El pasado lunes 24 de noviembre se dio a conocer, por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos a través del Registro Federal, la decisión formal de incluir al cartel de los soles, cuya jefatura está en cabeza de Nicolás Maduro, como grupo terrorista extranjero enemigo del pueblo y del gobierno estadounidense, lo que habilitaría a Donald Trump para intervenir directamente en el asunto Maduro con acciones militares, cerrando el cerco geopolítico definitivamente, aunque ello no implique necesariamente una invasión cruenta como ocurrió en Afganistán o en Pakistán, cuando se ejecutó a Bin Laden y a sus camarillas.
Además de la máxima alerta militar con la llegada al Caribe del portaaviones Gerald Ford, el despliegue de operaciones de los aviones F – 18 y bombarderos B – 52 en las últimas horas, puede ser un presagio de planes directos para finiquitar, con éxito, una intervención eficaz, rápida y limpia, que derroque a toda la cúpula y aliados de ese narcogobierno. Recordemos que el Congreso Norteamericano no tendría competencia o injerencia para conocer o discutir una medida de intervención militar ordenada por el presidente Trump, en virtud de la clasificación como grupo terrorista extranjero a la mafia venezolana y sus aliados.
Y entre los narcos aliados estaría el gobierno colombiano.
Hemos anotado en anteriores artículos, que el presidente Gustavo Petro estaría haciendo juiciosamente la tarea para que le configuren un INDICTMENT ante la justicia norteamericana: desde que agitó, megáfono en mano, en las calles de Nueva York a una rebelión contra el presidente Trump, pasando por el apoyo abierto y decidido hacia el narco dictador Maduro; su inclusión en la lista OFAC; continuando con los insultos públicos a Marco Rubio, hasta la probable infiltración y apoyo de terroristas de las “disidencias” FARC en los poderes públicos colombianos y la campaña presidencial, con pleno conocimiento de la Fiscalía y la inteligencia colombiana, pueden ser motivos suficientes para que los Estados Unidos, en consecuencia, acuse formalmente al presidente Petro y a otros funcionarios de su gobierno, con las implicaciones judiciales, políticas y/o militares que ya conocemos.
Volviendo al caso Maduro, podríamos decir que una consecuencia colateral que agravaría la hiperinflacionaria economía venezolana, en el sentido de que esta nueva clasificación también busca impedir cualquier apoyo material o de recursos, es que muy probablemente, varias empresas internacionales se abstengan de continuar operaciones o negocios con Venezuela, previendo sanciones o conflictos de interés con los Estados Unidos.
Además de la presión militar sobre el mar Caribe a escasas millas de la costa venezolana, más de ochenta traficantes de drogas en lanchas rápidas que intentan ganar las orillas de Florida o Cuba, han sido eliminados en una secuencia ininterrumpida de fuerza letal aérea y marítima que cada día estrecha el cerco. Así mismo, ya existe una autorización a la CIA para intentar operaciones encubiertas al interior del territorio colombo – venezolano, de ser necesario.
Pero lo trascendente de esta clasificación al cartel de los soles y de Nicolás Maduro como líder de esa organización terrorista, es que existe un piso legal sólido para dar luz verde a una intervención, lo que justificaría la alerta de la autoridad aeronáutica de los Estados Unidos hacia operadores civiles y comerciales de tráfico aéreo sobre territorio venezolano, que supondría una inminente actividad militar de guerra.
Ahora bien, pareciera una contradicción que con toda esa fuerza naval y aérea bien apertrechada, dotada y entrenada sobre el mar Caribe; con los enormes gastos millonarios en dólares diarios que ello genera, y las expectativas políticas que en los últimos cuarenta días crecen tanto en Washington como entre republicanos y demócratas, el presidente Trump negocie una salida dialogada con Maduro y su séquito de delincuentes, sin otra consecuencia que la impunidad para el narcogobierno y el enorme costo político para Trump y su partido, amén del gigantesco derroche de millones de dólares tirados por la borda en el mar Caribe. De hecho, el tema petrolero – expansión Chevron – no está en agenda prioritaria.
Creo, personalmente, con relación a una negociación “por las buenas”, que ni la bancada republicana, como tampoco los altos rangos militares o sus votantes, aún con el querer expreso del propio presidente Trump, dado su carácter transaccional y pragmático en estos casos, se lo permitirían.
La única salida parece ser, entonces, el derrocamiento por vía militar; el cerco se cerró, no hay posibilidades de marcha atrás y todo está servido en lo jurídico y en lo estratégico – político; las recompensas han de cobrarse, necesariamente, en los diferentes escenarios. La suerte está echada.
¡Solo quedaría un movimiento acertado e inteligente: jaque mate!
Luis Eduardo Brochet Pineda