La Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional fue un punto de inflexión en el país, ya que reconoció la crisis humanitaria que enfrentan las comunidades indígenas wayuu en La Guajira. Esto es especialmente alarmante por la trágica muerte de niños menores de cinco años a causa de enfermedades relacionadas con la desnutrición.
Esta decisión no solo ha puesto de relieve la incapacidad de las instituciones para garantizar derechos fundamentales, sino que también ha revelado una paradoja estructural: en el mismo lugar donde los niños sufren por hambre, hay comunidades cercanas que cuentan con recursos productivos y fuentes de agua relativamente estables, capaces de mantener ciclos agrícolas durante todo el año.
El territorio wayuu, que es semidesértico y está habitado de manera dispersa, depende de las lluvias para cultivar pequeñas huertas con productos tradicionales como frijol guajirito, maíz, ahuyama, melón, patilla y otras cucurbitáceas. Igualmente, para recoger iguarayas, pichiguel y cerezas Estos cultivos son cíclicos y de subsistencia, y están marcados por la incertidumbre climática, la escasez de agua y la débil conectividad entre las comunidades. El acceso a los alimentos está condicionado por la temporalidad de las lluvias y por la persistente falta de infraestructura hídrica y vial que garantice una producción continua.
Por otro lado, la Media y Baja Guajira, donde predominan las comunidades afrodescendientes, presentan condiciones agroecológicas más favorables gracias a la cercanía de fuentes de agua y tierras más fértiles. Municipios como Dibulla, Riohacha y áreas rurales como Tomarrazón desarrollan cultivos diversificados que aseguran una oferta alimentaria más estable, incluso con excedentes que podrían alimentar a las comunidades wayuu cercanas. La paradoja es que estos excedentes no llegan a las zonas que más los necesitan, a pesar de la proximidad geográfica y de los lazos históricos que han existido entre las comunidades.
Durante gran parte del siglo XX, los wayuu lograban acceder a una variedad de alimentos gracias al trueque y a las redes de intercambio con comunidades afro y campesinas del sur de La Guajira- Las comunidades wayuu de las costas intercambiaban sal y pescado seco con los afros de las cuencas de los ríos Ranchería, Tomarrazón y Tapias.
Estos intercambios locales ayudaban a compensar las limitaciones productivas de las zonas semidesérticas, permitiendo el acceso a yuca, plátano, café, caña y otros productos de pancoger. Sin embargo, la creciente monetización de la economía regional, impulsada por fenómenos como la bonanza marimbera en los años setenta y ochenta, cambió las dinámicas de subsistencia y debilitó las redes tradicionales de intercambio.
El mercado monetizado empezó a reemplazar las redes de trueque y de reciprocidad, creando una dependencia del dinero en efectivo que hoy resulta insostenible en territorios con escasas oportunidades laborales y fuertes restricciones productivas. En la práctica, las comunidades wayuu se encontraron sin sus mecanismos tradicionales de seguridad alimentaria y sin un acceso estable a la oferta del mercado formal, lo que contribuye a la vulnerabilidad nutricional infantil.
La Sentencia T-302 no debe verse solo como un mandato de asistencia humanitaria, sino como una invitación a replantear la economía local a través de redes territoriales de intercambio. Es fundamental entender que la seguridad alimentaria en La Guajira no depende únicamente de programas estatales o de la importación de alimentos, sino de reconstruir circuitos de intercambio que antes aseguraban la complementariedad entre comunidades con diferentes niveles de acceso a recursos naturales.
La reconstrucción de redes económicas cercanas entre las comunidades wayuu y afrodescendientes no es solo un ejercicio de nostalgia, sino una estrategia actual para el desarrollo sostenible. La cercanía geográfica y la diversidad en la producción crean una base sólida para formar alianzas comerciales que ayuden a reducir costos de transacción y a llevar los excedentes agrícolas a las áreas más vulnerables. Esto implica crear mecanismos de cooperación que se apoyen en asociaciones comunitarias, sistemas de transporte local y acuerdos de precios justos.
Fortalecer estas redes podría disminuir la dependencia de la ayuda externa y fomentar la autonomía alimentaria en regiones donde la oferta estatal es escasa. Además, esto ayudaría a impulsar la economía regional al abrir nuevas oportunidades de mercado para los productores afrodescendientes y asegurar el acceso a alimentos frescos y culturalmente relevantes para las comunidades wayuu. Así se puede concretar la idea de integrar la justicia económica con la justicia social que demanda la Corte Constitucional.
El desafío consiste en convertir las paradojas actuales en oportunidades de colaboración. Donde hoy se observa la abundancia de unos frente a la escasez de otros, debe emerger un modelo de integración económica basada en el respeto por la diversidad cultural y el uso eficiente de los recursos locales. La Sentencia T-302 proporciona el marco jurídico y ético, pero son las redes de intercambio cercano las que pueden hacer de esto una realidad palpable, garantizando la vida y la dignidad en La Guajira.
Cesar Arismendi Morales