrista. Una expansión a nivel nacional del espantoso proceso surtido en Cauca y Nariño con la entrega de la red pública al CRIC y que pone a esos departamentos en lo más bajo de todas las mediciones de calidad de la educación.
En las universidades públicas, empezando claro por la Universidad Nacional, la meta de Rojas será hacerse al control efectivo de todas las instancias de poder relevantes. Aquí se procederá a una salvaje purga, en el más legítimo esquema maoísta de Revolución Cultural, que le permita al Pacto Histórico replegarse, en su inevitable derrota de 2026, en la universidad pública toda, en sus presupuestos y en sus espacios, ya amplios de por sí, de reclutamiento miliciano.
Claro, el voluble estudiantado de la universidad pública será instrumentalizado para los ilegales procesos constituyentes que el presidente lanza cada día de por medio. En paralelo con el anunciado y perverso fast track, o vía rápida de reforma constitucional, no debe extrañarnos ver las asambleas permanentes universitarias como fogón legitimador de esta tentativa a gran escala de golpe de estado del gobierno, enfocado principalmente a la reelección, pero acompañado sin duda de recursos para corromper definitivamente los partidos y las instituciones y transformar de manera definitiva nuestra democracia en una dictadura bolivariana.
Pero insisto, Rojas debe crear las condiciones para que, en universidades e institutos de todo el país, los agitadores y reclutadores puedan subsistir y trabajar y por sobre todo sumar en la estrategia de hacerle la vida imposible al próximo gobierno montando el estallido social y universitario permanente a cualquiera que sea el presidente en 2026.
La perversidad de todo esto es que mientras se ejecuta este plan, cada día de mala educación a nuestros niños no se recuperará nunca. Cada día de atraso en el ingreso a la fuerza laboral tampoco. Cada punto de productividad perdido seguirá retrasando al país ante sus competidores y destruyendo la famélica industria nacional.
Esta es la hora en que debemos superar los prejuicios y abogar en firme por la transición hacia la educación básica e intermedia privada. Las redes privadas de colegios tienen indicadores generales de resultado muchísimo mejores que la red pública, cuestan por educando hasta dos terceras partes menos, permiten la diversidad de oferta curricular, incluyendo la formación religiosa y espiritual, y tienen en la actualidad más del 25 % de su capacidad instalada desocupada por la crisis económica. El bono escolar es la gran respuesta al ministerio guerrillero de Educación. La gran meta es reducir el volumen de educandos en la red pública del 80% al 50%. Este debe ser un compromiso nacional. La buena educación no da espera.
Y debemos dejar de invertir gasto corriente en la decadente y cooptada universidad pública y revivir un Ser Pilo Paga, pero en el cual se compren los cupos a la universidad privada descontados en volumen y no a precio de lista, como perversa e inviablemente se hizo en el pasado. Así, los mejores jóvenes podrán adquirir el conocimiento para transformar el futuro de Colombia, sin tener que pedirle permiso a un guerrillero como sucede hoy en cualquier campus de universidades públicas del país.
Enrique Gómez Martínez