El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha definido que el servicio de atención integral a la niñez wayuu en La Guajira inicie en la segunda semana de febrero, bajo un esquema de gestión directa y contratación ajustada a los mandatos de la Sentencia T-302 de 2017. En una reciente circular la entidad traza una hoja de ruta que busca garantizar continuidad, control público y enfoque diferencial en uno de los territorios más sensibles del país, donde la niñez enfrenta riesgos estructurales asociados al racismo histórico, pobreza, desnutrición y exclusión.
La decisión de fortalecer la acción directa responde a una evaluación crítica de la tercerización de servicios. El ICBF asume de manera más activa la planeación, contratación y supervisión del talento humano, así como la ejecución técnica y financiera de la atención. En el caso del pueblo wayuu, este enfoque se articula con guías específicas de atención territorial y cultural, que reconocen las formas propias de organización y la autoridad ancestral como ejes de legitimidad del servicio.
De acuerdo con la planeación institucional, la atención integral incluye educación inicial, seguridad alimentaria, acompañamiento familiar y fortalecimiento cultural, con esquemas de gradualidad que permiten una operación sostenida durante el año. Para 2026, los contratos de aporte contemplan inicialmente 9,5 meses de ejecución, con la posibilidad de ampliarse hasta 11,5 meses, siempre que se verifique eficiencia, transparencia y pertinencia en la prestación del servicio.
Sin embargo, el proceso no está exento de dificultades. A finales de 2025, la cobertura del ICBF en La Guajira alcanzaba aproximadamente 107,2 mil niñas y niños. Los obstáculos administrativos y contractuales que se han presentado en el desarrollo del nuevo modelo abren la posibilidad de una reducción significativa de esa cifra, que algunos escenarios estiman podría descender hasta cerca del 63% si no se superan los cuellos de botella identificados.
Uno de los factores más críticos ha sido la complejidad que enfrentan organizaciones indígenas para llenar los requisitos para acceder a los contratos de prestación de servicios. Aunque la circular prioriza asociaciones de autoridades tradicionales y organizaciones de base wayuu, los requisitos técnicos, financieros y jurídicos, sumados a los plazos restringidos por la ley de garantías, han limitado la capacidad de varias de estas organizaciones para cumplir oportunamente con las exigencias formales.
Estas dificultades se han expresado también en el plano social y político. En semanas recientes se registraron tomas y protestas en instalaciones del ICBF en distintos puntos de La Guajira, protagonizadas por organizaciones y comunidades que reclaman participación efectiva, celeridad en la contratación y garantías de continuidad en la atención. Estas acciones reflejan una desconfianza acumulada y evidencian la fragilidad del equilibrio entre control institucional y legitimidad territorial.
Desde la perspectiva del ICBF, los controles reforzados buscan evitar riesgos que han marcado experiencias pasadas, como irregularidades en el manejo de recursos, fallas en la atención nutricional o prácticas que afectaron la confianza comunitaria. La entidad ha establecido filtros estrictos de transparencia, verificación comunitaria y seguimiento financiero, con el argumento de proteger tanto los recursos públicos como los derechos de los niños.
No obstante, estos mismos controles, aplicados en un contexto de alta presión temporal, pueden traducirse en demoras que impactan la cobertura real. La ley de garantías obligó a cerrar los procesos contractuales, reduciendo los márgenes de ajuste frente a errores, subsanaciones o cambios solicitados por las comunidades, lo que incrementa el riesgo de que algunas unidades de atención no entren en operación a tiempo.
El inicio del servicio en la segunda semana de febrero se convierte así en un punto crítico. Si bien el marco normativo y técnico está definido, su materialización depende de la capacidad institucional para administrar la coyuntura adversa, cerrar contratos, movilizar talento humano y restablecer canales de diálogo con las organizaciones indígenas. Cada semana de retraso tiene un efecto directo en niñas y niños que dependen de estos servicios para su alimentación, cuidado y desarrollo integral.
El panorama que se configura es ambivalente. Por un lado, el ICBF ha avanzado en un modelo que busca mayor control público, enfoque diferencial y alineación con la Sentencia T-302. Por otro, las dificultades de acceso contractual para organizaciones indígenas y la conflictividad social reciente plantean el riesgo real de una reducción sustancial de la cobertura. La protección efectiva de la niñez wayuu en 2026 dependerá de la forma en que se gestionen y se resuelvan estas tensiones sin sacrificar la transparencia del proceso y el alcance de los servicios.
Cesar Arismendi Morales