Intentemos imaginar lo que sucedería en un país que no puede garantizar una oferta local suficiente de alimentos para sus habitantes y depende de la oferta de los mercados externos para asegurar el alimento básico para todos. El escenario previsible es que ese país entre en lo que se conoce en el medio como dependencia alimentaria estructural, que no es otra cosa que depender casi por completo de los mercados externos para cubrir su canasta básica del país.
Bajo este supuesto crítico, el alimento pasa de ser un asunto de simple nutrición y se convierte en un eje central de política pública en tanto hace relación a la supervivencia de la población, con profundas implicaciones en la estabilidad política de la nación.
Un primer universo de impacto está en el terreno de lo económico, porque supone que los países que no producen suficiente quedan obligados a adquirir los alimentos en el exterior al precio que determinen los mercados internacionales, sin defensa frente a las fluctuaciones de la moneda, el precio del petróleo, las incertidumbres climáticas y las coyunturas logísticas. Quiere decir que habrá necesidad de gastar continuamente gruesos montos de divisas para cubrir las necesidades de comida, debilitando así la posibilidad de atender otros frentes urgentes de gasto como pueden ser las medicinas, la tecnología, los insumos para la industria y los insumos energéticos indispensables. La primera señal de peligro viene con la inflación, porque la estructura de precios queda atada a las fluctuaciones externas de precio y el cambio de moneda; luego están las escaladas intempestivas de los precios, en tanto quedan los productos desprotegidos frente a la especulación de los mercados locales y la devaluación. El resultado: una pobreza que se dispara día por día.
Se esperarían también efectos negativos en materia de soberanía, siempre que el país se puede ver sometido a decisiones externas sobre las cuales no llega a tener control, con el riesgo latente de quedar desabastecido. Una coyuntura como ésta representa el riesgo más alto de para inducir estallido social, que es esa movilización desbordada que es capaz de “tumbar” gobiernos y desestabilizar naciones. Para dimensionar esta amenaza basta recordar las crisis que vivieron la Argentina y el Ecuador en décadas recientes y cómo cayeron los gobiernos uno tras otro.
Así es que, un país que omítela responsabilidad de estimular la producción nacional de alimento puede estar cavando su propia tumba. Las consecuencias sociales son enormes, en tanto se “fabrican” condiciones que aceleran la pobreza, toda vez que a las familias les resulta cada vez más onerosa la canasta básica de alimentos, el descontento y la violencia civil. Y sufren primero aquellas poblaciones con menores ingresos, sostenidas acaso mediante salarios precarios y pensiones insuficientes, en tanto se ven obligadas a reducir el gasto en alimentos para quedar expuestas a graves efectos en la salud, sufriendo la incidencia de enfermedades crónicas que disparan los indicadores de morbilidad y mortalidad. Son los mayores y los niños y niñas quienes terminan pagando las consecuencias sociales de este desacierto de política pública.
Mientras tanto se debilita y desmonta el aparato productivo local. Es perfectamente conocido que los productores locales no pueden competir con productos llegados del exterior que de seguro han sido subsidiados y protegidos en sus países de origen y muestran mejores precios para el consumidor en las ciudades, lo cual plantea un desequilibrio flagrante para la producción local que con peligrosa frecuencia provoca la pérdida de las cosechas locales. Este fenómeno, repetido año tras año, termina quebrando sistemas productivos locales que podían ser la base de la riqueza y la estabilidad en los territorios, dando pie, entre otros aspectos críticos, a la recesión y la migración forzada de la mano de obra que queda desocupada. Pueden buscarse allí muchas de las razones para explicar la escalada de cultivos ilícitos en los territorios, el ingreso avasallador del narcotráfico, la escalada de la delincuencia, el incremento de la violencia contra la población civil y la migración forzada hacia las ciudades para engrosar cinturones de abandono, pobreza y delincuencia. Y todo porque el trabajo en el campo perdió todo sentido.
Pues bien, con un panorama como el que hemos descrito, el Gobierno Nacional está tomado medidas para “desproteger” las llamadas Áreas de Protección para Producción de Alimentos. ¿Cuál puede ser su interés? Se reconoce primero la necesidad de regresar a los territorios, es decir a las autoridades locales, el privilegio legal de decidir sobre ese particular en el entorno municipal, lo cual viene a ser saludable y coherente con la potestad que tiene la autoridad territorial de orientar con los ciudadanos el ordenamiento de su territorio, según pueden ser las expectativas locales de desarrollo, pero queda para el Estado la tarea de inducir en lo local la responsabilidad de proteger las tierras fértiles para la producción de alimentos, como quiera que son éstas la base para impulsar en los territorios modelos de producción sostenible que contribuyan al abastecimiento general y la seguridad alimentaria de todos, al tiempo que son el soporte económico para más y más ciudadanos locales que pueden dedicarse a las actividades del agro y consiguen vivir bajo condiciones de dignidad y solvencia económica.
No queremos imaginar que se derogan las medidas de protección para facilitar la entrada de iniciativas que puedan hacer uso de la tierra para fines “más lucrativos” y acaso más interesantes desde el punto de vista económico que la simple producción de alimentos que, además, se dice que salen al mercado con condiciones aparentemente desfavorables de calidad y precio frente a los productos importados. Puede esto implicar que el hombre del campo, hasta ahora propietario de su tierra, puede verse enfrentado a la posibilidad de perder su fundo porque el gobierno quiere destinarlo para otros propósitos de gran envergadura e importancia económica. Y aquel trabajador del campo que hasta hoy pudo haber tenido la posibilidad de ganarse la vida cultivando en tierra rentada, tal vez no podrá hacerlo más porque alguien pensó en darle un uso distinto a esas tierras. Para uno y otra resta apenas la alternativa de migrar con sus “motetes” hacia algún otro rincón en donde pueda vivir su pobreza.
De este modo, sólo a título de ejemplo, siete municipios del Departamento de Córdoba tienen hoy flamantes parques solares instalados sobre más de tres mil hectáreas de tierra fértil que bien pudieron producir alimentos hasta hace muy poco tiempo. Y esa tendencia ya tiene fuerte impulso en otras regiones del país. De este modo, sólo para comparar y confirmar, Bogotá permitió década tras década que su sabana, uno de los ecosistemas más fértiles que se haya conocido para la producción de alimentos, se urbanizara y diera paso a grandes complejos de vivienda, simplemente porque la gestión inmobiliaria mostró más capacidad de inversión y renta que la producción de alimentos. Así, la presión especulativa sobre la tierra logró desplazar la que debía ser la principal función de la tierra fértil: la producción de alimentos.
¿Por qué hacerlo sobre tierras fértiles y no sobre superficies inhábiles que no prestan ese servicio? Cuesta trabajo entender cómo el Gobierno Nacional no da pasos más firmes hacia una segura estabilización y fortalecimiento del aparato productivo agrario, con elementos adicionales para conseguir una muy probable estabilidad política y civil en los territorios. Se sabe que el aumento drástico de los precios en la canasta básica suele ser un detonante seguro de protestas masivas y disturbios, y que es el hambre un combustible infalible para las revueltas sociales, ¿por qué no tomar, entonces, la ruta correcta? La pérdida de los territorios para la producción de alimentos no puede derivar en algo bueno. La desactivación económica de la población dedicada a las actividades del Agro es un peligro latente para la gobernabilidad del Estado y la estabilidad de la Nación. No debería actuar el Gobierno Nacional como el promotor de su propia caída.
Entonces, ¿por qué no proteger los suelos fértiles, si es que el país necesita contar con espacios seguros para garantizar una oferta básica de alimentos? A esto se le conoce como la base para la Seguridad y la Soberanía alimentarias, y debe ser una prioridad en el marco de la política pública de protección de las tierras, en un sentido exactamente igual al que se exige para la protección del agua y las fuentes hídricas. Que no se diga que están trabajando para que las superficies aptas para la agricultura puedan ser potencialmente absorbidas bajo el desaforo codicioso de los proyectos minero energéticos, la urbanización de lujo y las inversiones inmobiliarias, porque, ¡oh tremenda paradoja!, son ellos los más crueles generadores de desarraigo social, pobreza general y hambre en los territorios.
La FAO lanza permanentes estados de alerta mundial con respecto a este desafío estructural que enfrentan los gobiernos en materia de la seguridad alimentaria y la nutrición de los pueblos.[1] Su mensaje es que el hambre sigue estando por encima de las metas de reducción establecidas en la Agenda 2030 y que siguen subiendo los costos de una dieta saludable, lo cual dificulta el acceso de las poblaciones a los mínimos esenciales para sobrevivir dignamente y soportar indicadores de Desarrollo Sostenible. Según el informe, una tercera parte de la población mundial (algo como 2.700 Millones de personas en los distintos países) no logra acceder a dietas saludables y ello le ajusta el contexto de lo que hemos dicho hasta ahora. El fenómeno mundial, que también se vive en Colombia, de seguro puede estar ligado a la falta de oferta local de alimentos, o a la escasez, o al desabastecimiento, pero también escala en función de la creciente incapacidad económica de los más vulnerables para adquirir sus propios alimentos, peor aun cuando se gravan éstos de manera irresponsable con impuestos.
El hambre y la inseguridad alimentaria son, por coherencia lógica, una prioridad de política pública para todo gobierno en el mundo, y para enfrentar el problema no hay mejor recurso que aprovechar a fondo las tierras fértiles de los municipios y los territorios. Es por esa razón que se puede ver tan extraño que se busque “desproteger las APPA[2]” en un país que las necesita para asegurar su propia supervivencia. El país puede tener una capacidad extraordinaria para producir alimentos, no solo para atender con solvencia la demanda nacional sino para servir con ventaja al continente con un margen de excedentes muy bien planificados. De esa manera se estabilizan los mercados locales y se regulan los precios, se dan pasos certeros para desacelerar la inflación, se reduce la necesidad de adquirir faltantes en el exterior y se consiguen avances reales en la lucha contra el hambre y la pobreza.
Para direccionar las cosas de manera correcta solo hay que creer en ello. Cambiaría por completo el estatus económico del país entero. Sólo se necesita consciencia social, es cierto, pero también prudencia política. No puede colocarse el interés de lo económico por encima del interés de las gentes. No puede pensarse que el país vaya bien en medio del hambre y la miseria, y mientras los grandes capitales prosperan al amparo de las medidas gubernamentales. De allí que no se vea bien el que el Gobierno concentre todo su esfuerzo en imponer medidas para satisfacer la Banca Internacional y mejorar las cuentas nacionales mientras las gentes se van a la ruina.
Arturo Moncaleano Archila
[1] FAO – << Informe 2026 sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo>> https://www.fao.org/publications/fao-flagship-publications/the-state-of-food-security-and-nutrition-in-the-world/es
[2] APPA- Áreas de Protección para la Producción de Alimentos. Reconocimiento de Constitucionalidad mediante Sentencia C-364 de 2026, con advertencia de incorporar la “autonomía territorial” para su aplicación y la obligatoria concertación con las autoridades locales.