Hay gobiernos que necesitan cuatro años para explicar por qué no pudieron hacer nada. Y hay gobiernos que, en sus primeras 48 horas, consiguen que los criminales empiecen a mirar por encima del hombro.
Entre el sábado 8 y el domingo 9 de agosto, Colombia recibió una noticia que durante demasiado tiempo parecía haberse convertido en especie en vía de extinción: el Estado volvió a comportarse como Estado. Según los reportes oficiales conocidos, más de 38 golpes operativos contra la criminalidad se produjeron durante esas primeras 48 horas. La cifra, por sí sola, no resuelve la crisis de seguridad ni autoriza a declarar victorioso a ningún gobierno. Pero sí permite afirmar algo que muchos se negaban a reconocer: la voluntad política modifica la conducta de las instituciones y, cuando esa voluntad se traduce en órdenes claras, coordinación y respaldo, la Fuerza Pública puede actuar con rapidez.
La primera precisión es indispensable. Colombia no se arregla en dos días. El crimen organizado no desaparece porque caiga un cabecilla, ni una región recupera su tranquilidad por el simple hecho de que se anuncie una operación exitosa. Las estructuras ilegales tienen reemplazos, redes financieras, informantes, corredores de movilidad y capacidad para mutar. Una ofensiva seria debe sostenerse durante meses y años. Debe estar acompañada por Fiscalía, jueces, inteligencia financiera, presencia social e instituciones locales. Pero una política de Estado también comienza con una señal inequívoca. Y la señal de estas primeras 48 horas fue que la autoridad dejó de pedir permiso para ejercer su deber.
La noticia que Colombia necesitaba
En Meta cayó alias “Ruso” o “Alemán”, señalado como cabecilla principal de una estructura de las disidencias de Mordisco, junto con otros integrantes. En Antioquia fueron neutralizados dos miembros del Clan del Golfo y se incautaron fusiles y material de guerra. En Necoclí fueron capturados cuatro presuntos integrantes de una estructura financiera y narcotraficante. También se reportaron operaciones en Liberia, Caquetá y otras regiones: golpes a estructuras armadas, capturas, incautaciones de armas y municiones, afectación de finanzas criminales y acciones contra redes de extorsión y narcotráfico.
Cada caso debe ser examinado con rigor jurídico. “Presunto” no es una palabra decorativa: significa que la responsabilidad penal debe establecerse mediante pruebas y ante un juez. “Neutralizado” debe entenderse en el contexto exacto de cada operación, sin reemplazar la información oficial ni anticipar conclusiones judiciales. La contundencia del Estado no puede construirse sobre la ligereza de los rumores. Si la autoridad combate al crimen en nombre de la ley, está obligada a respetar la ley desde el primer minuto hasta la sentencia final.
Pero el cuidado jurídico no puede utilizarse como excusa para la parálisis. La democracia necesita garantías, y también necesita autoridad. Las dos cosas no son enemigas. Un comerciante que paga extorsión está viendo vulnerado su patrimonio y su libertad. Una comunidad que abandona su territorio por amenazas está viendo vulnerado su derecho a permanecer. Un niño reclutado por una organización armada está viendo destruida su infancia. Un policía asesinado en una emboscada está pagando con su vida la ausencia de un Estado capaz de protegerlo.
Todos esos son derechos humanos. No únicamente los derechos de quien empuña un fusil contra el ciudadano, sino también los derechos de quienes padecen ese fusil.
El soldado ya estaba ahí
Y aquí hay que detenerse para decirlo sin miedo y con la bandera en alto: honor a nuestros soldados, policías y hombres y mujeres de las Fuerzas Militares.
Porque hay una mentira que no estoy dispuesto a comprar: que nuestras Fuerzas Militares necesitaban aprender a combatir el 7 de agosto. No. Ya estaban listas.
Totalmente listas. Tenían entrenamiento, inteligencia, experiencia, doctrina y hombres dispuestos a jugarse la vida por los demás.
El soldado colombiano no apareció de repente en una ceremonia de posesión. No nació con un nuevo discurso presidencial. Ya estaba en las montañas, en los ríos, en las carreteras, en los municipios olvidados, cumpliendo una misión que muchas veces se realiza en silencio y bajo condiciones que la mayoría de los ciudadanos no alcanza a imaginar. El policía que enfrenta una estructura de extorsión tampoco necesita que le expliquen qué significa el miedo. Lo conoce de cerca. Lo lleva consigo cuando sale a patrullar y cuando deja a su familia en casa.
Lo que recuperaron el 7 de agosto fue otra cosa: libertad de acción, respaldo político y la certeza de que el Gobierno volvería a estar detrás de ellos. El soldado no apareció ese día. El héroe ya estaba ahí. Lo que cambió fue quién dejó de ponerle freno.
Durante años se instaló la idea de que respaldar a la Fuerza Pública era sospechoso; que exigir resultados equivalía a desconocer los derechos humanos; que utilizar la fuerza legítima contra quienes asesinan, extorsionan y desplazan era casi una provocación. Esa confusión fue profundamente dañina. Toda operación debe respetar la Constitución, el derecho internacional humanitario y los protocolos militares. Los abusos deben investigarse y sancionarse. Pero controlar el poder armado del Estado no significa paralizarlo moralmente hasta que los únicos que puedan moverse con libertad sean los delincuentes.
La Constitución no creó una Fuerza Pública ornamental. El artículo 217 establece que la Nación tendrá unas Fuerzas Militares permanentes, destinadas a la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional. El artículo 218 define a la Policía Nacional como un cuerpo armado permanente cuyo fin primordial es mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y asegurar que los habitantes convivan en paz. No son frases para una placa. Son mandatos institucionales.
Por eso el respaldo político no es un capricho presidencial: es una condición de funcionamiento del Estado. Un Gobierno que ordena a sus fuerzas actuar, pero luego las abandona frente a la crítica, la investigación o la presión política, no está gobernando; está utilizando seres humanos como escudos desechables. Un Gobierno responsable entrega objetivos claros, inteligencia, equipos, reglas de operación y defensa jurídica cuando los procedimientos se ajustan a la ley.
La autoridad no es venganza
Al criminal se le combate con inteligencia, operaciones, justicia y autoridad; al soldado se le respalda. Esto es lo que entendieron Abelardo De La Espriella y el general Jorge Eduardo Mora.
No porque hayan creado una Fuerza Pública de la nada. No porque 48 horas sean suficientes para evaluar un gobierno. El reconocimiento nace de haber comprendido un principio elemental: la autoridad legítima no es venganza. Es la capacidad organizada de la República para impedir que una minoría armada dicte las condiciones de vida de la mayoría.
A los criminales no se les está preguntando cómo se sienten. Se les está preguntando dónde están.
Y si no entienden el mensaje, habrá que explicárselo con toda la capacidad legítima del Estado: los vamos a perseguir como a ratas, pero dentro de la ley, con inteligencia, Fuerza Pública, Fiscalía y jueces. La dureza de la frase no debe ocultar la precisión de la obligación: el Estado no puede actuar como una banda más. No puede secuestrar, torturar ni ejecutar. Su superioridad moral y jurídica consiste justamente en que emplea la fuerza bajo reglas, con controles y para proteger al ciudadano.
Que corran. Que se escondan. Que cambien de madriguera. El Estado también sabe buscar.
Pero buscar no es suficiente. El Estado tiene que encontrar, capturar, investigar, acusar y condenar cuando haya pruebas. Una fotografía con armas incautadas es apenas el comienzo. El resultado verdadero se produce cuando esa arma deja de amenazar a la comunidad, cuando el dinero criminal es rastreado y extinguido, cuando el capturado no vuelve a la calle por un error evitable y cuando los testigos pueden declarar sin quedar expuestos.
El balance que deja la “paz total”
Después de cuatro años de Petro y de esa tragicomedia llamada “paz total”, Colombia necesitaba exactamente esto. Fueron cuatro años de discursos, concesiones, ceses y una confianza casi religiosa en que los bandidos iban a descubrir espontáneamente el amor por la República. Mientras tanto, demasiadas comunidades pagaban extorsiones; demasiados comerciantes cerraban sus negocios; demasiados campesinos abandonaban sus tierras; demasiados uniformados cargaban con el costo de una política que confundió diálogo con debilidad.
Dialogar no es rendirse. Negociar no es entregar el territorio. Buscar la paz no puede significar permitir que los violentos se fortalezcan mientras el ciudadano queda a merced de ellos. La paz verdadera no se decreta desde un despacho ni se construye con palabras que no tienen consecuencias. Se construye cuando el Estado llega con justicia, educación, salud, infraestructura y oportunidades, pero también cuando llega con la capacidad de impedir que un fusil imponga la ley.
Las cifras disponibles ayudan a entender por qué la ciudadanía recibe con esperanza cualquier señal de autoridad. Un análisis del Centro de Paz y Seguridad Externadista, publicado por la Universidad Externado en diciembre de 2025, reportó 40.663 homicidios durante los primeros tres años del gobierno Petro: 2.862 más que en el trienio de Iván Duque y 4.017 más que en el segundo mandato de Juan Manuel Santos. El informe calculó un promedio anual de 13.554 homicidios y señaló que entre agosto de 2024 y agosto de 2025 se registraron 13.817 casos, el punto más crítico del periodo examinado.
Esas cifras deben leerse con responsabilidad: un dato de homicidios no explica por sí solo todas las causas de la violencia ni permite atribuir cada asesinato a una política gubernamental. Sin embargo, sí contradice la idea de que el país hubiera entrado en una ruta clara de desescalamiento. La seguridad no puede evaluarse por la cantidad de mesas instaladas, sino por la vida cotidiana de las comunidades y por la capacidad del Estado para impedir que las organizaciones armadas crezcan.
En esa materia, la Fundación Ideas para la Paz publicó en noviembre de 2025 un análisis basado en la Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza, ejercicio realizado por la Fuerza Pública. Allí estimó que, entre diciembre de 2024 y julio de 2025, los integrantes de los grupos armados organizados habían aumentado 15 por ciento, hasta llegar a 25.278 personas entre combatientes y redes de apoyo. La propia FIP advierte que puede haber subregistros y limitaciones metodológicas, pero considera que el ejercicio sirve para observar tendencias.
La conclusión política es difícil de esquivar: si las estructuras ilegales aumentan su personal, sus redes y su capacidad territorial mientras el Gobierno insiste en que el país avanza hacia la paz, existe una distancia peligrosa entre el discurso y la realidad. Un cese que permite al criminal reclutar, extorsionar, financiarse y rearmarse no es paz. Es una pausa aprovechada por quien tiene menos interés en abandonar la violencia.
El ciudadano como centro de la seguridad
La seguridad no existe para que el Gobierno pueda presentar estadísticas. Existe para que el ciudadano pueda vivir.
El indicador más importante no es únicamente cuántos cabecillas fueron capturados, aunque eso importe. Es si una familia puede dormir sin escuchar disparos; si un pequeño comerciante puede abrir su tienda sin pagar una cuota; si un transportador puede recorrer una carretera; si una maestra puede llegar a la escuela; si un campesino puede cosechar sin ser obligado a colaborar con un grupo armado; si un joven puede rechazar el reclutamiento sin poner en riesgo a sus padres.
Por eso una ofensiva de seguridad debe combinar cinco elementos. Primero, inteligencia: conocer la estructura, sus mandos, sus finanzas y sus apoyos. Segundo, capacidad operacional: actuar de manera rápida, coordinada y proporcional. Tercero, justicia: garantizar que las pruebas sobrevivan al proceso judicial. Cuarto, protección: acompañar a las víctimas, testigos, líderes y funcionarios locales. Quinto, presencia integral: impedir que el vacío dejado por un grupo criminal sea ocupado por otro.
La inteligencia financiera merece especial atención. Muchos grupos armados no sobreviven solamente por el narcotráfico. Se financian mediante extorsión, minería ilegal, contrabando, cobros por movilidad, control de economías locales y alianzas con redes legales. Capturar hombres armados sin golpear el dinero puede producir una victoria aparente. El reemplazo llegará mientras la caja permanezca intacta.
También hay que recuperar las cárceles. Un establecimiento penitenciario no puede ser una oficina de mando para extorsiones, secuestros o asesinatos. La autoridad que se recupera en el territorio se pierde si el criminal continúa administrando su organización desde una celda. El control penitenciario, la inteligencia carcelaria y la judicialización de las órdenes impartidas desde prisión deben ser parte central de la política de seguridad.
La operación debe convertirse en gobierno
Un cabecilla capturado no significa que la estructura haya desaparecido. Las organizaciones criminales se fragmentan, cambian de nombre y sustituyen rápidamente a sus mandos. Por eso la acción militar debe ir acompañada de presencia institucional permanente, apoyo a las autoridades locales y oportunidades para las comunidades.
El Estado no puede entrar a un territorio solamente para golpear y después volver a ausentarse. Debe quedarse para gobernar. Si una comunidad ha vivido diez años bajo el mando de una estructura armada, no basta con retirar sus hombres durante una semana. Hay que abrir una inspección de policía, asegurar la carretera, garantizar la escuela, proteger al comerciante, llevar salud y ofrecer alternativas económicas. La seguridad sin desarrollo es frágil; el desarrollo sin seguridad es imposible.
Esta es la prueba que tendrá el nuevo Gobierno. No únicamente si puede producir titulares en sus primeras 48 horas, sino si puede convertir esos titulares en una política sostenida. El respaldo a la Fuerza Pública tendrá que expresarse en presupuesto, tecnología, movilidad, bienestar de los uniformados, formación en derechos humanos y coordinación con la justicia. La autoridad también se construye pagando a tiempo, manteniendo los equipos y cuidando a quienes arriesgan la vida.
Y la sociedad tendrá que cumplir su parte. Respaldar a los uniformados no significa aplaudir cualquier abuso. Exigir resultados no significa pedir ejecuciones. Condenar al crimen no significa renunciar al debido proceso. Una ciudadanía madura puede exigir mano firme y al mismo tiempo reclamar transparencia. De hecho, la transparencia fortalece la mano firme, porque evita que los errores individuales sean utilizados para desacreditar a toda la institución.
Una promesa que debe cumplirse
No, Colombia no se arregla en 48 horas. Pero 48 horas bastaron para demostrar algo que durante cuatro años muchos quisieron negar: cuando hay voluntad política, respaldo institucional y una Fuerza Pública preparada, el Estado puede volver a golpear al crimen.
No nacieron nuevos soldados el 7 de agosto. Nació un Gobierno dispuesto a dejarlos hacer su trabajo. Y eso, en seguridad, lo cambia todo.
La diferencia entre un Estado presente y un Estado ausente no siempre se anuncia con grandes reformas. A veces se nota en una familia que vuelve a abrir su negocio. En un campesino que decide no abandonar su parcela. En una carretera que deja de ser territorio de nadie. En un policía que sabe que no será abandonado por cumplir la misión. En un ciudadano que vuelve a llamar a la autoridad porque confía en que la autoridad responderá.
Por eso este momento exige entusiasmo, pero también vigilancia. Hay que celebrar los resultados sin convertirlos en propaganda; respaldar a los uniformados sin renunciar al control institucional; exigir contundencia sin tolerar abusos; reconocer un cambio de rumbo sin olvidar que la seguridad se demuestra todos los días, en todos los municipios y frente a cada amenaza.
La política criminal no puede depender del temperamento de un presidente ni de la emoción de una primera semana. Necesita continuidad. Los grupos armados esperan que los gobiernos se cansen, que la opinión pública cambie de tema, que las instituciones se contradigan y que la justicia se demore. La única manera de vencerlos es demostrar que el Estado tiene más paciencia, más memoria y más capacidad que ellos.
Honor a los que están en el terreno. Memoria a los que cayeron. Respeto a quienes llevan el uniforme.
Y a Colombia, una promesa que vale más que mil discursos: que el ciudadano honrado vuelva a dormir tranquilo y el delincuente vuelva a dormir preocupado.
Todo por la Patria. Nada sin ella.
Abel Enrique Sinning Castañeda