En Colombia, cada anuncio de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) despierta una mezcla de esperanza y escepticismo. Cuando esta entidad promete alivios en las tarifas de energía, especialmente para los hogares más vulnerables, muchos se preguntan si esta vez se traducirá en un beneficio tangible. Hoy, la CREG nos presenta una nueva expectativa: la posibilidad de una reducción en las tarifas de energía para los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, es necesario reflexionar sobre la viabilidad y el impacto real de estas medidas.
Durante el año 2024, las familias colombianas, particularmente en la región Caribe, han enfrentado un desafío significativo con el aumento de las facturas de energía. Factores como el fenómeno de El Niño, que provocó sequías y sobrecargó las hidroeléctricas, sumados a las deficiencias estructurales del sistema eléctrico, han sido responsables de esta situación. En este contexto, cualquier anuncio de reducción de tarifas es, sin duda, bienvenido, pero también merece un análisis cuidadoso.
El reciente anuncio de la CREG, que sugiere que las tarifas podrían disminuir gracias a la mejora de los niveles de los embalses y la renegociación de contratos del mercado de energía mayorista, genera optimismo. Sin embargo, es fundamental reconocer que estas promesas están sujetas a la implementación de reglamentaciones que aún están en proceso. Mientras tanto, los usuarios continúan esperando soluciones efectivas.
El Gobierno ha anunciado su intención de asumir la deuda de la opción tarifaria de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, lo cual debería traducirse en un alivio económico para miles de familias en la región Caribe. No obstante, es crucial que estas promesas se materialicen en medidas concretas y sostenibles a largo plazo.
La CREG asegura que está trabajando en una resolución que permitirá estas reducciones tarifarias, pero es necesario ser cautelosos y mantener una actitud vigilante. Las soluciones propuestas deben ser claras, justas y, sobre todo, efectivas. Es fundamental que los esfuerzos no se limiten a parches temporales, sino que se enfoquen en resolver los problemas estructurales que han llevado a esta crisis.
Para lograr una reducción real en las tarifas de energía, se requiere un compromiso sostenido con la inversión en energías limpias y renovables que disminuyan los costos de generación a largo plazo. Además, es esencial establecer reglas claras y estables que brinden seguridad tanto a los usuarios como a los inversionistas en el sector energético.
Mientras la CREG avanza en su reglamentación, es nuestro deber como ciudadanos exigir transparencia y resultados concretos. Las familias colombianas merecen soluciones que no solo alivien sus facturas, sino que también garanticen un servicio de calidad y accesible para todos. La energía no debe ser un lujo, sino un derecho al alcance de todos los colombianos.
Juana Cordero Moscote