La Fiscalía no puede seguir actuando como si los escándalos que rodearon al gobierno de Gustavo Petro fueran simples malentendidos administrativos. Hay denuncias, imputaciones, condenas, expedientes aplazados y decisiones que exigen una respuesta sin rodeos. Y hay una pregunta que atraviesa todos esos casos: ¿quiénes protegieron al petrismo mientras el país esperaba justicia?
Petro ya no gobierna. Hoy el presidente es Abelardo de la Espriella, y su deber es impedir que los expedientes de la administración anterior terminen archivados por cansancio, conveniencia o cálculo político. De la Espriella ha levantado la bandera contra la corrupción y ha tomado decisiones visibles: sacó al director de Bomberos Germán Miranda tras conocerse audios que sugerían una posible intermediación en un proceso de la Fiscalía; designó a la exmagistrada Cristina Lombana en la Secretaría de Transparencia, y ha exigido que los organismos de control intervengan ante denuncias de corrupción, incluso en San Andrés.
Eso es lo que el país necesita: voluntad de buscar la verdad y respaldo a las investigaciones, no discursos para encubrir a los amigos. Ahora esa voluntad debe convertirse en resultados: que los expedientes avancen, que nadie sea intocable y que la justicia llegue hasta los responsables, por poderosos que sean.
Porque lo que dejó el petrismo no fue una colección de rumores. Fue una cadena de escándalos que golpeó la Presidencia, la UNGRD, la familia presidencial y la propia Fiscalía.
LUCY LABORDE: LA FISCAL QUE, SEGÚN SU DENUNCIA, SE NEGÓ A PROTEGER A NICOLÁS PETRO
Lucy Laborde no era una opinadora de redes. Fue la fiscal que tuvo a su cargo el proceso contra Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro. En agosto de 2026 denunció ante la Comisión de Acusación de la Cámara a la fiscal general Luz Adriana Camargo. Después, en entrevista con SEMANA, sostuvo que Camargo le habría ordenado retirar el delito de lavado de activos del proceso contra Nicolás Petro.
Según Laborde, la instrucción habría sido dejar únicamente el enriquecimiento ilícito, para evitar las consecuencias que el cargo de lavado de activos podía tener ante la OFAC y la Lista Clinton. La exfiscal afirmó que se negó a hacerlo.
También denunció presiones, filtraciones a la defensa, acoso laboral, que la apartaron del caso y que la trasladaron en condiciones adversas. Aseguró que fue despojada de recursos para trabajar y que hubo injerencia desde la cúpula de la Fiscalía en el caso Fucoso.
Si lo que Laborde relató es cierto, no estamos ante una diferencia de criterio entre fiscales. Estamos ante una denuncia de intervención desde la cúspide del ente acusador para aliviar la situación judicial del hijo del presidente. Eso exige una investigación seria, independiente y pública.
¿Y qué ha pasado? La denuncia está radicada. El país conoce el testimonio. Pero las respuestas siguen sin aparecer con la contundencia que exige la gravedad de los señalamientos. Una Fiscalía que se investiga a sí misma no puede pedirle al país que se conforme con el silencio.
NICOLÁS PETRO: DOS PROCESOS, SEIS NUEVOS DELITOS Y CERO SENTENCIAS
El proceso principal contra Nicolás Petro por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito viene desde 2023. La tesis de la Fiscalía es que habría recibido recursos de origen ilícito y los habría ocultado mediante operaciones patrimoniales. La acusación debe resolverse ante los jueces; lo que no puede ocurrir es que el expediente se convierta en una espera interminable.
El 10 de noviembre de 2025, en Barranquilla, Lucy Laborde le imputó seis delitos en el caso Fucoso: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio.
La Fiscalía planteó que, cuando era diputado del Atlántico, Nicolás Petro habría intervenido en un supuesto acuerdo corrupto relacionado con contratos entre la Gobernación y la Fundación Conciencia Social, Fucoso. Según la imputación, 111 millones de pesos habrían sido apropiados de manera ilícita, aunque parte de los recursos debía destinarse a programas para adultos mayores.
El juez negó la medida de aseguramiento y Nicolás Petro siguió en libertad. La audiencia de formulación de acusación fue aplazada: el 18 de septiembre de 2026, la Fiscalía pidió tiempo para revisar el expediente y el escrito de acusación, mientras la Procuraduría señaló problemas procesales que debían corregirse. A esa fecha, todavía no había acusación formal en el proceso Fucoso.
Dos procesos. Señalamientos de enorme gravedad. Seis delitos imputados en el caso Fucoso. Ninguna sentencia definitiva. El hijo del presidente conserva la presunción de inocencia, sí; pero el apellido Petro no puede convertirse en una pausa judicial permanente.
UNGRD: CARROTANQUES, VOTOS Y MILLONES QUE NO LLEGARON A LA GUAJIRA
El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres comenzó con los sobrecostos de los carrotanques destinados a La Guajira. La denuncia pública habló de 46.800 millones de pesos. Después se conoció una trama que, según la investigación, habría usado contratos públicos para comprar apoyos políticos, pagar favores y conseguir votos para las reforas del Gobierno.
Mientras La Guajira seguía esperando agua, los recursos de la entidad encargada de atender emergencias quedaron atrapados en contratos cuestionados y acusaciones de corrupción. Robaron —según las condenas y las investigaciones— en una entidad que debía aliviar la necesidad de los más pobres. Y todavía hay quienes pretenden dar lecciones de moral.
Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, fue condenado el 29 de abril de 2025 a cinco años, ocho meses y un día por concierto para delinquir agravado y peculado, tras un preacuerdo con una rebaja del 45 %. Olmedo López, exdirector de la UNGRD, aceptó responsabilidad en mayo de 2026 por peculado por apropiación y concierto para delinquir; al momento de los reportes, esperaba sentencia.
La Corte Suprema llamó a juicio a seis congresistas por presunto cohecho impropio en una trama relacionada con tres proyectos de la UNGRD que superarían los 92.000 millones de pesos. La Sala mantuvo el proceso y rechazó solicitudes para frenarlo. Que los acusados respondan ante la justicia; que los jueces decidan. Pero que el juicio avance y que nadie esconda el dinero detrás de tecnicismos.
Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco también quedaron vinculados al escándalo. La audiencia preparatoria fue aplazada por segunda vez y quedó para el 2 de febrero de 2027, en medio de controversias sobre el acceso a archivos probatorios. El 5 de noviembre de 2026, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad de Velasco mientras continúa el proceso. Esa decisión no lo absuelve ni extingue la investigación.
El Gobierno Petro terminó, pero el saqueo no puede terminar en unos cuantos condenados mientras quedan preguntas sin respuesta: ¿quién ordenó, quién recibió, quién repartió y dónde está la plata? La Guajira no necesita más promesas ni explicaciones de oficina. Necesita agua y justicia.
DAPRE: CONTRATOS, FAVORES Y EL ENTORNO PRESIDENCIAL
El 23 de octubre de 2026, la Fiscalía abrió una noticia criminal por presuntas irregularidades en el DAPRE y otras dependencias del gobierno de Petro. La indagación se abrió por presunto abuso de función pública y busca establecer si se entregaron contratos estatales a cambio de favores.
El 25 de octubre, Deicy Jiménez denunció ante SEMANA una supuesta red de contratación estatal a cambio de favores sexuales. El 5 de noviembre entregó su celular a la Fiscalía para una extracción forense de conversaciones, fotografías, videos y otros archivos. La revisión técnica duró más de siete horas; Jiménez dijo que permaneció en la entidad 15 horas y 45 minutos. También había declarado ante la Corte Suprema el 29 de octubre.
Carlos Ríos, director del DAPRE, denunció la existencia de 48 contratos a mujeres que, según su versión, no tendrían justificación. Jiménez habló de entre 30 y 40 mujeres. Esas cifras deben investigarse, contrato por contrato: quién pidió las vinculaciones, quién las aprobó, quién las supervisó y qué recibieron las entidades a cambio.
La Fiscalía anunció que llamaría a declarar a las exdirectoras del DAPRE Angie Rodríguez y Laura Sarabia. Bien. Que las cite, que revise los documentos y que llegue hasta donde conduzcan las pruebas. No se puede investigar a las contratistas y dejar por fuera a quienes controlaban el despacho presidencial y la contratación.
Cuando el escándalo llega al corazón del poder, la respuesta no puede ser distraer al país con la vida privada de la denunciante ni convertir la investigación en una disputa de versiones. Aquí se habla de contratos públicos y de presunto abuso del poder presidencial. La verdad debe establecerse completa, no a conveniencia.
PRIMERA LÍNEA: CAMBIO DE DELITO, CAMBIO DE FISCALES Y ACUERDOS BAJO SOSPECHA
En junio de 2026, según lo publicado por SEMANA, la fiscal general Luz Adriana Camargo habría ordenado cambiar de terrorismo a asonada la calificación de los delitos atribuidos a once integrantes de la Primera Línea en Bogotá, investigados por ataques contra buses y estaciones de TransMilenio.
La controversia se relaciona con la Resolución 0171 del 16 de junio de 2026, que creó un grupo de tareas especiales y reasignó el expediente horas antes de la audiencia de acusación prevista para el 17 de junio. Según los reportes, las fiscales que se opusieron a cambiar la calificación fueron removidas o trasladadas.
Después, la Fiscalía presentó acuerdos con penas de entre cinco y siete años. Según la información divulgada, en algunos casos retiró el delito de terrorismo y, en otros, redujo el grado de participación. Siete de los once procesados aceptaron los cargos incluidos en la negociación. TransMilenio y la Universidad Nacional, como víctimas, acudieron a la tutela para cuestionar los acuerdos y el procedimiento.
La pregunta no es si la protesta social merece protección —la merece—, sino por qué un expediente que incluía ataques contra buses, estaciones y ciudadanos terminó con cambios de calificación, reasignación del caso y fiscales apartadas. La protesta no puede convertirse en salvoconducto para destruir bienes públicos y aterrorizar a la ciudadanía.
Que los jueces decidan conforme a las pruebas. Pero que también se investigue quién tomó las decisiones, por qué se cambió el rumbo del proceso y si hubo presiones desde la cúpula de la Fiscalía. Las víctimas no pueden ser notificadas a última hora mientras los acuerdos se cocinan sin darles tiempo suficiente para revisarlos.
EL PACTO DE VALLEDUPAR: ¿QUIÉN QUERÍA USAR A LOS EXPARAMILITARES PARA GANAR UNA ELECCIÓN?
A estos escándalos se suma el llamado Pacto de Valledupar. El 24 de octubre de 2025, funcionarios del Gobierno Petro se reunieron con exjefes de las AUC en el hotel El Bosque de Valledupar. El propósito oficial, según Petro, era cerrar el proceso de Ralito, avanzar en la devolución de bienes a las víctimas y completar la verdad sobre los financiadores.
Pero la versión de Salvatore Mancuso fue otra: afirmó que representantes del Gobierno les habrían pedido acusar a Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella “para ganar una elección”. Según Mancuso, la petición habría sido transmitida por Angie Rodríguez y Víctor de Currea Lugo, quienes, de acuerdo con esa versión, dijeron actuar por instrucciones de la Presidencia. Mancuso también afirmó que Petro nunca se lo pidió personalmente.
Petro negó haber dado una orden para presionar testimonios y pidió que se hicieran públicas las actas, comunicaciones y grabaciones. Que se publiquen. Que se revisen. Que se investigue quién convocó la reunión, qué se dijo y con qué propósito. Si no hubo intento de utilizar a exparamilitares para golpear a adversarios políticos, la transparencia debe despejarlo. Si lo hubo, el país debe saber quién dio la orden y quién la ejecutó.
La Fiscalía compulsó copias a la Comisión de Acusación para que investigue a Petro por este asunto. La Procuraduría abrió una indagación preliminar contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez y pidió los registros, grabaciones e informes del encuentro. Abelardo de la Espriella aparece en esta historia como uno de los opositores que, según Mancuso, habrían querido silenciar o golpear políticamente. No voy a omitirlo: si se pretendió usar la justicia o el testimonio de exparamilitares para sacarlo del camino electoral, hay que investigarlo hasta el final.
Y aquí está la diferencia que no pienso esconder: hoy el presidente es Abelardo de la Espriella, quien ha asumido públicamente la lucha contra la corrupción y ha respaldado que se investiguen las denuncias. Su gobierno debe hacer realidad esa promesa: que no haya protección para los suyos ni persecución contra sus adversarios. La verdad no puede ser propiedad de ningún partido.
PETRO Y SU ENTORNO DEBEN RESPONDER
Lucy Laborde denunció presiones para aliviar el proceso de Nicolás Petro. El hijo del presidente enfrentó dos procesos y seis nuevas imputaciones en Fucoso, pero sigue sin sentencia definitiva. La UNGRD quedó en el centro de una trama de carrotanques, contratos y presuntos pagos políticos. El DAPRE debe responder por las denuncias sobre contratos a mujeres. La Fiscalía enfrenta señalamientos por cambios de delito y remociones de fiscales en el caso de la Primera Línea. Y el Pacto de Valledupar abre una pregunta todavía más grave: ¿se intentó utilizar a exparamilitares para fabricar acusaciones contra opositores y favorecer al petrismo electoralmente?
No es una cortina de humo. No es una lista de coincidencias. Es el retrato de un poder que debe explicar qué hizo, qué permitió y a quién protegió.
Petro no puede esconderse detrás de la palabra “persecución” cada vez que aparece una denuncia. Sus funcionarios, sus aliados y su entorno deben responder por lo que hicieron. La Fiscalía debe investigar sin contemplaciones. La Comisión de Acusación y la Procuraduría deben actuar. Y el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella debe garantizar que las pruebas se conozcan y que la búsqueda de verdad no se convierta en otra operación política.
Yo no voy a suavizar lo que está a la vista ni a escribir una columna para absolver a Petro por anticipado. Señalo a Petro y a su banda política por el poder que ejercieron, los escándalos que dejaron y las explicaciones que todavía deben. Que la justicia determine responsabilidades; que nadie use ese principio para blindarlos del escrutinio público.
El país no necesita más discursos de inocencia ni más sermones de quienes gobernaron entre escándalos. Necesita verdad, responsables y consecuencias. La historia no absolverá a quienes callaron; tampoco a quienes usaron el poder para proteger a los suyos.
Abel Enrique Sinning Castañeda