Aquí tienen ustedes figurada la paradoja que ha perseguido nuestra historia durante siglos y no hemos logrado resolver. Para muchos, podría equivaler a decir que “al Estado Colombiano le quedó grande el territorio”, lo cual no deja de ser una sentencia vergonzosa, aunque pudiera ser cierta, porque está a la vista la queja de todos los días según la cual, que el Estado abandonó los territorios, o nunca llegó hasta los más alejados, sea por incapacidad o negligencia, de tal suerte que le toma ventaja el atraso y la falta de oportunidades en perjuicio de las gentes.
A pesar de lo malo que puede ser el hecho, oh país maravilloso, se conserva siempre la esperanza que cada vez que llega un nuevo gobierno va a ocurrir, esta vez sí, “el milagro” de la transformación y el cambio, y que una mañana de éstas las cosas comenzarán a cambiar mientras nos damos el gusto de saborear el primer café. Y es que no ha terminado de instalarse un nuevo Gobierno y el país ya duerme tranquilo pensando que todo se resolverá a partir de la mañana siguiente. Ojalá fuera así de fácil superar décadas de desgobierno en un solo amanecer. Típico de un país optimista que conserva vivas sus esperanzas de mejorar, aunque se lo pueda acusar de ingenuo
En cualquier caso, siempre es bueno mirar las cosas con cuidado, porque una afirmación de tal calibre como la que se ha hecho para iniciar este escrito tiene que tener mucho de fondo.
¿Un territorio difícil?
La primera explicación, muy naturalizada, por cierto, aunque totalmente injusta como se verá, es que el país posee una geografía “muy difícil” y al Estado le cuesta mucho trabajo llegar a todas partes con los servicios esenciales para todos. Afirmación injusta y perniciosamente tendenciosa porque da a entender que “todos los males son culpa de los territorios agrestes y difíciles y no de quienes viven en ellos, y sobre todo de quienes asumen la responsabilidad de gobernarlos.”
Con esta simple corrección de perspectiva se cambia el sentido de la afirmación, porque no está el problema en que “sean tres cordilleras que hacen del país un entorno quebrado, o que las selvas profundas nos rodeen, o que las planicies inmensas nos superen, o que los grandes ríos nos devoren”, porque nada de eso es cierto, y tampoco el que tengamos por destino vivir entre montañas, como si se tratara de un merecido castigo, porque ese conjunto de características tan únicas son precisamente la razón de nuestra mayor riqueza: nuestro territorio, y en su interior el agua en inagotable abundancia, la diversidad de suelos capaces de producir comida sin límites, los recursos naturales por doquier y los recursos minerales en cantidades que estamos lejos de llegar a conocer.
Pues ¿qué hace falta entonces? Que cada territorio, según sus características y vocaciones, sea habitado y aprovechado según convenga, y llegue con el tiempo a ser gobernado de manera correspondiente con la capacidad y eficiencia necesaria para que pueda cumplir su propósito de servir de ámbito de vida para cada comunidad y cada pueblo.
Esa doble condición de gobernanza y gobernabilidad en el territorio no se traslada desde ninguna parte, tampoco se consigue en un manual de biblioteca ni se dictamina por decreto, sólo se construye en lo local, con el acopio de esfuerzos y voluntades de todos, y se fortalece en el transcurso del día a día en medio de muy afortunados y prolongados estados de paz. No se necesita más que eso. De ese modo existe para todos la oportunidad de apropiarse bien del territorio y aprender la forma de conseguir en él lo necesario para poder vivir. Un territorio es un escenario de vida para los pueblos y, como resultado de esa relación recíproca de las gentes con su entorno, se consigue lo necesario para asegurar la vida y el bienestar de cada uno. De ese modo se construye país, mediante el agregado de territorios gobernados apropiadamente desde lo local, con el esfuerzo local, con la participación de las fuerzas locales. De tal modo se fortalece un país que reúne bajo la mano protectora de su Estado un conjunto de territorios bien conocidos, bien planificados y bien gobernados, a tal extremo que la falsa convicción de vivir “en territorios difíciles” se debilita y desaparece con el tiempo.
¿Un gobierno central?
Hace parte de esa relación inteligente con el entorno la tarea de gobernar bien, lo cual nos obliga a resolver un segundo asunto, que es la tradición y costumbre de funcionar como un Estado estructurado de manera centralizada que impide – o dilata de forma inconveniente- el fortalecimiento de las formas de gobierno originadas en los territorios más alejados. Puede ser cierto que lo exigente del terreno y las distancias hayan hecho costosa y lenta la tarea de construir carreteras o sistemas de comunicación con las capitales departamentales, y peor aún con la Capital del país, pero a estas alturas del siglo ya se encuentra muy bien revaluado ese criterio ya gastado de que “todo tiene que hacerse desde el nivel central”, porque ya está suficientemente demostrado que con esa práctica centralista que ha resistido más de un siglo se suplanta y debilita la capacidad local de gobierno y se alejan las oportunidades de vincular las fuerzas vivas locales en la gestión de su propio desarrollo. Colombia tiene ya multitud de casos exitosos de gobiernos regionales y locales muy fortalecidos en la mayoría de los departamentos y numerosos municipios, lo cual deja ver con claridad que el camino de la descentralización efectiva es la ruta correcta hacia la vinculación de las capacidades locales de gobierno en el la gestión ordenada de los territorios, para abrir espacios y oportunidades de desarrollo y bienestar sin que sea del todo obligatoria la injerencia de un Estado central que debe ocuparse de otros asuntos superiores.
Así es que tampoco sería cierto que la distancia o lo “apartado de los territorios” sea la razón por la cual “no habría presencia estatal –o abandono en los territorios-“, reflejada ésta en la falta de presencia institucional, porque sí la hay. No será, tal vez, del tamaño que puede verse en las capitales, pero sí existe y es real, sólo que no tan robusta como podría llegar a ser necesario. Esa es, de plano, la razón por la cual el Estado debe hacerse lo sufrientemente ágil y creativo para garantizar que en los territorios haya institucionalidad suficiente y se mantenga en condiciones óptimas. En tanto las poblaciones aumentan cada día y se alojan mayores y más frecuentes migraciones internas, viene muy bien exigir el crecimiento de la infraestructura local en salud y educación como componentes indispensables de la vida en los territorios, asuntos en los que los gobiernos locales han de hacerse eficientes. No podrá perderse de vista, entonces, que todo territorio, por pequeño que sea, hace parte de un municipio y éste, a su vez, de un Departamento, que son las instancias de Gobierno regional y subregional que representan al Estado de forma real y que han de crecer y fortalecerse progresivamente para ocuparse de la tarea local de gobierno. Deja de ser tolerable, por consecuencia directa, el señalar “la ausencia del Estado en los territorios” – y acaso algún vacío de poder – sólo por el flojo imaginario de no reconocer que hay Estado en las instancias regionales y subregionales y que pueden éstas llegar a estar cada día más completas y competentes.
Asunto bien diferente cuando se trata de seguridad ligada a la pérdida de condiciones para asegurar el control de los territorios amenazados por las economías ilegales y la criminalidad, agobiados como están por “fuerzas” que saben tomar control de los territorios y establecen “reglamentos civiles” con consecuencias violentas para las personas y la vida de los pueblos. La presencia militar y de Policía para recuperar el orden en el territorio es y será siempre un asunto de Gobierno Nacional, con fundamento en que aquellas zonas sin presencia suficiente de la fuerza pública son siempre susceptibles de sufrir violencia e inseguridad y caer en poder de redes de economías criminales, pero nunca será excluyente el que las instancias de gobierno regional y local adquieran capacidad instalada y autoridad para el manejo de la seguridad territorial, en el mismo camino en el que se fortalece la presencia de la Justicia, que son quizás los dos asuntos más críticos en los días presentes.
Gobernar con todos
El nuevo gobierno arranca con la promesa de “gobernar con todos”, lo que hace mérito para que dediquemos unos apartes a la búsqueda de la esencia de fondo.
Resulta por lo menos curioso el que un gobierno que se juzga de extrema derecha, que desde su campaña electoral viene dando señales claras de “autoritarismo de Estado”, hable hoy de “gobernar con todos”, como si se diera a entender que se piensa ejercer el poder político con inclusión de todas las fuerzas, en el marco de un diálogo constructivo hasta con la oposición y animado en la búsqueda de consensos para establecer una política pública incluyente, participativa, que no repare en posturas ideológicas y disensos.
Si este ha de ser el modelo, pensado para evitar excesos de polarización política, tendrá que ser el Presidente el primero en acercarse a las demás fuerzas para abrir el diálogo y promover la colaboración en la tarea de gobierno. Implica que habrá de lograr un acercamiento real y efectivo con las autoridades de Gobierno local legítimamente elegidas en los departamentos y municipios, en tanto son ellos, como hemos dicho, quienes representan la magnitud del Estado en los territorios. Implica que todos ellos habrán de ser vinculados y comprometidos en la tarea nacional de “gobernar para todos”, con reflejos específicos en los territorios. Implica que es con ellos que se hace el trabajo de gobernar integralmente el país sin permitir que ningún territorio se quede atrás, o sufra rezagos. Implica que el Presidente debe poner en operación sincronizada un equipo de más de mil cien alcaldes y 32 gobernadores con realidades territoriales distintas, ejerciendo sus cargos al frente de poblaciones con diversidad de prioridades y necesidades. Es con ellos, los gobernadores y alcaldes, que el Presidente orientará la política pública para conseguir la inclusión, para responder a los más vulnerables, para acercar y conectar las periferias geográficas y para hacer que fluya un modelo de desarrollo que integre a todos y cada uno de los territorios y los ciudadanos. Eso es lo que significa “gobernar para todos”.
Quizás deba el Presidente consensuar con los partidos y tendencias de oposición, porque es natural que así sea para lograr el respaldo legislativo que necesita, mientras se rodea el Ejecutivo de los aparatos económicos para lograr los cometidos de desarrollo. De nuevo, es lo que significa “gobernar con todos”. Quizás deba ocuparse de fortalecer y modernizar las instituciones, para que el país recupere la confianza en ellas y comience a dar muestras inequívocas de eficiencia en el gasto y en el logro de resultados. Deberá el Presidente preservar la independencia de poderes y fortalecer las reglas de la Democracia en toda la acción de Gobierno, porque en ello se funda la estabilidad del Estado y la vida del país. Tendrá que ocuparse con diligencia de las alertas sociales, que son muchas y siempre dispuestas a saltar a la calle, buscando que el equipo de gobierno en lo nacional, lo regional y lo subregional responda con eficacia a las demandas ciudadanas, sin reparos, sin dilaciones, sin clientelismos, sin corrupción.
Todo esto obliga a establecer condiciones muy sólidas de gestión en el Congreso y en las instituciones de todo nivel, reconociendo que una vez el Gobierno despierte confianza la demanda de soluciones tocará a la puerta de la Casa de Nariño, que es la casa de la Nación y es donde el país espera encontrar a su Presidente. Así las cosas, tendrá que encontrar la forma de ordenar adecuadamente el trabajo y descentralizar de modo efectivo las responsabilidades. Otra vez, “gobernar con todos”.
Una descentralización efectiva en Colombia permite extender capacidad de respuesta hacia y desde los territorios y aumentar la capacidad de gestión del Estado. Allí puede estar la solución de nuestro dilema de un Estado pequeño e ineficiente para un territorio grande. Implica transferir no solo funciones y competencias, sino autonomía real a los departamentos, acompañado esto de autonomía fiscal y recursos suficientes para responder en la gestión del territorio. De dicho modo, todos contribuyen en la tarea de gobierno y la tarea de gobierno se hace con todos.
¡Confiemos en ello!!
Arturo Moncaleano Archila