Blanco es, gallina lo pone y frito se come.
En el aspaviento presidencial de esta semana, se buscó sembrar la sombra de duda sobre el proceso electoral por venir, por cuenta de la selección de la unión temporal de la que hace parte Thomas Greg & Sons por parte de la Registraduría.
El riesgo para las elecciones de 2026 no está en el operador logístico que imprime, entrega y dispone los tarjetones en 127.000 mesas de votación en Colombia y el extranjero; después los recoge y almacena; y transmite electrónicamente las actas de preconteo.
El riesgo principal que enfrenta el país en las elecciones radica en que el poder ejecutivo fue electo con amplia y documentada violación de los topes de gasto, aportes ilegales y la confesa interferencia de dineros de oscura procedencia reconocida por el actual ministro del interior y el propio hijo del presidente de la República.
El riesgo principal para las elecciones es que ponen al mayor exponente de la corrupción política, y a quien ha reconocido de viva voz incidir en el ingreso de cuatro millones de dólares a la campaña de Petro Presidente de origen oscuro, a brindarle garantías a los partidos de oposición. Poner al ratón a cuidar el queso es más seguro que confiarle a Benedetti cualquier elección.
El riesgo principal para las elecciones y el futuro del país es el pacto de la Picota, reconocido expresamente por Juan Fernando Petro y en el que participó golosamente el ex comisionado de paz Iván Danilo Rueda y que condujo a Petro a la presidencia con el millón de votos que el intrigante hermano presidencial afirma obtuvo a cambio de compromisos oscuros.
Y como los pactos con la mafia se cumplen o se cumplen, hoy vemos a la administración Petro con el agalludo ministro de justicia a la cabeza saltando matones para cumplirles a los mafiosos de Colombia y el mundo con un nuevo esquema de sometimiento exprés que les permita a todos los cabecillas que respaldaron la elección del presidente recoger sus frutos: legalización de fortunas e impunidad garantizada con mínimas penas de prisión.
Y el corre corre del ministro Montealegre, que no ha dudado en poner sus nuevos viceministros al servicio de la mafia, en coherencia con su malhadada aparición en tarima con los jefazos de las oficinas de sicariato del valle de Aburrá en la Alpujarra, no solo apunta cumplir los compromisos del pasado. También apunta a realizar publicidad y acreditar la disposición de este gobierno y el Pacto Histórico de entregarle el país a las mafias del narcotráfico, el oro ilegal y el tráfico de personas, con el fin de poder recaudar decenas, sino cientos de millones de dólares para torcerle el pescuezo al ejercicio electoral de congreso y presidencia de 2026.
El favorecimiento de este gobierno a la expansión de la frontera cocalera y al fortalecimiento de los “enclaves” productores no necesita más demostración. El patético crecimiento de las hectáreas sembradas y su mayor productividad están, a pesar de la subestimación característica, acreditadas por la ONU. Sin lugar a dudas si la administración Biden no hubiese suspendido los llamados estimados de la Casa Blanca, sabríamos hoy que es más que probable que existan 300.000 o más hectáreas de coca en producción en el país.
Con menos de 10.000 hectáreas de coca erradicadas en 2024 y solo 20.000 en 2023 frente a las ya débiles 68.000 hectáreas del 2022, la meta de 30.000 hectáreas por erradicar, con las que pretenden engañar a los gringos en 2025, es ya, a estas alturas, completamente inviable. Deberían erradicarse más de 135 hectáreas diarias para lograr dicha meta insuficiente. Ese cuento no se lo cree ni el rey de los cuentos que nos gobierna.
Ahora, como si las anteriores referencias no fuesen suficientes para justificar el título de esta columna, repasemos los nulos resultados de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero). ¿Recuerdan el vano escándalo presidencial del famoso Pegasus? Su único propósito concreto fue que retiraran a Colombia del Egmont Group, el club mundial de Unidades de Análisis Financiero, del cual hemos sido excluidos por cuenta de la intencional violación de sus protocolos de confidencialidad por parte del presidente. Así, aislados para recibir y entregar información sobre lavado, el gobierno le cumple a sus aliados narcóticos en la mafia y las guerrillas.
Y no me extiendo en la financiación de la campaña, también reconocida, por parte de uno de los grandes capos del contrabando, el ya olvidado Pitufo, o la entrega de enormes regiones cocaleras como el Cauca, el Catatumbo, el Putumayo y otras a las narco guerrillas, porque se me acaba el espacio y me abruma la indignación.
Porque si se elige con dineros de la mafia, si pacta la agenda de sometimiento con las organizaciones criminales, si promueve el cultivo de coca, si inhibe la erradicación, si entrega regiones enteras al narco, si se para en tarima con las oficinas de cobro de la mafia, si impide la lucha contra el lavado o protege a los contrabandistas… pues es un narcogobierno.