Desde el pasado 7 de agosto, el señor Gustavo Petro Urrego cesó sus actividades como primera autoridad administrativa de la República de Colombia. Es necesario ser conscientes de este suceso para dejar de responder a sus constantes trinos y peroratas, los cuales solo buscan sembrar odio y división entre los ciudadanos, en medio de su mesianismo vesánico y su megalomanía. Sin embargo, antes de optar por esta decisión —sana para la salud de la patria—, resulta indispensable dejar ciertas realidades claras frente a un personaje que intenta incendiar al país.
El nuevo gobierno ha tenido que enfrentar de entrada una auténtica hecatombe: el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el lunes 10 de agosto a las 7:40 de la mañana, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó. Este sismo, que según el Servicio Geológico Colombiano tuvo una profundidad de 103 kilómetros, se consolida como el tercero de mayor magnitud en la historia registrada del país. Los estudios de la nueva administración estiman el costo económico de esta tragedia en más de 30 billones de pesos. Lo curioso es que el gobierno saliente pretenda dar lecciones de cómo manejar dicha calamidad, cuando fueron ellos mismos quienes desfalcaron a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dejando un faltante de 1.38 billones de pesos cuyo paradero aún se desconoce.
Como malos perdedores, el candidato vencido en la segunda vuelta presidencial, con el apoyo de su partido y de su jefe político, no aceptó la derrota en las urnas y alegó un fraude sin prueba alguna. Por esta razón, el nuevo mandatario decidió no continuar con el empalme programado; una excusa perfecta que Petro ha utilizado de manera descarada para justificar que el gobierno actual supuestamente no sabe manejar la emergencia natural. Para colmo de males, en la réplica de la oposición transmitida el 19 de agosto, este personaje criticó las donaciones de los empresarios catalogándolas como insuficientes. Cabe preguntarse entonces: ¿cuánto habrá donado él de su propio bolsillo?
El colofón de este cinismo lo protagoniza un congresista abiertamente petrista, quien pidió donaciones económicas para supuestamente ayudar en la emergencia, pero cometió el «pequeño error» de recaudarlas en sus cuentas personales. Con esto incurrió presuntamente en delitos como estafa, captación masiva e ilegal de dinero y peculado por apropiación. Ahora, el representante se victimiza alegando persecución por su identidad étnica y un supuesto sesgo regional, como si pertenecer a un colectivo otorgara una patente de corso para delinquir.
Estas hordas guardaron un silencio cómplice cuando la señorita Juliana Guerrero falsificó títulos universitarios y utilizó aeronaves de la Policía Nacional para fines políticos y personales. En ese caso, la Contraloría General de la República determinó un hallazgo fiscal por más de 213 millones de pesos debido al costo del combustible de dichos trayectos no institucionales. Tampoco dijeron nada de la ex vicepresidenta Francia Márquez, quien utilizaba frecuentemente helicópteros oficiales para sus traslados alegando motivos de seguridad; curiosamente, son los mismos que hoy se rasgan las vestiduras cuando el actual presidente utiliza un medio de transporte similar.
El derroche del erario en el Sistema de Medios Públicos (RTVC) fue escandaloso. Un informe del diario El Espectador reveló que el gobierno anterior destinó más de 131.535 millones de pesos en contratos de publicidad y comunicaciones desde agosto de 2022, canalizados en gran parte a través de RTVC y otras agencias públicas para financiar estrategias de medios e influenciadores. Tan solo un convenio entre el Ministerio del Interior y RTVC ascendió a 88.964 millones de pesos destinados a la logística de eventos. Además, en febrero de 2026, a escasos días de que entrara en vigor la Ley de Garantías, RTVC recibió contratos directos de diversas carteras estatales por un valor superior a los 18.800 millones de pesos en un lapso de apenas 72 horas. En el empalme anticorrupción de la nueva administración se hallaron más de 230 contratos dudosos que superan los 11.665 millones de pesos.
El despilfarro de dinero fue desbordado, protegido por el silencio de quienes hoy se autoproclaman la panacea de la sociedad. A este panorama se suma el déficit denunciado de 3.2 billones de pesos necesarios para garantizar los pagos del subsidio de Colombia Mayor y el pilar solidario durante el segundo semestre del año.
Finalmente, la doble moral se extiende al rol de las primeras damas. Mientras callaron cuando la anterior despilfarraba el presupuesto nacional en vanidades y comitivas, hoy critican a la actual primera dama hasta por su forma de vestir, ignorando que lo único que ha hecho es trabajar y ponerse al frente de la crisis humanitaria que golpea al territorio. En conclusión, el país enfrenta una profunda crisis económica heredada; al gobierno actual le ha tocado sortear estas vicisitudes y, aun así, la oposición tiene el descaro de criticar con solo quince días en el cargo lo que ellos no supieron ni quisieron solucionar en cuatro años.
Oscar Christoffel Díaz