Ante la compleja situación actual del país, son enormes los retos para quien asuma la Presidencia el próximo 7 de agosto. Colombia atraviesa desafíos estructurales profundos: una inflación que recientemente ha superado el 10% anual en algunos periodos, un desempleo que ronda los dos dígitos en varias regiones, niveles de informalidad cercanos al 58%, así como crecientes problemas de inseguridad, polarización política y desconfianza institucional. Además, más de 19 millones de colombianos se encuentran en condición de pobreza monetaria según cifras oficiales recientes, lo que refleja la magnitud del reto social.
Superar este panorama no dependerá únicamente de la determinación del mandatario que resulte elegido; requerirá un equipo de gobierno sólido, técnicamente preparado y con capacidad de gestión para conducir al país hacia la estabilidad económica, la seguridad jurídica y la reconstrucción institucional.
Sin embargo, antes de proyectarnos hacia ese escenario, debemos concentrarnos en la realidad electoral más próxima: la elección del 8 de marzo, una fecha decisiva no solo para la conformación de un nuevo Congreso, sino también para definir el rumbo político que empezará a marcar el ambiente electoral nacional. Ese día será determinante por dos razones fundamentales: el nivel de participación ciudadana —históricamente cercano al 50% en elecciones legislativas— y la orientación del voto en el marco de las tres consultas existentes. Estos resultados ofrecen una lectura clara sobre el rumbo que millones de colombianos desean para el país.
En medio de las turbulencias democráticas actuales, considero que el país debe mirar con atención la Gran Consulta por Colombia. No solo por los liderazgos que la integran, sino porque representa una alternativa para reconstruir la institucionalidad que muchos sienten debilitada. No obstante, esta opción solo será verdaderamente competitiva si logra una votación significativamente alta frente a las demás consultas, tanto en número absoluto de votos como en proporción. La legitimidad del ganador o ganadora dependerá de la magnitud de ese respaldo ciudadano, pues será ese capital político el que le otorgue fortaleza para enfrentar la primera vuelta presidencial.
Naturalmente, el escenario permanece abierto. Las encuestas recientes muestran diferencias estrechas entre los aspirantes, con variaciones de pocos puntos porcentuales entre uno y otro, lo que refleja un electorado aún en proceso de definición. Algunos sondeos ubican la intención de voto en márgenes que oscilan entre el 20% y el 30% para los principales candidatos en sus respectivas consultas, evidenciando una competencia activa. A esto se suma el creciente peso de las mediciones digitales y el análisis de tendencias en redes sociales, que hoy influyen con mayor rapidez en la opinión pública. En este contexto, quien logre conectar emocionalmente con la ciudadanía, generar confianza y movilizar entusiasmo en las calles tendrá mayores probabilidades de avanzar hacia la primera magistratura del Estado.
En síntesis, y reconociendo el valor político de varios miembros de la Consulta por Colombia, considero que quien reúne integralmente las condiciones para imponerse en la consulta con una votación significativa y, a partir de allí, proyectar una opción viable para el país es Paloma Valencia. Su liderazgo ha despertado respaldo, especialmente entre amplios sectores de mujeres y jóvenes; además, cuenta con una estructura política consolidada que históricamente ha acompañado al expresidente Álvaro Uribe Vélez. A ello se suma una trayectoria pública sin señalamientos judiciales y la capacidad de articular consensos con sus competidores del 8 de marzo, condición indispensable para enfrentar un escenario presidencial altamente competido.
Es momento de pensar en Colombia, en su estabilidad y en su futuro institucional. Que Dios nos guíe en este camino democrático.
Nicolás Ordoñez Ruiz