A juzgar por las voces que se escucharon la semana pasada en Valledupar, en el encuentro subregional de los departamentos y municipios PDET que conforman la Subregión Sierra Nevada de Santa Marta-Perijá-Zona Bananera con las mesas comunitarias y el Director Nacional de la ART, Dr Raul Delgado, Colombia vive una horrible noche con sus horas más oscuras. Esta subregión conformada por quince municipios, ocho del Departamento del Cesar, Cuatro del Magdalena y Tres de La Guajira, enviaron un mensaje al gobierno nacional alertándolo por el recrudecimiento de la violencia en La Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá.
Estos municipios que han esperado por diez años la implementación de los acuerdos de paz, la reforma rural integral y el plan de acción de transformación regional, después de haber puesto los muertos durante el conflicto, hoy vuelven a divulgar que sus territorios volvieron a las manos de la violencia. Los alcaldes levantaron sus voces reconociendo el trabajo arduo y gallardo del Presidente de la Agencia Nacional de Territorios, Dr Raul Delgado, quien con toda su trayectoria y experiencia y su férrea voluntad ha puesto todo su empeño para que se implementen los acuerdos de paz en los territorios PDET. Pero, reconociendo que ha habido inversiones, pero falta mucho por hacer en materia de infraestructura, ordenamiento social de la propiedad rural y conexión de los territorios.
Todavía sigue siendo muy débil la capacidad institucional y técnica de estos municipios, que generalmente son de quinta y sexta categoría y dependen exclusivamente de las transferencias nacionales y de los recursos para la paz, a través del OCAD-PAZ. Igualmente, propusieron los alcaldes, una modificación al régimen de regalías para asignar un porcentaje superior al 7% para los 170 municipios PDET de Colombia para mejorar su calidad de vida y el desarrollo humano de las victimas que dejo el conflicto armado, entre campesinos, indígenas y afrodescendientes. Los campesinos, los afrodescendientes y los indígenas también se hicieron escuchar y clamaron por la seguridad de sus territorios y que lleguen las inversiones publicas esperadas en los ocho pilares del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Admirable como a través de este programa se vienen visibilizando las victimas en la búsqueda de espacios institucionales y técnicos para acercarse al establecimiento para gestionar sus derechos vulnerados y su reivindicación. Indudablemente, desde los territorios, Colombia Clama la paz total y la seguridad nacional. Pero el momento celebre y apremiante de este encuentro subregional surge lleno de jubilo y de contento, cuando el propio presidente de la ART anuncia que el Presidente de la República, firmo el pasado 12 de febrero del 2026, la ley 2565 que extiende los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, por diez años adicionales hasta el 2037. Esta noticia significa que, serán diez años más de planeación y ejecución de inversiones publicas en los 170 municipios afectados por el conflicto y visibilizados como PDET. Es decir, la esperanza de que llegue la paz total y la seguridad nacional ya no termina en el 2027 con el periodo de los actuales alcaldes y gobernadores. La ley 2565 de 2026, tiene como objetivo prorrogar el Decreto Ley 893 de 2027 para continuar la transformación integral de estos territorios de victimas que claman su reivindicación con justa causa.
Esta extensión de los PDET se propone además de consolidar las inversiones sociales para alcanzar una paz duradera y estable, lograr también la seguridad de los territorios en las zonas más vulnerables del país hasta consolidar la responsabilidad misional del trabajo realizado por la Agencia de Renovación del Territorio. En buena hora consideramos que surge esta importante iniciativa del gobierno nacional para atender a las víctimas del conflicto armado. También solicitaron en Valledupar la inclusión de un capítulo aparte en el próximo modelo de desarrollo que formulará el nuevo Plan de Desarrollo Nacional 2026-2030.
Solicitaron un capítulo para las victimas y los municipios PDET incluido también en el plan plurianual de inversiones con fuentes ciertas de financiación y que se termine con los vericuetos de las convocatorias públicas nacionales y los OCAD-PAZ. Las mesas comunitarias de las victimas hoy se encuentran más activas como centinelas guardianes de sus derechos fundamentales, sobre todo, aquellos derechos a vivir en paz y con seguridad en sus territorios para no repetir la historia de la violencia que tantos muertos les dejo. Solo esperan que estas voces desde el pie de monte de la sierra sean escuchadas por el estado central.
Rafael Humberto Frías